09 de mayo de 2012
09.05.2012

El Gobierno de Rajoy prepara un recorte de un 40% en la inversión pública para este año

El Ejecutivo presentará este mes un plan de «adelgazamiento» de la Administración para evitar duplicidades entre la general y la autonómica

08.03.2012 | 01:00

Oviedo / Madrid,


J. A. ORDÓÑEZ / Agencias


Más ajustes y más austeridad. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anunció ayer en el Congreso una caída de la inversión pública del 40% para 2012, que achacó a la herencia recibida del PSOE. Este recorte supondrá una reducción de unos 6.000 millones de euros. Por su lado, el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, avanzó su intención de acometer de inmediato una reforma de la Administración. Su objetivo es reducir el número de organismos autónomos, entes y empresas públicas que hay tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. «Existen excesivas duplicidades», reconoció el Presidente, en respuesta a Rosa Díez, de UPyD.


Según precisaron fuentes gubernamentales, el Ejecutivo llevará este mismo mes al Consejo de Ministros su plan de reforma de la Administración, que se está diseñando con la colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En España hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios, que, en conjunto, acumulan una deuda de 60.000 millones de euros, el triple que hace tres años. Sólo en el ámbito de la Administración General del Estado, el plan de Rajoy supondrá la reducción inicial del 20% de entidades.


El sector público del Principado está compuesto por sesenta y nueve entes, fundaciones, organismos autónomos y empresas, que cada año mueven unos 450 millones de euros. Con unos dos mil empleos, sin contar a los trabajadores del Sespa, la deuda global ronda los 275 millones de euros. El sector generará este año unas necesidades de financiación de 40,5 millones de euros.


La reforma de la Administración anunciada por Rajoy recibió el respaldo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien, en otra interpelación de Rosa Díez, aseguró que «España no saldrá de esta crisis sin una reforma del sector público». No obstante, precisó que la reforma debe ser afrontada «desde el pragmatismo y no desde la nostalgia del centralismo». Aunque se desconoce el contenido del plan, en el ámbito del Principado podrían verse afectados organismos como la Sindicatura de Cuentas, cuyas atribuciones recaerían en el Tribunal de Cuentas, la Procuraduría General del Principado, que equivale al Defensor del Pueblo, o el Consejo Consultivo, la versión asturiana del Consejo de Estado. La supresión de estos organismos, que precisaría de una reforma del Estatuto de Autonomía, podría suponer un ahorro de unos 7,5 millones de euros anuales para las arcas del Principado.


Además de las posibles duplicidades entre organismos de la Administración autonómica y de la central, dentro del sector público del Principado también hay casos de solapamientos internos. Así, por ejemplo, en materia de dinamización económica y empleo, el Principado cuenta con el IDEPA, la Sociedad Regional de Promoción, Sodeco y Fucomi. Además, trabajan en el sector numerosas oficinas municipales, la Consejería del ramo y varios ministerios. En materia urbanística operan Sogepsa, Sedes, Vipasa y la Dirección General de Vivienda. Destacados economistas y el CES han alertado de la necesidad de redimensionar el sector público.


Uno de los compromisos de Francisco Álvarez-Cascos en su toma de posesión como presidente del Principado fue una reforma del sector público, que, finalmente, no llevó a cabo. La región tiene hoy el mismo número de empresas dependientes de la Administración que con Areces. En línea con lo anunciado por Rajoy, el programa electoral del PP de Mercedes Fernández para el 25 de marzo incluye un plan de reducción de entidades y costes del sector público, fusión de los organismos de la misma naturaleza y privatización de aquellas empresas públicas que desarrollan labores propias del sector privado.


Por lo que se refiere a la caída en la inversión, la drástica reducción prevista en el gasto público obedece, según explicó De Guindos, a que la «herencia» recibida del Gobierno socialista obliga a acometer el «mayor esfuerzo de reforma y ajuste presupuestario que ha tenido que llevar a cabo un Gobierno desde el inicio de la Transición».

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