La legislatura sanitaria fue inaugurada con la destitución -por orden directa, fulminante y mañanera del presidente, Francisco Álvarez-Cascos- del gerente del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y de buena parte de su equipo. La medida ha sido justificada de varias maneras -contradictorias entre sí- por el consejero de Sanidad y el gerente del Servicio de Salud (Sespa). En el imaginario colectivo de los profesionales del sector han quedado causas estrictamente personales y familiares, entremezcladas con reyertas políticas, supuestos déficits de gestión y razones de confianza inherentes a la responsabilidad de gestionar la cuarta parte del presupuesto sanitario regional.
Puñetazo y miedo. Fuera cual fuese la razón última, la decisión consiguió lo que sus autores se proponían: dar un puñetazo en la mesa que dejara claro quién mandaba aquí. Desde entonces, son muy coincidentes, casi unánimes, los testimonios que hablan de un clima de amedrentamiento en el HUCA, de la creación de un hondo foso que separa a «los nuestros» de «los otros»; una sensación intangible que termina teniendo un cierto reflejo en el conjunto de la sanidad asturiana.
Gente valiosa, gente autoritaria. Sería injusto responsabilizar de esta situación a la totalidad de los mandos intermedios que con la llegada de Foro han asumido tareas de gestión en los servicios centrales o en los diversos centros sanitarios. En esos equipos no faltan hombres y mujeres que, en plena madurez profesional, se han aplicado a la tarea de mejorar sus respectivas parcelas. Lo malo es que este buen hacer ha quedado a menudo oscurecido por la acción de aquéllos que -en ocasiones recorriendo todo el espectro ideológico, de un extremo a otro- no buscan otra cosa que mantenerse en el poder y ejercerlo de forma autoritaria. No obstante, quizá el mayor gesto de autoritarismo lo protagonizó el propio presidente del Principado cuando cortó de raíz el proyecto del Sespa de modificar la ley para que los médicos de la sanidad pública pudieran ejercer también en la privada, compatibilidad vigente en todo el territorio español.
La lentitud del nuevo HUCA. La decisión de prescindir en bloque de todos los conocedores del complejísimo proyecto constructivo y organizativo de la nueva sede del HUCA ha supuesto un severo retraso en las tareas de equipamiento del recinto. Ocho meses estuvo paralizado el proceso de licitación y adjudicación de tecnología y mobiliario, que sólo pudo ser reactivado el pasado mes de febrero. Oficialmente, el Gobierno de Foro mantiene el otoño de 2013 como horizonte para la entrada en servicio del nuevo HUCA.
Déficit de rigor. Un segundo hito relevante de esta microlegislatura tuvo como escenario la Junta General del Principado. El pasado 14 de septiembre compareció el consejero de Sanidad, José María Navia-Osorio, y allí soltó la gran bomba: el nuevo HUCA costaría a los asturianos 1.588 millones de euros, «cinco veces más de lo que se dice». Tampoco esta vez hubo suerte con el rigor: horas después, la Consejería admitió que esta cuantía total incluía -tal como aseguraba el anterior Gobierno- conceptos que nada tenían que ver con la construcción del edificio. Y dos meses más tarde, de nuevo en la Junta, el Consejero complicó aún más las cosas al afirmar que la cifra real superaba los 1.700 millones, pero que él y su equipo, gracias a una maniobra de refinanciación, habían conseguido reducir esa cuantía en 400 millones.
El alcohol y las prioridades. También en aquella primera comparecencia parlamentaria, Navia-Osorio había aseverado que entre sus prioridades no figuraba prohibir la venta de alcohol a menores de 18 años, de modo que Asturias seguiría siendo la única autonomía del país en la que los menores tienen acceso legal a bebidas. Un mes más tarde, el PP presentó en la Junta una proposición no de ley en la que instaba a impulsar el cambio de la ley. La apoyó el PSOE, pero Foro votó en contra bajo el argumento de que el Gobierno regional iba a ir «más allá» elaborando una ley de prevención del consumo de alcohol que, entre otros contenidos, elevaría de 16 a 18 años la edad mínima para adquirirlo. No se volvió a saber del asunto hasta que, hace dos semanas escasas, el Gobierno de Rajoy anunció una norma para prohibir la venta de alcohol a menores. Contrariado, Navia-Osorio acusó al Ejecutivo central de invadir competencias autonómicas.
El sueldo de los médicos de la Lila. En diciembre se produjo la trifulca sanitaria más sonora de estos ocho meses. La oposición acusó al Consejero de tratar de favorecer a su esposa con la anulación de una reforma organizativa del Gobierno anterior que afectaba a 40 médicos «de cupo» del ambulatorio ovetense de la Lila, cuyo salario se había visto reducido en una media de 600 euros mensuales. El titular de Sanidad y el diputado del PP Carlos Galcerán llegaron a reprocharse mutuamente por «traspasar los límites de la decencia política». La Consejería ha echado abajo los cambios con los que el Ejecutivo anterior pretendía ahorrar unos 300.000 euros mensuales. No han trascendido los términos del nuevo sistema organizativo.
Gestión clínica y presuntos amiguismos. La implantación del modelo de gestión clínica, que otorga mayor autonomía a los profesionales sanitarios, es una de las pocas cosas en las que están de acuerdo el anterior equipo de la Consejería y el actual. Se oponen al cambio organizativo tanto el Colegio de Médicos como el Sindicato Médico (SIMPA), organizaciones muy rebeldes frente a los anteriores ejecutivos socialistas y tremendamente apaciguadas en estos meses. En este asunto ambas han levantado la voz. Desde diversos ámbitos se ha acusado a las autoridades sanitarias de abusar del sistema de libre designación -y de acelerarlo en las últimas semanas- para colocar en los mandos intermedios a profesionales personal o políticamente afines.
Oposiciones y listas de espera, principales luces. Naturalmente, la legislatura que termina también ha tenido luces. Tal vez la más destacada sea la aceleración de los procesos selectivos en las ofertas de empleo que ya estaban en marcha. De otro lado, el Sespa logró cerrar el año 2011 sin esperas quirúrgicas superiores a seis meses, un objetivo que ya había logrado el equipo anterior en los dos años precedentes.
La deuda y la espada. Los problemas de la sanidad pública asturiana -severos, acuciantes- no va a resolverlos el Gobierno regional por muchos turnos que acumule en su jornada laboral. La sostenibilidad del sistema sanitario no es que esté en entredicho, sino que es una perfecta quimera si no se le aplican reformas que sólo pueden surgir de un gran acuerdo de ámbito nacional liderado por el Ejecutivo central. Reformas reales, profundas, no retoques cosméticos. La Consejería de Sanidad cerró 2011 con una deuda reconocida de 303 millones de euros. La espada de Damocles sigue ahí, más dispuesta que nunca a asestar un golpe devastador al pilar más apreciado del Estado del Bienestar.
