Hacienda tumba el plan de Cascos y da 15 días al Principado para recortar 616 millones

J. A. ORDÓÑEZ / M. Press

La seria advertencia lanzada por Cristóbal Montoro el pasado sábado se hizo realidad. Asturias es la única autonomía española en riesgo de intervención económica por parte del Gobierno central, después de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer por la tarde en Madrid, rechazara el plan de reequilibrio 2012-2014 presentado por el Gobierno en funciones de Francisco Álvarez-Cascos, debido a sus escasas garantías en materia de contención del gasto y de ingresos. El resto de comunidades, con más o menos dificultades, pasó el examen y no se verán obligadas a elaborar nuevas medidas de ajuste. Los planes aprobados ascienden a 18.349 millones de euros, de los que 13.071 millones corresponden a las reducciones de gastos y 5.278 al incremento de los ingresos.

Tras el revés de ayer, que el Gobierno regional achaca a su negativa a recortar en sanidad y educación, como le pide Montoro, al Principado se le abre ahora un plazo de quince días naturales para presentar otro plan que, según fuentes de Hacienda, deberá incluir un ajuste de 616 millones de euros. El de Cascos era de 551,5 millones. La nueva propuesta será debatida por el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes del 15 de junio y debe incluir medidas muy concretas de contención del gasto y una mayor concreción en los ingresos.

El suspenso de ayer pone de relieve que el recurso a las consecuencias de la prórroga presupuestaria y al rechazo parlamentario a la ley de endeudamiento, argumentos principales del planteamiento casquista, resulta «insuficiente», en palabras de Montoro. Es algo que, por otra parte, ya habían advertido expertos y políticos de la oposición. Fundamentalmente, Hacienda no ha dado de paso el plan del Principado porque está basado en una restricción temporal del crédito, no ofrece planes reales de contención del gasto y tampoco da garantías suficientes sobre los ingresos.

Hacienda iniciará el proceso de tutela de las cuentas regionales en el caso de que el nuevo plan del Principado tampoco pase el filtro del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes que viene. En último término, y además de una multa de 46 millones de euros, no cumplir con los objetivos de déficit conllevaría la intervención económica de la autonomía asturiana por una delegación de expertos enviados desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro. No obstante, y de acuerdo con los plazos que establece la flamante ley de Estabilidad Presupuestaria, llegado el caso, la intervención no podría hacerse efectiva hasta finales de este año o comienzos del que viene.

Tras el Consejo, Cristóbal Montoro explicó que el suspenso a Asturias es un «paso anticipado en función de la circunstancia política», dada la inestabilidad derivada de un Gobierno en funciones, pero también el resultado de las carencias del documento, subrayadas ayer por técnicos ligados a la FSA.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aseguró que el plan del Gobierno forista incorpora «medidas insuficientes en contención de gasto público y en la garantía de ingresos». Por tanto, confirmó que, en el plazo de quince días naturales, el equipo de Javier Fernández deberá presentar un nuevo programa económico-financiero «corregido» para su discusión antes del 15 de junio.

Los técnicos de Hacienda ya alertaron por escrito al Ejecutivo regional de que su plan se basaba, «de manera preponderante», en «una retención o inexistencia de crédito, que no son medidas en sí mismas, sino únicamente restricciones temporales que no están sustentadas en esfuerzos y planes de contención reales». Ademas, el Ministerio advirtió de que la retención de 27 millones en políticas finalistas ni se realizó ni estaba sustentada tan siquiera en un preacuerdo de Consejo de Gobierno o propuesta firme. En el mismo sentido, subraya que la retención de crédito de 487 millones, procedente del rechazo a la ley de endeudamiento, tiene «una vocación claramente temporal, sin suponer un compromiso del Gobierno de no ejecutar esos gastos en 2012». Y no sólo eso. Hacienda estima que «podría darse la paradoja» de que, si se aprobase el plan, se abriría la puerta a que la comunidad disponga de 450 millones más de gastos que, compensados con los 245 millones de ingresos que se podrían obtener por transferencias de capital, supondrían un déficit añadido de 205 millones. Ello equivale a un incremento del 0,89% en el PIB regional de déficit, que, sumado al escenario presentado por el Gobierno, supera el 1,50% de estabilidad presupuestaria. Por lo demás, el departamento de Montoro también cuestiona otros aspectos, entre ellos que se incluya en el plan la venta de las sedes del Principado en Madrid y Bruselas, que sigue pendiente, sin añadir información fundamental, por ejemplo, sobre la fecha de subastas o los posibles compradores.

