20 de abril de 2012
20.04.2012

Rajoy impone la limitación de salarios a los altos cargos del sector público regional

Hacienda exige como condición a las autonomías que recurran al fondo de pago a proveedores la reducción de sus consejos de administración

20.04.2012 | 02:00

El Gobierno central estrecha el marcaje al sector público de las autonomías que, como el Principado, se han acogido al mecanismo extraordinario para agilizar los pagos a los proveedores. El Ministerio de la Presidencia ha impuesto varias condiciones a las comunidades, que, en conjunto, han reconocido una deuda con sus proveedores de 17.255 millones de euros, entre las que figura la imposición de límites a los salarios de los altos cargos del sector público regional.

El Ministerio de la Presidencia, que depende de Soraya Sáenz de Santamaría, ha publicado esta semana una serie de condiciones que los gobiernos autonómicos deberán cumplir para poder optar al mecanismo extraordinario de financiación de pagos a proveedores. El Principado ha presentado más de 85.000 facturas por un importe superior a los 259 millones de euros, cifras que sitúan a Asturias en el grupo de autonomías que menos deben a sus proveedores.

El Principado, como el resto de comunidades autónomas que se han adherido a este plan, tiene de plazo hasta el 30 de abril para presentar ante el Ministerio de Hacienda un plan de ajuste del que, con cuentagotas, empiezan a conocerse algunos detalles. Los planes de ajuste autonómicos deberán recoger «medidas relativas a la limitación de los salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección de las empresas de su sector público», según publicó el Ministerio de la Presidencia en el «Boletín Oficial del Estado» (BOE) del pasado martes. Otra de las condiciones impuestas por el Gobierno central a las autonomías que opten al mecanismo extraordinario de pago a proveedores será la reducción de consejeros en los consejos de administración de las empresas o entidades dependientes del sector público. El texto ministerial precisa que los despidos de estos altos cargos podrán regularse mediante las cláusulas indemnizatorias previstas en la reforma del mercado laboral, aprobadas mediante un decreto ley el pasado mes de febrero.

El Gobierno central también vigilará que las previsiones de ingresos incluidos en el plan de ajuste autonómico sean «consistentes con las estimaciones oficiales» sobre la evolución de la economía española. Pero, además, las estimaciones de ingresos deberán tener en cuenta la evolución de los obtenidos realmente en los ejercicios comprendidos entre 2009 y 2011, los años en los que se agudizó el descenso de recursos como consecuencia de la crisis económica. El Ministerio de Cristóbal Montoro acentúa con estas medidas su intervención sobre las cuentas regionales, una tendencia que ya puso en marcha con el primer proyecto de Presupuestos elaborado por el Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, que vetó por «expansivo» en un período marcado por la caída de ingresos. El Gobierno asturiano sólo contó con los votos de Foro en el debate de enmienda de totalidad, donde los escaños del PSOE y del PP tumbaron unas cuentas de 4.208 millones de euros. Montoro concretó sus críticas a los Presupuestos de Cascos durante un acto electoral en Oviedo, donde avanzó que si el Gobierno asturiano volvía a presentar unas cuentas similares la ley de Estabilidad «las hará inviables» y fue aun más preciso al manifestar que «sus ingresos no eran realistas y, por eso, no era posible». La citada ley de Estabilidad y el plan de ajuste exigido por el Gobierno central a las autonomías para entrar en el nuevo mecanismo de financiación de pago a proveedores refuerzan el control del Estado al atar en corto los presupuestos regionales y todos los del sector público autonómico.

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