Las sobras de comida se han convertido en un problema muy serio en Asturias. Casi el cuarenta por ciento de los residuos urbanos que llegan anualmente al vertedero de Cogersa, unas 163.000 toneladas, son básicamente biorresiduos generados por las familias en los hogares y por los grandes productores, una cantidad de materia orgánica muy elevada que ahora va directamente al basurero y que por ley no podrá ser enterrada en el valle de La Zoreda a partir del año 2020, fecha fijada por la Unión Europea para el cierre de cualquier tipo de vertedero.

El tratamiento de las sobras de comida es uno de los mayores retos del nuevo plan estratégico de residuos que pretende aprobar el Principado, un documento que obligará a cada uno de los 78 ayuntamientos a diseñar un sistema de recogida para separar los restos orgánicos de forma que esta fracción llegue a las instalaciones de Serín sin mezclar con otras basuras. La idea es que los municipios comiencen por elevar los índices de reciclaje de biorresiduos en grandes productores (comedores, restaurantes, mercados...), pero la filosofía del plan se marca como meta que los hogares acaben contando en un futuro no muy lejano con un nuevo cubo en el que depositar sólo las sobras de comida.

La selección de materia orgánica en origen y su reciclado es prácticamente inexistente en Asturias en la actualidad, pero las intenciones del Principado pasan por llegar a valorizar 90.000 toneladas de biorresiduos en el año 2020. El nuevo plan estratégico prevé que toda esa cantidad de materia orgánica clasificada pase directamente a la nueva planta de biometanización, unas instalaciones que van a inaugurarse este año y que servirán para convertir en biogás y compost (abono) todos esos restos de comida. La planta, que ha supuesto una inversión de 19,1 millones de euros, se pondrá en marcha con capacidad para el tratamiento de 30.000 toneladas al año, pero el Principado se ha marcado en su hoja de ruta el ir aumentándola gradualmente hasta conseguir llegar a las 90.000 antes de la fecha límite. El resto de los residuos orgánicos irá a la incineradora, la pieza angular del nuevo plan.

Cogersa tendrá lista próximamente la infraestructura, aunque eso no será suficiente. Para que la planta de biometanización cumpla con su cometido tendrá que recibir biorresiduos previamente seleccionados, y ahí entran en juego los ayuntamientos y los propios ciudadanos. La puesta en marcha de una instalación de estas características requiere de un sistema que en la actualidad está sin desarrollar y que necesita la inversión de los consistorios, que estarán obligados a establecer ordenanzas reguladoras y a poner en marcha líneas de actuación enfocadas a la recogida selectiva de la materia orgánica. El Gobierno regional mantiene el principio que marca la ley -los productores que contaminan pagan- y ya ha anunciado que no aportará dinero a los municipios para adaptarse a las nuevas circunstancias. Por ejemplo, si los ayuntamientos quieren que sus vecinos tengan en sus casas una bolsa específica para los restos de comida tendrán que habilitar un nuevo cubo para recogerla y todo lo que eso conlleva. Eso hay que pagarlo, pero los municipios que más reciclen abonarán menos por la gestión de sus basuras. Además, los ayuntamientos estudian rebajar las tasas a aquellas familias que mejor cumplan con la normativa y sancionar a las que no lo hagan.

Un buen sistema de reciclaje de biorresiduos serviría para avanzar significativamente hacia los objetivos que marca Europa, aunque para llegar a conseguir que la mitad de los residuos que lleguen a Cogersa en el 2020 estén seleccionados en origen, una de las premisas de la Unión, aún es necesario mejorar los números en otro tipo de basuras. A las instalaciones de Serín aún llegan más de 46.000 toneladas de plásticos mezclados -un 10,83 por ciento de la bolsa negra-, unas 24.000 de vidrio (5,58 por ciento), alrededor de 88.000 de papel y cartón (20,57 por ciento), casi 46.500 de textiles, 15.200 de metales (3,56 por ciento) y casi 44.800 de otros residuos (10.49 por ciento). Según recoge el borrador del plan presentado por el Principado, en el año 2020 todavía llegarán a Cogersa 310.154 toneladas anuales de residuos sin clasificar en origen. Las pretensiones son que sean tratados en la planta de clasificación de basura bruta y que algunos de ellos, los que sean recuperables, pasen a las plantas de reciclaje o sean destinados a la elaboración de combustibles. El resto, 246.892 toneladas, pasará a la incineradora.