08 de enero de 2013
08.01.2013

Cada diputado regional cobra 933 euros para «comer y dormir», denuncian los funcionarios

Los parlamentarios se otorgan un «sobresueldo libre de impuestos que no tienen que justificar», afirma la asociación Conceyu por Otra Función Pública

08.01.2013 | 01:00

Oviedo, P. GALLEGO


«Cada uno de los 45 diputados de la Junta General cobra 933,74 euros mensuales para gastos de manutención y estancia, es decir, para comer y dormir», denuncia la asociación Conceyu por Otra Función Pública. Esta agrupación de funcionarios es muy crítica con el sistema retributivo de los parlamentarios asturianos, sobre todo en lo que se refiere a estos gastos de «manutención y estancia», junto con la cuantía mensual que los diputados perciben para gastos de locomoción. Los propios parlamentarios acordaron ambos gastos el pasado 7 de mayo, en las reuniones de la Mesa de la Cámara y de la Junta de Portavoces.


A juicio de Conceyu, el sistema retributivo aprobado «supone un privilegio fiscal que los diputados se otorgan a sí mismos, mediante un sobresueldo mensual libre de impuestos para gastos que no tienen que justificar». Ambas cantidades -los gastos de desplazamiento y los de manutención y estancia- están exentas de pagar el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF), según el beneficio fiscal establecido en el artículo 17.2 de este gravamen, aprobado en 2006.


No ocurre lo mismo, resaltan, «con el régimen general aplicable a las dietas que perciben los trabajadores para gastos de desplazamiento y viajes». De nuevo el agravio comparativo que los funcionarios denuncian desde hace meses, al considerar que los políticos no comparten los esfuerzos que ellos sí ven reflejados en sus nóminas y turnos cada mes.


Más allá de la cifra de 933,74 euros mensuales, son las «peculiaridades» las que, según los funcionarios, convierten en «privilegiado» este sistema. Los diputados, afirma la asociación, cobran estas cantidades los doce meses del año, «también aquéllos en los que no hay actividad parlamentaria». Es decir, «cobran para gastos de manutención y estancia incluso en su período de vacaciones», denuncian. Además, aunque cobren por los gastos de su estancia, «la mayor parte de ellos tiene su domicilio en Oviedo, Gijón y Avilés, es decir, en la propia localidad en la que se encuentra la sede de la Junta General o a escasos kilómetros de la misma». «Cobran por ir a trabajar», razonan.


Otra de estas «peculiaridades» se refiere al desplazamiento, que los diputados cobran «todos los días del mes», incluidos sábados, domingos y festivos. Los gastos incluidos en las nóminas se calculan multiplicando el número de kilómetros que cada diputado dice recorrer diariamente -en teoría, con relación a la circunscripción por la que fueron elegidos-, por 30 -el número de días- y por 1,18 euros, el valor que se da a cada kilómetro. Los diputados que viven en Oviedo también cobran gastos de desplazamiento, en este caso contabilizando 5 kilómetros.


Conceyu afirma que las peculiaridades del sistema retributivo de los parlamentarios de la Junta General «se asemejan» a las que han motivado la querella de la asociación Democracia Real Ya (DRY) contra 63 diputados -entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 4 ministros y la diputada del PSOE por Asturias María Luisa Carcedo-, por cobrar 1.823 euros mensuales en dietas reservadas para parlamentarios de otras circunscripciones que se desplazan semanalmente a Madrid, cuando en realidad poseen una vivienda en la capital de España.


«En los próximos días conoceremos el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la admisión a trámite de dicha querella, pero en todo caso y con independencia de la relevancia penal de estos hechos, parece evidente que el sistema retributivo aprobado tanto por el Congreso como por la Junta General del Principado supone un privilegio», señalan.


Son de nuevo los empleados públicos quienes llaman la atención sobre las remuneraciones y «privilegios», afirman, de los políticos, en comparación con los recortes a los que los sucesivos gobiernos -centrales y autonómicos- someten a los funcionarios en la lucha contra el déficit público. Fueron también los empleados públicos -tanto los afiliados a CSIF y USIPA como a UGT y Comisiones- los que llamaron la atención sobre las asignaciones para los diputados y los grupos parlamentarios para 2013, así como sobre la partida reservada para los asesores. La cifra es 514.252 euros inferior a la de 2012, pero 649.700 euros superior a la de 2011.

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