Funcionarios hartos de «tijera»

Los funcionarios de las administraciones estatal, autonómica y municipal, pertenecientes a campos de actividad como la Agencia Tributaria, establecimientos residenciales, centros de salud y ayuntamientos, rechazan los nuevos tijeretazos anunciados por el Gobierno para ahorrar 65.000 millones de euros, entre los que destaca la supresión de la paga de Navidad -que solamente percibirán los que ganen menos de 1.000 euros- y la reducción de días libres. Además, arremeten contra la «demonización» a la que, según dicen, está sometido el colectivo, que reúne en Asturias a más de 60.000 trabajadores.

María Jesús Jambrina, funcionaria en el Ayuntamiento de Mieres, donde en mayo ya saltaron chispas por los recortes de personal y la eliminación de los complementos salariales aprobados en el plan de ajuste, indica que «somos un colectivo que no tiene ningún tipo de ventaja económica, porque nuestros salarios siempre están ajustados por los presupuestos y siempre se recurre a nosotros primero cuando hay dificultades económicas». Y añade que los últimos recortes son la gota que colma el vaso, «porque ya hemos tenido los sueldos congelados cuando no había causa justificada, y ahora somos los trabajadores más fáciles de agarrar».

Zoilo Serrano, conserje de segunda actividad en el Ayuntamiento de Avilés desde hace 30 años, siente que los logros laborales de las últimas décadas se van al traste con las medidas impuestas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Le duele especialmente perder la paga extra de Navidad y la reducción de los moscosos. «La gente cree que somos unos privilegiados porque tenemos trabajo y sueldo fijos, pero si hemos llegado hasta aquí ha sido porque hemos aprobado unas oposiciones», defiende. Además, estima que la eliminación de la extra navideña hará caer las ventas. «Ya lo tengo claro: ni habrá regalos ni comidas o cenas con amigos o compañeros de trabajo», dice. «Los empleados públicos llevamos años sufriendo congelaciones y recortes, y nuestro temor ahora es que esto no quede aquí y que las cosas empeoren aún más», sentencia.

En Oviedo, María José Álvarez, funcionaria del grupo A2 de la Administración General del Estado en la Agencia Tributaria, no pasa por alto que hace cuatro años pasó una oposición muy dura para sacar su plaza. «No estoy contenta con la nueva bajada del sueldo, además, la subida del IVA hará bajar el consumo y la amnistía fiscal lo único que hace es que los defraudadores defrauden más», señala. A su modo de ver, el enfado es generalizado. «Hoy volvemos a salir a la calle a protestar porque ahora nuestro miedo es cuál será el próximo recorte», sostiene. Y considera «vergonzoso» que se rebaje el sueldo a quien gana 1.000 euros. En el caso de los empleados de Hacienda, reivindica que el Gobierno les permita luchar contra el fraude. «Sobre todo en asuntos como el IVA de los empresarios, los únicos que están fiscalizados son los trabajadores. La mayor parte de funcionarios son de gestión y no de inspección», comenta.

María Serafina Muñiz, funcionaria desde 1978, adscrita a Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA), se quedó hace unos años sin carrera administrativa al ser abolido el sector de bienestar social, en el que trabajaba, en la residencia de ancianos del Cristo. No duda que las nuevas medidas son «la puntilla» y sospecha que puedan ir a más, «aunque me cuesta pensar cómo». «Lo que más me molesta es esta demonización del funcionario, el acoso y derribo que sufrimos», dice.

Para Celso Acebal, auxiliar de psiquiatría en el Centro de Salud de La Corredoria (Oviedo), el malestar de los funcionarios va en aumento, y no es algo nuevo. «Ya sufrimos una bajada del 5 por ciento en 2010, y ahora esto nos parece que ya es demasiado, todo va en nuestra contra». Además, Acebal opina que en último término lo que se persigue es una privatización encubierta de los servicios.

A Liliana Fernández-Peña, trabajadora de la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón, no le queda duda de que los funcionarios son víctimas a las que se quiere convertir en culpables. «Lo peor es que empiezan por nosotros y acabarán haciendo recortes de días de asuntos propios y otras cuestiones en la empresa privada, que irá detrás», apunta. A su modo de ver, el Gobierno nacional está poniendo a muchos «en situaciones dramáticas».

Pablo Álvarez, que también desempeña tareas en el Consistorio gijonés, aclara que los funcionarios y laborales son conscientes de la difícil situación de España. «Por eso, lo que tenían que hacer es una reforma fiscal para que todos contribuyan con un esfuerzo proporcional a combatir el fraude fiscal en lugar de incentivarlo», dice, en referencia a las recientes medidas. Y agrega que la paga de Navidad supone el 7 por ciento del sueldo anual. «Pero desde que empezaron los recortes ya llega al 25%», concluye.

«Ya nos congelaron el sueldo sin motivos; esto es la gota que colma el vaso»

<María Jesús Jambrina >

Ayuntamiento de Mieres

«Desde que empezaron los ajustes, hemos perdido el 25 por ciento del sueldo»

<Pablo Álvarez Estévez >

Inspector de Urbanismo