10 de marzo de 2013
10.03.2013

La TPA, un modelo en la encrucijada

La televisión regional, en plena crisis de audiencia tras perder el 30% de sus espectadores, consumirá 20 millones de dinero público este año

10.03.2013 | 00:00
Exterior de la sede de la RTPA.

En el año de los recortes, el del presupuesto regional más bajo de los últimos siete cursos en Asturias, la televisión autonómica consigue en el reparto 20 millones de euros. Una aportación pública menguada el 33% desde la anterior cuenta, pero lejano del 47 por ciento que pierde la cultura o de los casi dos tercios que se le escapan al deporte, algunos de los apartados más castigados por no tratarse de los protegidos servicios básicos esenciales.


Frente a la ola de privatizaciones que planea sobre las emisoras regionales de televisión en España, el Gobierno del Principado no da muestras de que el modelo asturiano vaya a sufrir grandes cambios.


La segunda reforma del sector público tiene al ente público de comunicación (televisión, radio y productora de programas) entre sus objetivos, pero la remodelación, si el Parlamento no obliga al Ejecutivo a ir más allá, no pasará de fundir en una las tres sociedades del ente, además del ajuste en el presupuesto, uno más dentro de una política general de disminución del gasto.


Mientras en la TPA se hacen a la idea de pasar el año con menos dinero, la cadena sangra por la audiencia. En febrero se quedó en el 5,6% de media, su peor cifra en mucho tiempo. Desde julio pasado ha perdido algo más de un tercio de sus telespectadores (30,8%) y con ese descenso se le ha escapado uno de sus argumentos, audímetro en mano: ya no es más vista en Asturias que Cuatro y La Sexta, y desciende hasta el quinto puesto, por detrás de Telecinco, La 1, Antena 3 y las dos anteriores. De los canales tradicionales, solo aventaja a La 2.


Los conflictos laborales y medio centenar de cesiones ilegales de trabajadores declaradas en los tribunales tampoco ayudan a la cadena a soltar lastre. Según los demandantes, el coste de indemnizaciones y salarios no percibidos reconocidos por los Juzgados ronda los 400.000 euros.


«¿Para qué puede querer el Gobierno asturiano una televisión excepto para hacerse propaganda?», cuestiona Ángel de la Fuente, economista y miembro del consejo asesor del presidente del Principado, Javier Fernández. ¡Yo la cerraría sin más!», estoquea.


La solución al problema está en manos de la Junta General. De cuando en cuando, la TPA salta al ruedo del Parlamento. Como el viernes pasado, cuando el PP planteó reducir los miembros del consejo de administración, un órgano que, aseguran, cuesta en dietas 200.000 euros al año con sus quince sillas, ahora doce, al haber renunciado los populares a las suyas.


Los consejeros (nombrados en representación de los partidos) cobran 800 euros brutos por cada reunión y 400 por cada cita de comisión, con una media de un encuentro al mes en cada órgano. Izquierda Unida rechazó la retribución. La corporación Radio Televisión Española tiene nueve consejeros; la autonómica gallega los ha reducido a siete; la valenciana, a nueve, los mismos que la extremeña y que la murciana; en Canarias son ocho y las grandes televisiones vasca (ETB) y catalana (TV3) tienen 19 consejeros cada una.


La iniciativa del PP no era más que el primer capítulo de la ofensiva. Hace semanas que hornean una proposición para cambiar a fondo la ley de Medios de Comunicación Social. «Irá en la línea de lo aprobado en el Congreso en relación a las televisiones autonómicas», deslizan los populares. Esa línea es la privatización, hacia la que ya caminan en Telemadrid, por la que aguardan en Murcia y de la que se ha mostrado partidaria María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. La estrategia del PP asturiano tiene fijada su meta en «la enajenación del ente», confiesan desde el partido.


Necesitarán apoyo. El viernes lo encontraron en la bancada de Foro. El fundido a negro, la desaparición, fue una amenaza para la TPA con Francisco Álvarez-Cascos en el Gobierno. Un cortocircuito de 11,3 millones a la transferencia pública dejó sin cobrar a varias de las productoras contratadas. De vuelta al Gobierno, los socialistas consiguieron reponer el dinero y meses más tarde la ojeriza forista mutó en interés por colocar a sus peones en el consejo. Habrá que ver qué camino eligen ahora. Su portavoz, Cristina Coto, dio pistas en el Parlamento regional. «Es un desastre la administración de los recursos del ente y cae en la ilegalidad en materia de contratación».


UPyD negó su voto al PP, pero sus ideas respecto a la televisión son cercanas. «El ente sólo tiene sentido bajo los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad. Hace falta una reforma completa para restaurarlo», dice su único diputado en Asturias, Ignacio Prendes, también contrario al sistema de cuotas para nombrar al consejo.


En este momento, sólo Izquierda Unida parece en la línea socialista respecto a la gestión de la televisión. Ante la última idea del PP, su diputada Noemí Martín apuntó con sarcasmo que creyó que llegaban los populares para privatizar ya la televisión. «Detrás de sus medidas esconden recortes a la pluralidad política», les reprochó.


El sistema actual tampoco contenta a la Asociación de la Prensa. «Manifestamos en su momento la necesidad de impedir en los estatutos la politización del ente, con un consejo de administración con representación de los estamentos profesionales, sociales y políticos de Asturias. Se hizo todo lo contrario y ha provocado la situación actual», dice su presidente, José Antonio Bron, convencido de que los medios públicos, «en una democracia sana», deben ser «objetivos». Lo apostilla el periodista Rafael Sánchez Avello, redactor del documento que, como hoja de ruta para la creación de la televisión, pidió el Gobierno en su momento. «Se están poniendo parches, pero no se buscan soluciones».


A la TPA no le faltan teóricos y analistas. Si el crítico de televisión Antonio Rico aprueba la programación, que le parece «muy defendible», otros como el productor Juan Gona tienen su esquema ideal: «Dejar dentro la producción de los informativos y externalizar el resto», sugiere.

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