Oviedo, Álvaro FAES

Izquierda Unida pisa el acelerador en la negociación de las cuentas del Principado para el año que viene en busca de un aumento en la partida de ingresos y, al calor del éxito de la medida en Extremadura -encallada durante años en el Tribunal Constitucional-, ve cada vez con mejores ojos la posibilidad de incluir en Asturias un impuesto sobre los beneficios de las entidades bancarias. «Si allí recaudarán 30 millones, en Asturias, donde hay más depósitos, podríamos llegar hasta los 40. Vamos a ver qué nivel de consenso se alcanza porque serán necesarios 23 votos para implantarlo». Habla Ángel González, portavoz de Izquierda Unida en el Parlamento regional y uno de los interlocutores de la coalición en la comisión negociadora de los Presupuestos regionales, cuyos votos, además del que tiene UPyD, son fundamentales para la aprobación de las cuentas.

Es ahí donde les fallan las cuentas a los socialistas pues, frente al espíritu recaudador de IU, «siempre sobre las rentas más altas», enfatiza Ángel González, aparece la negativa del partido magenta a «seguir ampliando la presión fiscal si queremos ser competitivos», según su único diputado, Ignacio Prendes.

La tramitación de la ley para el nuevo impuesto sobre los beneficios bancarios, junto a lo apretado que va el calendario en relación con el Presupuesto, que ya debería haber llegado a la Junta General y tendrá que aprobarse antes de final de año, hace que los planes de cargar la mano sobre los bancos pueda quedar postergada. No parece en un primer momento ésta la intención de Izquierda Unida, que con la medida, que también se aplicará en Andalucía, pretende probar, como explicó ayer Ángel González, «si los grupos políticos prefieren defender a los bancos o atender a la gente que lo está pasando mal».

En el escenario inicial, los promotores del impuesto hablan de dedicar la recaudación a medidas de fomento del empleo para paliar la reacción negativa que la medida pueda encontrar entre la patronal. Ésta es una de las preocupaciones del Gobierno, que teme encontrar la oposición de uno de los agentes sociales con los que negocia la concertación social, «una de las palancas económicas de la comunidad, junto al Presupuesto», como manifestó en la Junta el presidente del Principado, el socialista Javier Fernández.

Además, analistas cercanos a la Administración señalan la delicada situación de las entidades financieras asturianas -el sindicato CSICA pidió ayer «la intervención de las autoridades monetarias en Liberbank»- como otro freno para poner en marcha el impuesto a la banca. «Se quejan de que desciende el porcentaje de beneficios, pero nunca presentan pérdidas», asegura Ángel González.

A pesar de las posiciones encontradas entre sus socios prioritarios, desde la parte socialista que trabaja en la elaboración del Presupuesto creen que no habrá grandes dificultades a la hora de afrontar la orientación del Presupuesto, asumido que todas las partes ponen en primer lugar salvaguardar los servicios sociales básicos. El problema será conocer hasta dónde pretende llegar IU con un impuesto que rechaza el tercero en discordia. Fuentes de UPyD aseguran que no apoyarán «más subidas de impuestos y en ningún caso un impuesto a la banca», mientras que desde cerca del Gobierno deslizan que el Ejecutivo «se dejará la piel en la negociación para que Asturias tenga Presupuesto».