El Principado es la cuarta comunidad autónoma con menor volumen de deuda con los proveedores, según los datos divulgados ayer por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La Administración regional ha presentado ante el departamento de Cristóbal Montoro más de 85.000 facturas anteriores al 31 de diciembre de 2011 con una cuantía global de 259 millones de euros, de los que la mayor parte corresponde al ámbito sanitario. La cifra, confirmada ayer por el Ministerio de Hacienda, dista mucho de los 700 millones de euros que Montoro preveía inyectar al Principado para saldar la deuda con los proveedores, según anunció en un encuentro con empresarios en Oviedo durante la campaña de las elecciones autonómicas.

La deuda de las comunidades autónomas con los proveedores asciende a 17.255 millones de euros, que se abonarán por un mecanismo extraordinario en el que intervienen el Instituto de Crédito Oficial y las entidades financieras, una fórmula de pago a la que han rechazado adherirse Galicia, País Vasco y Navarra. El importe de los impagos del Principado supone el 1,5 por ciento del total nacional, un porcentaje por debajo del peso demográfico de Asturias y de su contribución al producto interior bruto nacional. La mayor parte de las facturas pendientes de pago, más de 85.000, por un importe de 230 millones de euros, corresponde al Servicio de Salud del Principado (Sespa). La Consejería de Hacienda asturiana precisó ayer que a finales del pasado año las facturas de la sanidad impagadas ascendían a 290 millones de euros, pero en el primer trimestre de este ejercicio se formalizó un pago de 58 millones de euros, por lo que ahora «los 230 millones restantes se incluyen en el mecanismo extraordinario de pago a proveedores». El Sespa recurría desde hace años a trasladar la contabilidad y el pago de facturas de la sanidad de un ejercicio a otro, una práctica que el Gobierno de Vicente Álvarez Areces justificó como «desplazamiento de gasto» y que el ahora presidente en funciones, Francisco Álvarez-Cascos, definió como «deuda oculta» apenas dos semanas después de tomar posesión al frente del Principado.

Los 29 millones restantes de los impagos a proveedores del Principado corresponden a deudas contraídas antes del 31 de diciembre pasado por sociedades públicas dependientes de la Administración regional. La mayor partida, 17,5 millones, corresponde a la Televisión del Principado (TPA) y a la Radio del Principado (RPA), sociedades a las que el Gobierno de Cascos decidió reducir las transferencias en la segunda mitad del año, en contra del criterio mayoritario en la Junta General del Principado. Esa medida supuso una serie de impagos a las productoras de radio y televisión contratadas por el ente público de comunicación, que ahora podrán cobrar esas cantidades a través del mecanismo extraordinario de pago a proveedores. Gispasa, con 9,9 millones, y Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado, con 1,5 millones, completan la relación de sociedades dependientes del Principado con deudas a los proveedores.

Los planes para dar «luz verde» a pagos a proveedores pueden abrir la primera brecha entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en materia económica. El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, reveló que el Gobierno central tiene «serias discrepancias» con los planes económico-financieros remitidos por algunas autonomías, aunque evitó confirmar cuáles eran, «porque no es el momento procesal». Los planes económico-financieros serán aprobados o rechazados en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, prevista para la primera quincena de mayo, fecha en la que el Ministerio de Hacienda ya conocerá también al detalle los planes de ajuste, que las autonomías deben remitirle antes del 30 de este mes. Beteta advirtió de que el Gobierno de Rajoy «no dudará» en intervenir las autonomías que no puedan «cumplir sus obligaciones financieras», tras comparecer ayer en la Comisión de Presupuestos del Congreso. Y garantizó que el Ejecutivo central «no va a mirar el color político» de quien gobierne ese comunidad, sino «la necesidad de que se cumpla la ley. La autonomía con mayor deuda por impagos es Valencia, seguida de Andalucía y Castilla-La Mancha.