El ex alcalde de Cudillero y actual diputado regional por el PSOE, Francisco González, será juzgado por un tribunal popular como presunto autor de un delito de cohecho o de exacciones ilegales. El magistrado instructor de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha tomado esta decisión al considerar que existen «indicios razonables» para demostrar que el Ayuntamiento pixueto, con González al frente, ordenó cobros ilegales «a los hosteleros que instalaban unos chiringuitos durante la temporada estival en la zona del puerto» de la localidad «en concepto de servicio de vigilancia nocturna realizado por la Policía Local», según recoge el auto dictado ayer por el magistrado. El juez ha ordenado la apertura del juicio oral a raíz de la querella presentada por el jefe de la Policía Local del municipio, Prudencio Iván Flórez, y tres hosteleros de la zona, que acusan al ex alcalde y a otras cinco personas ligadas al Consistorio de haber tejido en su día «una red clientelar» para obtener «fondos ilegales».

El magistrado también pretende sentar en el banquillo María Verena Prendes, edil durante la época de Francisco González al frente del Consistorio. Según el auto, el ex alcalde «fue quien decidió que los hosteleros pagasen por el referido servicio al estimarlo imprescindible para preservar la seguridad ciudadana en el entorno de los chiringuitos». María Verena Prendes, siempre según el escrito, «fue la encargada de ejecutar la decisión del entonces alcalde disponiendo de la colaboración de la funcionaria que ejercía las funciones de Tesorería, María Antonia Álvarez Ondina, y del que por entonces era jefe de la Policía Local, Juan Castañeda Álvarez». Respecto a la tesorera y al ex jefe de Policía, el juez ha dictado otro auto «declarando extinguida su responsabilidad penal», según fuentes del TSJA. Las partes tienen un plazo de cinco días para presentar recurso a la decisión del tribunal.

El auto del juez explica que el procedimiento para materializar «los pagos por los hosteleros y cobros por el Ayuntamiento era casi siempre el mismo». Los hosteleros «entregaban en mano y en efectivo a la tesorería municipal el importe estipulado por el servicio contra un recibo que ésta les extendía con el sello del Ayuntamiento». El dinero «era entregado al jefe de la Policía Local, que lo repartía entre los integrantes de la plantilla del cuerpo, también en efectivo y sin que constara en la nómina, en proporción a las horas de vigilancia nocturna realizadas por cada uno de ellos» en el entorno de los chiringuitos. Los hosteleros «accedían al pago para poder seguir instalando y explotando los chiringuitos» y «no consta la existencia de ordenanza fiscal alguna que estableciera y regulara una tasa por este servicio de vigilancia».

La Federación Socialista Asturiana (FSA) advirtió en su día de que adoptaría «medidas contundentes» en el caso de que el diputado regional Francisco González resultase «imputado de manera formal» por el TSJA. No obstante, fuentes del partido consideran que el auto del TSJA es «un paso más en el proceso», pero «no una imputación formal». La postura de la FSA, aseguran las mismas fuentes, sigue siendo la misma que cuando se hizo pública la admisión a trámite de la querella contra Francisco González. «Parece que se aproxima, pero hay que esperar», indican desde la FSA. «Vamos a esperar a que se sustancie todo el procedimiento, porque el propio auto da a las partes cinco días de plazo para instar lo que estimen oportuno». «Esperaremos acontecimientos y, entonces, tomaremos decisiones», apostilla.