Expertos y expropiados creen que Sogepsa debe desaparecer por vulnerar la normativa

La existencia de la Sociedad de Gestión del Suelo (Sogepsa) vulnera la directiva europea de contratación pública, no tiene encaje jurídico y debería de estar condenada a la desaparición. Éste es el diagnóstico de los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA, formado basándose en la directiva comunitaria 18/2004, según la cual las sociedades mixtas con mayoría de capital público están obligadas a adjudicar sus contratos a través de concursos abiertos a las empresas privadas, favoreciendo así la libre competencia. Y Sogepsa no lo cumple, según los especialistas en derecho público y en urbanismo consultados por este diario. Las plataformas de propietarios disconformes con las expropiaciones de la sociedad mixta comparten estas opiniones y también reclaman la disolución del organismo. A su juicio, Sogepsa se ha convertido en «un instrumento al servicio del Gobierno regional y de algunas constructoras, que expolia a los propietarios de suelo».

Sogepsa se constituyó el 11 de diciembre de 1984, con Pedro de Silva al frente del Gobierno del Principado, con el objetivo de facilitar la contratación de obras por parte de los concejos asturianos. Entonces, muchos consistorios no tenían capacidad para ello. Hoy, su objeto social es la gestión de terrenos de uso residencial y urbanístico. La sociedad mixta obtiene suelo y lo promociona, gestionando y ejecutando el planeamiento urbanístico. Está participada mayoritariamente por el Principado, que tiene el 45% del accionariado, mientras que treinta y dos ayuntamientos de la región cuentan con el 13%. El 42% restante es de varias constructoras asturianas.

Raúl Bocanegra, catedrático de Derecho Administrativo, fue uno de los expertos que diseñaron el modelo de Sogepsa cuando se puso en marcha, a comienzos de la década de los ochenta del pasado siglo. A su juicio, en la actualidad «no tiene encaje legal» y ha perdido su sentido original de sociedad urbanística encargada de suplir las carencias de los ayuntamientos. Bocanegra asegura que Sogepsa incumple la directiva europea y la ley española de contratos del sector público. «El Principado no puede otorgar a dedo contratos de obra pública a un órgano que, como esta sociedad mixta, pertenece a la propia Administración, sin concurso y sin permitir la libre concurrencia», subraya.

La opinión del abogado Gerardo de la Iglesia, con una amplia experiencia en materia urbanística, es muy similar. «Jurídicamente Sogepsa no se tiene pie, ya que vulnera claramente las directivas comunitarias de contratación con publicidad y libre competencia», afirma el letrado, que «tumbó» el convenio entre el Ayuntamiento de Oviedo y la empresa Comansa por «Villa Magdalena». A su juicio, la sociedad mixta «es un ente instrumental del Principado, beneficiaria a dedo de expropiaciones por las que paga lo mínimo a los propietarios y que, luego, adjudica las obras a los de siempre». Para De la Iglesia, «el modelo actual de Sogepsa es arecismo puro que no resiste el mínimo embate de los principios europeos».

Las asociaciones de propietarios disconformes con las expropiaciones de Sogepsa acusan a este organismo de «favorecer los intereses de las constructoras», a cambio de perjudicar a los dueños del suelo en el que se desarrollan sus actuaciones industriales o residenciales. Para ello, y según esta versión, la sociedad mixta aplica unas tasaciones del suelo para expropiación o para cerrar operaciones de mutuo acuerdo por debajo del valor real de las fincas. «El operativo va cambiando según los casos, pero el resultado siempre es el mismo: un expolio a los dueños de los solares en beneficio de los adjudicatarios o de los intermediarios», señalan Miguel García Rúa y Francisco José Sánchez, portavoces de los afectados por las expropiaciones de La Magdalena, en Avilés.

Tras haberse reunido en los últimos días con las plataformas de afectados por las expropiaciones de Bobes, La Corredoria y Prado de la Vega -la primera de Siero y las otras dos de Oviedo-, García Rúa y Sánchez aseguran que los miembros de estos colectivos están «sorprendidos» por el «absoluto silencio» que guardan el Principado y la dirección de Sogepsa sobre las tres operaciones de la sociedad mixta, desveladas por LA NUEVA ESPAÑA, en las que se pagaron parcelas en Oviedo, Gijón y Sariego a precios que incluso triplicaron al oficial de expropiación. A juicio de los portavoces de los afectados, Sogepsa tiene «la obligación moral y ética de dar explicaciones», y no sólo sobre estos tres casos, sino también sobre las críticas y denuncias que está recibiendo por otras actuaciones en el Principado, como la del área residencial del barrio avilesino de La Magdalena. «No estamos diciendo que se hayan cometido delitos, pero entendemos que se deben de aclarar muchas cosas», señalan.

Tal y como desveló este diario el pasado sábado, la sociedad mixta abonó a una inmobiliaria 9 millones por la denominada «parcela 51» del área residencial ovetense de Prado de la Vega. Sin embargo, el valor oficial de la finca no pasaba de 3,8 millones de euros según las tasaciones oficiales realizadas a partir del año siguiente para las expropiaciones forzosas. La sociedad mixta pagó a Essua, S. L. a razón de 120 euros por el metro, cuando la Comisión de Urbanismo (CUOTA) valoró los solares en la misma zona a 49,22 euros el metro y la propia entidad ofreció un máximo de 60 euros para cerrar compras de mutuo acuerdo.

En el área residencial de Roces, en Gijón, Sogepsa pagó a una empresa por tres parcelas entre 1,5 y 2,3 millones de euros por encima de la valoración oficial de los terrenos de la CUOTA y de la propia sociedad mixta. La transacción se cerró a un mes vista de la firma de las actas de ocupación. Ese trámite dejaba a la entidad con las manos libres legalmente para la expropiación forzosa de estos solares, que había sido fijada por la CUOTA en 43,32 euros el metro cuadrado. Sin embargo, las fincas de la empresa se abonaron a 87 euros el metro.

En Sariego, la sociedad mixta abonó en septiembre de 2008 a una empresa un total de 1.371.829,91 euros, incluyendo el IVA, por un terreno del polígono de Santianes de 78.195,05 metros cuadrados que, aplicando la tasación oficial para la expropiación forzosa, hubiera tenido un precio de 485.316,79 euros. Es decir, Sogepsa pagó por estas fincas el triple de lo marcado por la CUOTA dos años antes. Este caso tiene la singularidad de que, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la firma asturiana que vendió estas tierras a Sogepsa las adquirió a sus antiguos propietarios cuando ya estaba en marcha el proceso expropiatorio y sólo quedaban tres días para la ocupación de los terrenos. En concreto, la empresa suscribió las escrituras de las fincas el 15 de septiembre de 2006 y las actas de ocupación se firmaron los días 18 y 19 de ese mes.

Fuentes conocedoras de la operación aseguran que la firma adquirió las parcelas a sus propietarios originales a un precio medio que fue superior a los 12 euros por metro cuadrado que ofreció Sogepsa como máximo para cerrar operaciones de mutuo acuerdo y también a los 16,50 euros que pagó la sociedad mixta al empresario por los terrenos en cuestión en 2008. Su intención era desarrollar un proyecto industrial que no cuajó.