24 de junio de 2012
24.06.2012

El CO2 es un negocio privado

Las principales industrias de la región se embolsan cifras millonarias por la venta de emisiones mientras que el Estado ya lleva pagados 770 millones por contaminar

24.04.2012 | 02:00
Instalaciones de Arcelor en Gijón.

Oviedo, P. GALLEGO


Lo que empezó como una forma de regular las emisiones de dióxido de carbono, CO2, con perspectiva de mercado ha terminado siendo, gracias a la crisis, un gran negocio para la industria pesada internacional. Cementeras, acerías o eléctricas -por citar los sectores empresariales más vinculados al Principado- han logrado, desde 2008, importantes beneficios por vender los derechos de emisiones que les sobran al caer su producción. Una ganancia que, en España y durante los últimos tres años, desde la aplicación de esta fórmula en 2008, se estima en más de 1.200 millones de euros. Al otro lado, mientras las empresas hacen negocio con las emisiones sobrantes, el Estado lleva ya invertidos 770 millones de euros para, comprando derechos de emisión en países extranjeros, compensar el exceso de emisiones de CO2 de los ciudadanos.


En España el sistema europeo de comercio de emisiones afecta a unas 1.130 empresas, y todas recibieron, para el período 2008-2012, una asignación gratuita para emitir CO2. Un ejemplo: en su reunión del 2 de noviembre de 2007, el Consejo de Ministros concedió a Arcelor, para cada año entre 2008 y 2012, unos derechos de emisión de 9,3 millones de toneladas para sus factorías en Avilés y Gijón. Las centrales de HC en Aboño (Gijón) recibieron, en la misma fecha, 3,1 millones de toneladas para 2008, con una reducción progresiva hasta los 2,7 millones de toneladas para 2012. Y las de Ribera de Arriba, también de HC, pasaron de los 2 millones de toneladas de 2008 a los 1,4 millones concedidos para este año. A las cementeras de la corporación Masaveu el Consejo les concedió un millón de toneladas anuales en sus factorías de Carreño, y más de 100.000 en las de Tudela Veguín.


Pero el efecto buscado -que las empresas tuviesen que comprar derechos de emisión si superaban las cifras permitidas, para premiar así a las industrias más eficientes- acabó siendo el contrario. En el campo de las cementeras, por ejemplo, el consumo de cemento acumula una caída del 64 por ciento en los últimos cuatro años, volviendo a niveles de los años 60 del siglo pasado, una caída que afecta, en general, a las industrias vinculadas con la construcción.


Ya en 2008, salvo las eléctricas, la industria española emitió 12,1 millones de toneladas menos de las asignadas. Teniendo en cuenta el precio medio de la tonelada de CO2 ese año, la ganancia llegó a los 266 millones de euros. En 2009 el beneficio fue de 306 millones, 337,74 en 2010 y 371,6 en 2011. Volviendo al cemento, el bajón en la demanda causa un incremento en las ganancias por la venta de los derechos de emisión de CO2 , que el año pasado fueron de 14,48 millones de euros.


En el caso de Asturias es difícil cuantificar las ganancias por separado. Principalmente, porque las grandes industrias suman las cifras de todas sus plantas, lo que hace que, por ejemplo, Arcelor-Mittal ganase, en 2011, 839 millones. La venta de estos derechos no es el negocio de estas empresas, pero anima la cuenta final de resultados del ejercicio. Y lo que las empresas perciben acaba en diferentes casillas de sus balances anuales. Cementos Portland -del grupo FCC, por citar a una de ellas-, contabilizó como subvención el beneficio de 27,5 millones de euros registrado, al haber emitido sólo 2,2 millones de toneladas de los 4,3 permitidos. En el caso de las eléctricas, la quema de carbón para producir electricidad no ha disminuido tanto como la demanda de cemento, y la ganancia de todo el sistema nacional equivale a unos 609 millones de euros.


Con los derechos de emisión convertidos, por la crisis, en un gran negocio, en una forma más de obtener beneficios que compensen la caída en las ventas, las industrias se preparan para el último año del actual sistema. A partir de 2013 los sectores tendrán que comprar sus derechos de emisión en una subasta. Y mientras tanto, el Estado deberá seguir pagando, ya que de aquí a 2014 tendrá que adquirir más de 105 millones de toneladas, que pueden costar entre 450 y 850 millones.

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