Oviedo, M. J. IGLESIAS
La reforma de la ley de Montes que prepara el Ministerio de Agricultura eximirá a los titulares de los cotos de responsabilidad en los accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas en todos los casos «excepto cuando los siniestros sean consecuencia directa de una acción de caza colectiva llevada a cabo el mismo día».
De aprobarse finalmente, el texto cumpliría plenamente con las expectativas del sector y dará un respiro a los cotos de caza que hasta ahora han tenido que hacerse cargo de los cuantiosos daños causados por las especies cinegéticas, sobre todo debido a accidentes de tráfico causados por animales en carreteras y autovías incluidas en los terrenos gestionados por las sociedades.
El texto incluido en el borrador que el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, ha presentado a las organizaciones ecologistas, traslada la responsabilidad a los conductores e indica que en caso de siniestro, el piloto del vehículo responderá cuando haya elementos objetivos para establecer una imprudencia en la conducción.
La modificación dará un respiro a las arcas de las sociedades de cazadores de Asturias que llevan varios años denunciando una situación financiera al límite, por las elevadas cargas que les supone el pago de los daños causados por las especies cinegéticas al ganado y las indemnizaciones que deben abonar cuando la fauna salvaje causa accidentes en carreteras o autovías incluidas dentro de la jurisdicción de los cotos que gestionan.
Además, la nueva normativa abre la mano a los controles de las poblaciones cinegéticas, cuando las partidas de caza sean insuficientes para prevenir daños, mantener el equilibrio natural de los ecosistemas o prevenir la difusión de enfermedades.
Los presidentes de la Oficina Nacional de la Caza (ONC) y de la Asociación de Propietarios Rurales para la Gestión Cinegética (Aproca) Juan Antonio Sarasketa y Luis Fernando Villanueva, respectivamente, se han apresurado a dar su visto bueno al texto, que responde a muchas de las demandas realizadas ante el Ministerio por federaciones de caza de toda España.
En los daños causados por la fauna salvaje a la agricultura y la ganadería sólo sería responsable el titular del terreno cinegético si hay un incumplimiento manifiesto de las medidas previstas en el plan técnico de caza. Además, el borrador de ley aprovecha para incidir en la responsabilidad de los daños en las zonas de seguridad, los vedados o los terrenos de aprovechamiento común, atribuyendo ésta a los titulares de los terrenos en cada caso.
El texto desarrolla también una modificación de la ley de Caza de 1970 para introducir medidas que aseguren el estado sanitario de las especies y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado doméstico.
Juan Antonio Sarasketa ha calificado de «pasos históricos» los cambios introducidos por el Ministerio. Aunque apunta que harán aportaciones para modificar el texto, muestra «todo» su apoyo al documento legislativo. Durante septiembre y octubre los representantes de los cazadores trasladaron al Ministerio la necesidad de tomar medidas urgentes para solucionar problemas históricos que tiene el sector de la caza en España.
El borrador propone la elaboración de una estrategia nacional para el aprovechamiento cinegético y el desarrollo de un documento «multilicencia», una especie de carné nacional de caza.
La satisfacción de los cazadores ante los cambios que se avecinan choca con la preocupación de las organizaciones ecologistas por el texto del artículo 50 que prevé que «con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente».
Asunción Ruiz, directora de SEO/BirdLife, la organización conservacionista más veterana de España, indica que el artículo abre la posibilidad de recalificar terrenos quemados, en zonas afectadas por los incendios, algo que no ocurre en la norma actual de 2003.
El texto «redefine» también el catálogo de montes dejando «desprotegidas», según Ruiz, zonas que antes lo estaban; pero sobre todo «pierde una oportunidad de oro para haber impulsado una ley moderna e integradora que ordene y planifique el territorio», indica.
En la misma línea, el coportavoz federal del partido EQUO, Juan López de Uralde, entiende que «se abre la puerta a los incendios intencionados con fines especulativos y urbanísticos». La formación política recuerda el caso de Terra Mítica en la Comunidad Valenciana, en el que un cambio legislativo llevado a cabo por el Gobierno de Eduardo Zaplana favoreció la concesión de terrenos naturales para la construcción de un parque temático, tras un incendio en la comarca de Marina Baixa.
Para Mario Rodríguez, director de Greenpeace España, uno de los objetivos de la reforma puede ser «abrir la puerta a los cultivos energéticos», es decir, a aquellas plantaciones de crecimiento rápido que tienen como propósito producir algún tipo de energía. La Fundación Félix Rodríguez de la Fuente reclama que la nueva ley «proteja y mejore el capital natural de los bosques y árboles singulares, ya que son un «capital natural que ofrece rentabilidad social a largo plazo», en palabras de su directora, Odile Rodríguez de la Fuente, actual presidenta de la Fundación Oso Asturias. Los ecologistas ven con buenos ojos la inclusión de los montes públicos como «bienes imprescriptibles, inembargables e inalienables», definición que cerraría las puertas a futuras privatizaciones.
