Oviedo, J. A. ARDURA

La mitad de los ayuntamientos asturianos no ha presentado sus balances económicos de 2011 ante el Tribunal de Cuentas, según los datos que obran en poder de este órgano fiscalizador. Los consistorios tenían hasta el mes de octubre para rendir sus cuentas generales correspondientes al ejercicio anterior. Treinta y nueve concejos de Asturias no cumplieron con ese requerimiento, exigido por la ley de Haciendas Locales. El alto índice de incumplimiento está relacionado con la ausencia de multas o sanciones a las corporaciones que, en algunos casos, llevan años sin facilitar la liquidación de sus balances económicos, una situación de impunidad que está a punto de cambiar.

La rendición de cuentas es el acto administrativo mediante el que los ayuntamientos y sus responsables políticos informan, justifican y se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición a lo largo de un ejercicio económico. Los ayuntamientos asturianos, como los del resto de España, tenían hasta la primera quincena de octubre para remitir esa información al Tribunal de Cuentas.

La falta de respuesta de los ayuntamientos asturianos no es una excepción. Más de 5.000 ayuntamientos de toda España se encuentran en una situación idéntica, según ha reconocido el Gobierno central en una respuesta parlamentaria al grupo de UPyD en el Congreso de los Diputados. El mayor volumen de incumplimiento corresponde, según los datos del Tribunal de Cuentas, a la comunidad autónoma de Andalucía, ya que hasta el pasado 15 de octubre únicamente había comunicado sus cuentas el 0,5 por ciento de las corporaciones andaluzas. En el resto de España los índices de rendición de cuentas de las entidades locales son bastante superiores, hasta el punto de que Asturias es, tras Andalucía, la segunda comunidad con mayor grado de incumplimiento.

¿A qué obedece la resistencia, en algunos casos reiterada, de los ayuntamientos asturianos a rendir sus cuentas? Las respuestas de los alcaldes son variadas, aunque en ejercicios anteriores las justificaciones más reiteradas se referían a las dificultades en el manejo del programa informático y, en casos más aislados, a la falta o ausencia durante al menos varios meses del interventor municipal, un puesto del organigrama clave para la aprobación de las cuentas anuales.

Los expertos en la fiscalización de las entidades públicas también atribuyen «la dejadez y la desidia» de las corporaciones municipales a la hora de dar sus cuentas a la falta de instrumentos coercitivos que hagan obligatoria la entrega de esa información en tiempo y forma. De hecho, el Síndico Mayor, Avelino Viejo, ha manifestado más de una vez en sus comparecencias ante la Junta General del Principado la conveniencia de que el Parlamento asturiano promueva alguna norma legal contra los ayuntamientos que no rinden cuentas. Por ejemplo, otras autonomías como Cataluña, Galicia y Valencia condicionan sus subvenciones anuales a los municipios a la rendición efectiva de sus cuentas dentro de los plazos fijados por la ley. La ejecutiva de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) recomendó en una de sus últimas reuniones agilizar la entrega de este tipo de información, especialmente la requerida por la Sindicatura, entidad colaboradora del Tribunal de Cuentas.

De todas formas, la impunidad de los ayuntamientos que no rinden cuentas a los órganos de fiscalización tiene los días contados. Los consistorios tienen que presentar este mes la liquidación del presupuesto de 2012 ante el Ministerio de Hacienda porque, de lo contrario, el Gobierno central «cerrará el grifo» mediante la retención de transferencias. Además, el Código Penal incorporó a finales del pasado año una nueva figura por falsedad contable pública, un delito que castigará a la autoridad o funcionario público que falsee los datos de la contabilidad con penas de inhabilitación de uno a diez años y multa económica.