Los dos testigos del 'caso Marea' que hoy han comparecido ante el juez Ángel Sorando no prestarán declaración hasta el próximo 2 de mayo, cuando lo harán como imputados, según ha acordado hoy el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.
Sorando, que tramita las diligenciase del denominado "caso Marea", seguido por un supuesto caso de corrupción en adjudicaciones de contratos, había citado a Maximino Fernández y Roberto Calvo, administradores de tres compañías, Aicom, Asac Comunicaciones y Rolán Telecomunicaciones.
El abogado Fernando de Barutell ha subrayado que "ha tenido que haber algún cambio o modificación" que haya observado el juez para que ambos pasan de calidad de testigos a imputados, si bien ha precisado que desconoce cuál puede ser esa novedad.
"Se les ha informado y no han rehusado, podían haber llamado a un abogado en ese momento y haber declarado, o pedir un nuevo señalamiento, como así ha sido", ha dicho De Barutell, letrado del Partido Progresista de Belmonte, que actúa como acusación popular.
Según ha explicado, la modificación puede responder a que el juez "ha tenido a bien, una vez releídas las actuaciones, aportar más garantías a la declaración, sobre todo a efectos posteriores de posibles nulidades" o "simplemente ha querido cambiar para proteger, primero los derechos de los, en este caso, imputados y salvaguardar las garantías procesales".
Ha afirmado que ve "bien" cualquier "garantía que se da a un procesado y ha añadido: "El que a priori lo vea como imputado, es que el juez ya percibe algún indicio, algo más allá de lo que al principio veía, al pasar de la posición de testigo a imputado".
El letrado ha explicado que un testigo está "obligado a decir verdad y contestar todo aquello que se le pregunte" mientras que un imputado tiene "derecho a guardar silencio, contestar lo que estime más oportuno y no decir verdad de aquello que se le pregunte".
El abogado Antonio Pineda, que actúa en representación de los herederos de Severina Blanco, la anciana ya fallecida cuya identidad fue supuestamente utilizada por Marta Renedo para desviar fondos regionales, ha recordado que los ahora imputados recuperan esa figura, que inicialmente había pedido el Principado y que Sorando entendió que "no concurrían las pruebas suficientes contra ellos".
Actualmente, con la presentación de "pruebas nuevas" aportadas por la Administración regional, ha señalado, existiría la posibilidad de "delito", ya que se plantea por parte de empresas la facturación de trabajos, que no han sido realizados o corresponden a terceras compañías.
EFE
