Oviedo, Eloy MÉNDEZ

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas desveló ayer que el Gobierno central sufragará en mayo y junio la deuda acumulada del Principado con sus acreedores, que cifró en 700 millones de euros. Cristóbal Montoro aseguró durante un acto en Oviedo que esta partida, perteneciente al fondo de 35.000 millones aprobado el pasado viernes para todo el Estado, supondrá «una inyección económica sobre el tejido productivo» de la región y anunció también que los ayuntamientos asturianos recibirán otros 84 millones para hacer frente a sus deudas con empresas. Además, advirtió de que la inminente ley de Estabilidad «hará inviable» otro proyecto presupuestario como el presentado este año por el Ejecutivo autonómico de Foro y que rechazó la Junta General. «Sus ingresos no eran realistas y, por eso, no es posible algo igual», dijo, horas después de que Francisco Álvarez-Cascos anunciase que presentará las mismas cuentas si gana los comicios del domingo.

Montoro indicó que el plan de proveedores aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy hace unos días para hacer frente al pago de las facturas pendientes por parte de autonomías y corporaciones locales se engloba dentro de «un paquete de medidas para que España recupere la credibilidad» ante los mercados. El Ministro, que participó en un hotel de la capital en un coloquio con empresarios y cargos del PP junto al presidente de la patronal FADE, Severino García Vigón, y la candidata de su partido a la Presidencia del Principado, Mercedes Fernández, también destacó que las cantidades que recibirá la Administración autonómica «están en conocimiento de Eurostat», la oficina encargada de estadísticas oficiales de la Unión Europea. «Ahí pueden preguntar todos los que tengan dudas sobre el plan», comentó.

También hizo una encendida defensa de las reformas emprendidas en el sector público, «todas ellas comprometidas con la estabilidad». Por eso, apostó por que la próxima ley de Estabilidad Presupuestaria, que desarrollará la reforma constitucional aprobada la pasada legislatura, hará de España «un país más fiable». En este sentido, adelantó que esta norma impedirá la aprobación de unas cuentas como las presentadas por el Gobierno de Foro hace unos meses. «Si se vuelven a presentar unos Presupuestos de esta naturaleza tras las elecciones del domingo, serán las leyes las que impidan que avancen», advirtió. «Asturias necesita unos Presupuestos realistas y equilibrados», añadió. «La España de las autonomías es compatible con la España del rigor», remató el Ministro.

Por otra parte, el principal gestor de las arcas nacionales defendió las reestructuraciones emprendidas por el PP desde que llegó al Gobierno y pidió que «no se simplifique el contenido de la reforma laboral a un simple abaratamiento del despido». «Es mucho más que eso. Es una norma que cambiará el actual sistema de convenios colectivos, temas relacionados con la movilidad y pondrá en marcha un nuevo modelo de contratos, entre otros asuntos», afirmó. También apostó por redefinir la política energética y garantizó que se mantendrán las partidas de los fondos mineros para el pago de pensiones y para infraestructuras en desarrollo, tras destacar que «muchos proyectos vinculados a estas ayudas están inejecutados». «Van a seguir el PER en Andalucía y los fondos mineros en Asturias», aseguró, en alusión a las críticas lanzadas por el Gobierno regional, que ayer acusó de nuevo al Ministro, por boca del consejero Ramón del Riego, de «engañar a los asturianos» en esta materia.

Por su parte, Severino García Vigón defendió algunas de las iniciativas puestas en marcha por el PP, entre las que citó la reforma laboral, «que si bien no creará empleo de manera inmediata, sí puede mitigar los efectos de la recesión». Por eso, criticó la convocatoria de una huelga general para el próximo 29 de marzo a cuenta de los sindicatos, «que no es lo que ahora necesita el país». Además, el presidente de FADE pidió plazos para las grandes obras civiles en marcha, alertó de las consecuencias que un elevado coste de la energía eléctrica puede tener para las grandes empresas y exigió un apoyo decidido para el sector naval y las zonas mineras.

Por su parte, Mercedes Fernández, que estuvo acompañada por varios miembros de su lista electoral, el delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo, y el alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, alabó los cambios introducidos en relación a la firma de convenios colectivos. «El Gobierno del PP ha hecho tanto en tan poco tiempo que parece que lleva gobernando dos años y no tres meses», concluyó.