Las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo nacen con un origen y se desenvuelven de un modo que hacen muy incierto su resultado y muy bajo su perfil político. Son unas elecciones en las que hay mucho partido y poca política.

Hay un exceso de partidismo político en la causa que las origina. Los partidos con representación parlamentaria han sido incapaces de ofrecer una solución de gobierno tras las elecciones de mayo pasado. Los ciudadanos registran ese exceso y ese fracaso valorando muy negativamente tanto la acción del partido en el Gobierno como la de los partidos en la oposición.

Aunque las elecciones están ya muy cerca, hay mucho partido en otro sentido. La competición electoral está muy abierta. El reciente sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas lo confirma. Primero, porque se ha ampliado el número de los partidos que compiten. La tradicional competencia entre derecha e izquierda se ha hecho mucho más compleja. Ahora hay más competencia en cada uno de esos territorios: en la derecha, en el centro y en la izquierda. Esta vez hay cinco partidos (PSOE, FAC, PP, IU y UPyD) que pueden no sólo conseguir representación parlamentaria, sino que todos podrían entrar a formar parte de una opción de gobierno. Segundo, porque los indecisos abundan. Según ese sondeo, cerca de un 20 por ciento de los electores no estaban seguros de si irían a votar. Entre los que afirman que «seguro irán a votar», uno de cada tres expresaba dudas sobre a qué partido votar, dudas que apuntan a casi todas las alternativas: un 20,2 por ciento de estos electores duda entre PP/FAC, un 17,6 entre PSOE/IU y un 12,5 entre PP/PSOE. Esta situación explica la aparente paradoja de que un buen sondeo -y el del CIS es, sin duda, el mejor de los que podremos disponer- pueda errar mucho.

En estas condiciones es muy aventurado hacer pronósticos. Con la información disponible, cualquiera de los escenarios de gobierno es posible: un equilibrio de 22 escaños para la izquierda (PSOE+IU) y 22 para la derecha (PP+FAC) con un escaño de árbitro para UPyD; una mayoría que permitiera un Gobierno de PP y FAC, ahora con un más probable predominio del PP; o una mayoría que permitiera un Gobierno de PSOE e IU.

Pero esa mayor competencia en la arena electoral se desenvuelve en un tono político muy apagado. Y no sólo por la apatía -por usar un término suave- con que la siguen la mayoría de los ciudadanos. También porque hay una fuerte competencia entre políticos pero muy poca competencia entre propuestas políticas. La campaña se mueve en torno a tres tipos de mensajes: los que se dirigen a mostrar la menor capacidad de los adversarios; las referencias a episodios con los que se escenifica y dramatiza eficazmente la pugna entre partidos (Niemeyer, «Semana negra», episodios de corrupción probados o sospechados); y la evocación de códigos políticos o morales de los que se espera una alta adhesión de las gentes (solvencia, salida solidaria/insolidaria de la crisis, defensa de los servicios públicos, dignidad de los asturianos, rebeldía...).

Se puede discutir de la eficacia relativa de cada uno de esos mensajes en la atracción del voto. Menos discutible es que muy pocos de esos mensajes se dirigen a los problemas mayores de la sociedad asturiana y que, por tanto, los ciudadanos apenas ven aumentar su capacidad de distinguir y de apoyar las mejores respuestas a los mismos. Pero esos problemas son bien conocidos y de envergadura. Todos ellos giran alrededor del débil dinamismo económico de la región, al que se asocian claramente la bajísima tasa de empleo, el fuerte envejecimiento demográfico, la alta dependencia de nuestro bienestar de las transferencias públicas, y la escasa cultura de innovación y asunción de riesgos. La crisis ha añadido una cola de 90.000 personas sin empleo y una merma muy sustantiva de los recursos públicos de los que se puede echar mano, por la caída de los fondos europeos y por la dura consolidación de las cuentas de las tres administraciones. Si se habla algo de esto en la campaña, a los electores les llega más bien nada.

No es muy probable que esto mejore en la semana que queda de campaña. Lo mejor que se podría esperar es que los candidatos hicieran debates públicos. Pero la condición mínima para que los que debaten hablen de políticas y no sólo de políticos es que los participantes acepten una agenda y un método que aseguren que los participantes tienen que responder con propuestas concretas a problemas concretos.

La mejor expectativa para estas elecciones es que proporcionen rápidamente un Gobierno regional estable. Ese Gobierno, le guste o no, tendrá que tomar decisiones muy difíciles. Si además quiere enfrentar los principales problemas, tendrá que adoptar políticas sin demasiadas referencias en el pasado reciente. Con un año de tanto partidismo y una campaña tan poco útil para hablar de esos asuntos, es bastante probable que el primer reto que tenga que afrontar el nuevo Gobierno sea el de explicar a los ciudadanos que deben olvidarse de la campaña, si es que recuerdan algo de ella.