Thomas Jefferson decía que cada cierto tiempo, que él situaba en torno a los 20 años, habría que replantearse el pacto constitucional para que las leyes de los muertos no gobernaran a los vivos. Pues, bien, desde que existe autonomía política en Asturias ha pasado el número suficiente de años como para que se pueda debatir de nuevo qué queremos ser, adónde pretendemos llegar y cómo podemos conseguirlo

En mi opinión, en Asturias está más que consolidada la idea de «autonomía», no solo en el ámbito político e institucional general, sino, por citar dos ejemplos, en ámbitos administrativos locales (municipal) o especializados (Universidad). Incluso diría que, por la propia estructura orográfica de la comunidad y las peculiaridades que todos conocemos, los asturianos llevamos la autonomía en los genes, hasta el punto de que en no pocas ocasiones eso ha devenido en individualismo y aislamiento: respecto del exterior (otras comunidades), pero también en el interior, y eso explica que a pesar de tener condiciones adecuadas de tamaño geográfico y demográfico no exista una fuerte idea de comunidad, entendida como el sentimiento y la voluntad de compartir unos objetivos comunes: políticos, administrativos, económicos, sociales, culturales?

Por eso creo que una de las claves para salir del ensimismamiento en el que estamos es, sin abandonar la idea de autonomía, promover la de comunidad. ¿Dónde y cómo?

En el ámbito político: en trance de superar los problemas de comunicación entre las diversas zonas de Asturias hay que potenciar su unidad política. Eso implica, en primer lugar, eliminar la distribución electoral en tres circunscripciones, que además tiene poco de «natural» -¿por qué Grado pertenece a la occidental si está casi al lado de Oviedo o por qué de esa misma circunscripción forman parte concejos tan lejanos entre sí como Degaña o Vegadeo?-. Todos los asturianos debemos elegir de manera conjunta a las personas que nos representan a todos.

En segundo lugar, la idea de comunidad exige que los ciudadanos sean sujetos activos de las decisiones políticas y no meros destinatarios de las mismas. Eso requiere, por una parte, una mayor implicación ciudadana en la vida política, para lo que las propias instituciones deben potenciar las iniciativas populares, la presencia e intervención directa de ciudadanos y entidades sociales en los debates políticos de la Junta General y de las administraciones locales, y las consultas periódicas sobre asuntos de interés general; por otra parte, requiere que los representantes y gobernantes se acerquen más a los ciudadanos, los escuchen y les expliquen sus decisiones. Uno de los sentidos que debe tener la RTPA es servir de lugar de encuentro físico y político entre ciudadanía y representantes.

En tercer lugar, los partidos políticos deben esforzarse en construir proyectos que transciendan intereses particulares, personales incluso, y se orienten a los generales de la comunidad, sin olvidar el contexto español y europeo.

Finalmente, además de la democracia institucional de legitimidad electoral que ya tenemos, es necesaria en Asturias una democracia de contrapeso, un contrapoder articulado a partir de los movimientos sociales, que sirva para mantener la lealtad al interés general por parte de las instituciones y los partidos.

En el espacio administrativo, y especialmente en una situación de crisis económica y financiera, es necesaria una mayor colaboración entre entidades del mismo nivel (concejos), y de éstas con el Principado. Los servicios esenciales de la comunidad (transportes, sanidad, educación?) tienen que ser diseñados y gestionados con criterios de interés general, lo que, como es obvio, implica compartir y no abandonar o marginar a nadie. Es en este contexto en el que, en su caso, debe decidirse una eventual fusión de municipios o la apuesta por otras fórmulas de organización y gestión supramunicipal. Como aportaciones relevantes a ese debate, muy relacionado con el económico y financiero, el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la Universidad de Oviedo (Regiolab), que coordina Fernando Rubiera, ha venido estudiando y haciendo diversas propuestas; sobre la reforma del régimen local en Asturias, el RIDEA está haciendo, a lo largo de todo este año, un ciclo de conferencias y debates dirigido por Juan Luis Rodríguez Vigil y Roberto Fernández Llera. Son ejemplos de cómo dos instituciones diferentes pueden contribuir a la consolidación de esa idea de comunidad, no limitándose al estudio de lo asturiano, sino teniéndolo presente.

En la esfera económica es obvio que los problemas son muy complejos y las necesidades abultadas. Aquí, y ciñéndonos nada más al fomento del aspecto cooperativo, parece necesario superar la fragmentación empresarial asturiana (de las 69.877 empresas que había en 2010, el 53,55% eran unidades sin asalariados, y el 28,16% ocupaba a entre 1 y 2 trabajadores; apenas el 0,59%, 417 empresas, tenía una plantilla superior a los 50 trabajadores) y potenciar el cooperativismo, sobre cuyas virtudes en el ámbito agroganadero hay en Asturias buenos ejemplos, que podrían trasladarse, por citar otro sector, a los servicios. También, con ser de momento escasa, es interesante, en especial en sectores como el audiovisual o el cultural, la financiación en masa o micromecenazgo, que sirve para que la persona que aspira a crear algo divulgue su proyecto y pueda recibir aportaciones económicas de los ciudadanos interesados en su desarrollo.

Finalmente, en el ámbito sociocultural la implicación ciudadana y la cooperación institucional deberían ser siempre una constante, pero son todavía más necesarias con la práctica desaparición de las actividades culturales de la Obra Social de Cajastur. Las carencias, presentes y futuras, de financiación y de subvenciones no deben originar nuestra muerte cultural si se opta por formas de programación y organización menos competitivas y más horizontales y cooperativas. No parece casual que un teórico de la libertad como John Stuart Mill dijera que no existe mejor prueba del progreso de una civilización que la del progreso de la cooperación.