En sede ministerial, Montoro evitó aclarar si el Principado va a ser intervenido por el Gobierno central y dejó claro que el Consejo celebrado ayer «no adopta decisiones políticas, sino cuantitativas». En todo caso, calificó de «excelente» la aprobación de la práctica totalidad de los planes de ajuste de las comunidades autónomas y aseguró que, con ello, «se da un paso fundamental para la credibilidad internacional de España». A su juicio, se ha constatado la «voluntad» de las regiones por cumplir con los objetivos de estabilidad, «a sabiendas de que es difícil».

El Ministro felicitó a las comunidades autónomas «en nombre del Gobierno» por unos programas de ajuste que, según dijo, «permiten que prácticamente todo el mapa autonómico esté comprometido en planes viables y creíbles». Montoro recordó que el de ayer fue el primer Consejo de Política Fiscal que se celebra al amparo de la ley de Estabilidad Presupuestaria, un «modelo coordinado» entre las autonomías que es similar al que existe en el seno de la Unión Europea (UE). «Que sea el primero y tener este excelente resultado nos hace valorar positivamente la reunión», subrayó el Ministro, que anunció un nuevo Consejo hacia la mitad del mes de junio. En esa sesión, además de plantear la recuperación de Asturias, se fijará el objetivo de déficit de 2013 a 2015 para las regiones.

Por su lado, Ramón del Riego, consejero de Hacienda del Principado, de Foro, no considera que el rechazo a su plan de reequilibrio pueda considerarse un fracaso. Tras la reunión del Consejo, aseguró que el asunto quedó «en tablas» y que deberá ser el próximo Gobierno el que lo saque adelante. Para ello, adelantó, el Principado deberá incluir recortes en sanidad y en educación. Del Riego añadió que el encuentro no había sido «en absoluto» tenso y reconoció que el Ejecutivo autonómico «esperaba» este desenlace, porque «en ningún momento» se planteó «recortar servicios sociales esenciales, y menos al estar en funciones».

Del Riego describió así lo sucedido: «Hemos explicado que en Asturias veníamos aplicando desde octubre una importantísima política de contención del gasto; hemos informado de nuestra posición de superávit y que, por tanto, entendemos que con los recortes realizados no es preciso acometer más recortes en el gasto público, especialmente, como viene exigiendo Madrid, en servicios públicos esenciales como educación y sanidad. Sin embargo, ellos consideran que las medidas que hemos tomado hasta la fecha no son las idóneas. Por tanto, el futuro Gobierno tendrá que convencer al Ministerio de Hacienda de la idoneidad de este plan o, en su caso, acometer nuevos ajustes en servicios públicos esenciales como educación y sanidad».

El Consejero insistió en que el plan no ha quedado tumbado, sino que requiere ajustes adicionales. Además, frente a algunos rumores que circularon durante la tarde, el Consejero aseguró que «en la Administración autonómica no hay ningún agujero más allá de los 843 millones de euros que dejó el Gobierno anterior como ya conoce el Ministerio». Además, reseñó que la intervención económica con la que amenazó Montoro el sábado se ha quedado en una nota de prensa.

Los responsables de Economía y Hacienda de todas las comunidades autónomas mostraron satisfacción después de que el Gobierno haya dado el visto bueno a sus planes de reequilibrio. Dejando a un lado a Asturias, la región que más problemas tuvo fue Andalucía, aunque, finalmente, su plan salió adelante con 2.500 millones de recorte.

Por otro lado, la agencia Moody's degradó ayer la calificación de cuatro comunidades. Son Cataluña y Murcia, a las que ha colocado al nivel de «bono basura», y Extremadura y Andalucía, que pierden su notable bajo.