La prisión entra en crisis

La Constitución española indica que la atención penitenciaria persigue la reinserción de los presos. Hasta ahora, las unidades terapéuticas (UTE) y los llamados módulos de respeto son las principales fórmulas utilizadas para tal fin en las cárceles españolas. Bajo ambos conceptos subyacen dos concepciones de la política carcelaria. Mientras que los gobiernos socialistas han potenciado las UTE, los populares les restan protagonismo.

Y esa pugna late desde hace meses en el centro asturiano de Villabona, donde hace veinte años nació el modelo UTE. Sus promotores denuncian el paulatino desmantelamiento de un sistema basado en la terapia de grupo para los internos, la mayor parte con problemas de toxicomanías, que asumen una serie de compromisos a cambio de beneficios. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, cuyo titular es Ángel Yuste, lo niega tajantemente y asegura, a través de un portavoz, que respaldan ambos modelos, ya que son «complementarios». En realidad, lo que está en juego es el modelo penitenciario español para los próximos años. Los sindicatos temen que las UTE sean los chivos expiatorios. Instituciones Penitenciarias las define como «paradigma de módulo terapéutico».

Un paradigma que tal vez ha llegado demasiado lejos. Villabona cuenta con cinco módulos de los diez del centro y 462 internos en el programa de la UTE. Suman la mitad de la prisión. Sus detractores aseguran que se trata de una cárcel paralela y, por tanto, incompatible con el resto.

En las UTE prima la vida en comunidad y los grupos terapéuticos para salir de la droga. Los módulos de respeto, creados en el año 2001 en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León) e implantados en toda España, pretenden lograr un clima de convivencia entre los residentes. Sus críticos les echan en cara que en ellos el consumo de drogas no está controlado. En España existen un total de 246 módulos en 72 centros penitenciarios, con 18.799 internos.

Instituciones Penitenciarias reitera que la metodología de intervención de la UTE de Villabona ha demostrado su eficacia desde 1992 «en la recuperación personal de las personas ingresadas en centros penitenciarios y su preparación para la reincorporación a la sociedad». La Secretaría General insiste en que extenderá el modelo a otros centros, En total existen 30 módulos UTE en 18 centros penitenciarios, con 2.085 internos, y está previsto abrir siete más.

Y si no hay brecha ideológica sobre el papel, en la práctica aparece de forma clara. Los partidos políticos PSOE e IU lideran la defensa contra el desmantelamiento de la UTE. La organización internacional Avaaz, creada para defender los derechos humanos, detrás de campañas contra los desahucios, pondrá en marcha a petición de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE una plataforma ciudadana de recogida de firmas en defensa de las unidades, como explica su portavoz, Patricia Martínez.

Para el sindicato de funcionarios CSIF, tras el conflicto desatado en Villabona se esconde un proceso encubierto de privatización de la gestión penitenciaria en España, tesis compartida por CC OO. Fuentes cercanas a la Agrupación Profesional de Funcionarios ACAIP, de corte conservador, indican que desde hace años en Villabona funcionan dos prisiones paralelas. El delegado sindical de esta agrupación, Joaquín Alonso, no comparte del todo la afirmación. «No es exactamente eso, pero tampoco es posible tratar de imponer un modelo y extenderlo a todo el centro», indica.

Alonso no entiende por qué los partidos políticos piden la revocación de la anulación de comisiones de servicio de funcionarios en la UTE y, en cambio, no se pronuncian cuando los funcionarios denuncian recortes de personal. «Si el problema es que hacen falta educadores, que salgan a concurso y que se cubran esas plazas, la UTE podría haberlas solicitado a Madrid y no lo ha hecho», remarca.

La política penitenciaria cuesta a las arcas públicas más de 1.000 millones de euros al año. La privatización de los servicios de vigilancia externa, ya aprobada, y la implantación de «catering» exterior en algunos centros marcan, para los representantes sindicales, un cambio de rumbo encaminado a externalizar servicios.

Luis Miguel López, delegado sindical de CSIF, está convencido de que la crisis es la excusa perfecta para abrir un proceso de «mercantilización» en las cárceles. «Se trata de desprestigiar lo público frente a lo privado, hacer creer que no hay recursos para mantener el servicio público y que debe externalizarse». Pone como ejemplo las cárceles privadas de Estados Unidos, donde los reclusos pagan por algunos servicios, y que han generado ciudades a su alrededor. En la misma línea, Juanjo Villar, responsable de la Administración General del Estado del sindicato UGT en Asturias, asegura tajantemente que la actual Dirección General -nombrada tras la llegada del PP al Gobierno de España- no cree en el modelo de las UTE. «En la política penitenciaria de este Ejecutivo no prima el tratamiento encaminado a la reinserción, se tiende a la custodia», indica. Villar dice que el problema de fondo es ideológico. «A los que llegamos de otras prisiones nos choca la forma de trabajar, pero cuando ves los resultados, moralmente te das cuenta de que la UTE persigue lo que hay que hacer en las prisiones», explica. Añade que el director de Villabona no controla la UTE «y lo que está haciendo es dejarla morir».

José María López, de la ejecutiva nacional de Prisiones del sindicato Comisiones Obreras, considera que el problema planteado en Villabona no es la contraposición entre módulo de respeto y el modelo UTE. «Todos los modos de intervención son positivos, pero lo que hay es un cambio de política penitenciaria. El problema no está en Villabona, está en el Ministerio del Interior». López demanda la supervivencia de todos los sistemas que funcionan.

A los conflictos ideológicos se unen enfrentamientos personales entre los promotores de la UTE y la actual dirección de Villabona. «Eso se ha creado como historia paralela, pero en realidad es una cortina de humo que tapa las pretensiones del Gobierno», opina López. Comisiones Obreras ha pedido a Instituciones Penitenciarias una reunión extraordinaria para hablar de los ajustes y aún no ha obtenido respuesta. López tiene claro que la UTE asturiana es la referencia del resto. «Si la nuestra cae, detrás irá el resto», sentencia.

Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de la UTE, considera que hay una diferencia abismal entre la UTE y el resto de modelos de reinserción. «La UTE entra en los problemas de las personas. El módulo de respeto es un simple lavado de cara», asegura. Matiza que la fórmula está abierta a todos los reclusos que quieran comprometerse a no ejercer violencia y a no consumir drogas.