Dudas, muchas dudas para los acreedores

Oviedo, J. A. A.

Más de medio centenar de acreedores de las administraciones públicas asturianas (Principado y ayuntamientos) se dieron cita ayer en una jornada informativa promovida por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para despejar las dudas que tienen sobre el mecanismo de financiación puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy para agilizar los pagos y, de paso, conocer «la deuda oculta» existente en la Administración pública.

El origen de las dudas sobre este nuevo sistema de cobro parte de la fórmula elegida por el Gobierno central para su «presentación en sociedad», un real decreto ley, que ha ido tomando cuerpo a través de posteriores notas informativas e interpretativas por parte del Gobierno. «Se ha recurrido a una deficiente técnica legislativa para la operación financiera más importante del país», comentó el abogado Martín Pastrana, de Garrigues, quien consideró «absolutamente criticable y escandaloso» el hecho de que «el acreedor que no se apunte no cobra. ¿Por qué el acreedor que está en el listado inicial tiene más derechos que uno que no haya sido incluido inicialmente por la Administración?», se preguntó el letrado de la citada firma. En su opinión, el derecho de los acreedores a figurar en la lista de deudas reconocida por la Administración «deber ser independiente de si una empresa se adhiere o no al mecanismo de financiación».

Una de las principales cuestiones a valorar por los acreedores, según Pastrana, a la hora de decidir su adhesión a esta forma de cobro es la condición de que deberán renunciar al cobro de los intereses, a las costas judiciales y a otros gastos accesorios derivados de la deuda principal. «Si la deuda es reciente y no ha acumulado muchos intereses, es conveniente solicitar el cobro mediante esa fórmula, pero en caso contrario, si los intereses acumulados ya suponen una cantidad importante, la adhesión dependerá de la situación económica del acreedor. Si puede aguantar por qué va a renunciar a, por ejemplo, 200.000 euros, una cantidad con la que quizá ya había contado al negociar con su entidad financiera», planteó el abogado de Garrigues. En definitiva, cada acreedor deberá «mirar sus propias circunstancias para o bien aceptar o aguantar e iniciar las acciones legales porque el marco ordinario para la gestión de pagos se mantiene».

Entre las novedades incorporadas por el Gobierno central a este mecanismo de cobro está la posibilidad de que también puedan concurrir los artistas y las orquestas que trabajaron para administraciones y aún no han recibido el pago por los servicios prestados. «Esa decisión se conoció el pasado viernes», dijo tras precisar que, «de momento, las expropiaciones no entran en esta nueva forma de pago», que se realizará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de las entidades de crédito. Los ayuntamientos y las autonomías deberán correr con los gastos financieros.