El portavoz de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, Ángel González, encargó "por fases" a una empresa la elaboración y colocación de 76 monolitos para señalizar fosas comunes de la guerra civil y la represión franquista en Asturias, en cumplimiento de la ley de la memoria histórica. Ése es, según su versión, el motivo por el que el próximo día 12 de marzo tendrá que declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, acusado por la Fiscalía de fraccionar contratos.

González ha ofrecido esta tarde una rueda de prensa para aclarar el asunto, después de que la Fiscalía Superior de Asturias diese a conocer que ha sido denunciado por un posible delito de prevaricación, cuando ocupaba el cargo de viceconsejero de Bienestar Social y Vivienda. Supuestamente, había fraccionado ilegalmente, y contra la advertencia de su jefa de servicio, el contrato para la colocación de esos 76 monolitos, por un importe de 50.000 euros.

González ha explicado que se procedió a realizar con una empresa, cuyo nombre no ha recordado, tres contratos diferentes, divididos por zonas geográficas, porque "no había más alternativa que hacer un trabajo por fases". Así, ha explicado que el tiempo, la distribución geográfica de las fosas, muchas de ellas en lugares de difícil acceso, y la "reducida" partida presupuestaria, supusieron "limitaciones", que obligaron a realizarlo de esta forma, y no como un contrato menor de suministro.

NIEGA ADVERTENCIAS DE UNA FUNCIONARIA

Reconoce que había tres ofertas posibles, y que se optó por una firma que tenía experiencia en la colocación de señalizaciones, pero en ningún caso, según González, recibió el apercibimiento de una funcionaria sobre la ilegalidad de la medida, ni por escrito ni oralmente. Contradice así la versión de la fiscalía, según la Jefa del Servicio de Asuntos Generales le advirtió de que la ley no permitía realizar la contratación por un contrato menor de suministros.

Además, González ha expresado su plena confianza en Roberto Moro, por aquel entonces secretario técnico de su área de gestión, y actualmente Jefe de la Sección de Personal Laboral de la Dirección General de Función Pública, quien también está llamado a declarar por este asunto. "Un gran funcionario y un profesional con mucho rigor", ha señalado.

Ha descartado también que vaya a dimitir o a suspender sus actuales funciones políticas, en referencia a la exigencia de suspensión de militancia que Izquierda Unida ha hecho al PSOE, al respecto de la imputación que la exconsejera Ana Rosa Migoya, imputada en el 'Caso Marea'. "En ningún caso voy a dimitir; defiendo una gestión política y a mucha honra", ha señalado, negando que el coordinador general de IU Asturias, Manuel Orviz, le haya realizado una petición en tal sentido.

González ha señalado además que existen "miles" de contratos menores, en la Administración del Principado y en otras comunidades, y que si se han fijado en éste ha sido "al azar". No cree, por tanto, que haya "ninguna mala intención" por parte de la fiscalía. Ha rechazado que se "meta a todos en el mismo caso", y ha negado que el suyo sea un caso de "corrupción".