Oviedo, Pablo GALLEGO
Terminadas, al menos de forma provisional, las comparecencias ante la comisión parlamentaria del «caso Marea» -en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en el Principado durante el Gobierno de Areces-, las posiciones de partida de los grupos políticos en la Junta General siguen prácticamente en el mismo lugar. Tras escuchar a 60 comparecientes y sumar más de 70 horas de interrogatorios, el PSOE, más allá de desear que la comisión sirva para «mejorar» los procedimientos de contratación del Principado, sigue descargando toda la responsabilidad sobre la ex jefa de servicio Marta Renedo, la funcionaria por la que comenzó la investigación del caso, hace ya cuatro años. En la otra esquina del cuadrilátero, porque esa forma tiene la mesa en la que trabaja la comisión, el PP sigue cargando las tintas en lo político. Su portavoz, José Agustín Cuervas-Mons, insiste en cómo, pasados ya tres años desde el estallido del caso, «nadie del PSOE ha asumido una sola responsabilidad política».
Los diputados de IU, e Ignacio Prendes, de UPyD, siguen dando vueltas a qué «soluciones y propuestas» se pueden plantear «para que esto no se vuelva a producir». El «juicio político» del caso, pasado ya tanto tiempo, dicen, ha perdido buena parte de su sentido. Foro sigue guardando silencio. Ni al término de cada sesión de la comisión, ni ya finalizadas las comparecencias, han dejado entrever sus diputadas qué opinan de lo visto y oído en la sala Jovellanos del Parlamento regional. Sólo una de ellas, María del Mar García Poo, en una conversación informal con periodistas la mañana de la última jornada de comparecencias, lamentó «tanto trabajo baldío».
¿Para qué ha servido entonces la comisión? La respuesta seguramente estará en el informe de ponencia que redactará su presidente, Ignacio Prendes. Sumando los datos escudriñados en la ingente documentación que obra en poder de la comisión, montones de expedientes administrativos, con las conclusiones que cada uno haya sacado de los interrogatorios, el diputado de UPyD destilará un informe que aspira, si no a salir aprobado por unanimidad, sí a obtener una mayoría favorable en la comisión. Después tocará elevarlo al Pleno, que será en última instancia el encargado de aprobar -o rechazar- las conclusiones.
Los responsables políticos que se han sentado ante la comisión, empezando por el ex presidente Vicente Álvarez Areces y los ex consejeros José Luis Iglesias Riopedre y Ana Rosa Migoya, han tenido siempre en el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, un encendido defensor. A su juicio, los interrogatorios deben haber servido para «entender el acontecimiento central que puso en tela de juicio los procedimientos de la Administración». Esto es, «la actuación de alguien con conocimientos, capacidad y una posición dentro del sistema capaz de hacer saltar los mecanismos de control y hacer vulnerables procedimientos que deben ser seguros», aseveró el portavoz.
Sin nombrarla, Lastra se refería a Marta Renedo, aunque quizá haya más sospechosos que encajen en el mismo perfil. Por lo escuchado en las últimas comparecencias -principalmente las de los responsables de los institutos de Infiesto y Cangas de Onís-, las «huellas» de las supuestas falsificaciones de firmas para ocultar pagos irregulares no sólo aparecieron en las consejería de Cultura y de Administraciones Públicas, donde Renedo trabajó. También en la de Educación, concretamente en la dirección general de María Jesús Otero, otra de las principales imputadas.
Lastra es uno de los objetivos prioritarios del PP a la hora de exigir responsabilidades políticas. «Ni él ni Javier Fernández, secretario general de la FSA, hicieron nada por esclarecer los hechos, y ambos siguen en los mismos puestos de alta responsabilidad», denuncia Cuervas-Mons. Terminadas las comparecencias, el diputado popular fue el único en criticar el «estrepitoso silencio» de quienes, habiendo tenido responsabilidades de gobierno, prefirieron no responder las preguntas de los diputados al encontrarse imputados por el juez Sorando, que instruye el caso. «Hay una parte importante que queda, lógicamente, muy coja», lamentó. De los hechos descritos ante la comisión por los funcionarios, Cuervas-Mons culpó a los gobiernos socialistas «en la etapa de Areces, que permitió debilitar los sistemas de control en la Administración».
«Aunque sea un poco prematuro podemos concluir que, en algunos casos, fallaron controles, y en otros los propios procedimientos de contratación tuvieron un mal uso», afirma la diputada de IU Noemí Martín. «Ahí es donde podemos intentar hacer un trabajo y una propuesta en positivo de cara al futuro», añadió. Tratar de mejorar los procedimientos de contratación -dentro del margen reservado al Principado, ya que la ley de contratos del sector público es estatal-, deberá tener, según Martín, un papel muy destacado en el dictamen que ahora se empezará a elaborar, conjugando las declaraciones de los testigos con la documentación solicitada al Principado.
Aunque el «caso Marea» fue uno de sus temas estrella en las últimas dos campañas electorales autonómicas -en mayo de 2011 y en marzo de 2012-, dentro de la comisión el grupo de Foro ha mantenido un perfil discreto. Tras apoyar la investigación parlamentaria del caso, Cristina Coto pasó a calificarla como una «operación de pura cosmética». Incluso avisó de que su grupo estudiaba la posibilidad de retirarse. Tras modificar, en dos ocasiones, qué diputados formarían parte de ella -los iniciales, Carmen Sela y Juan Ramón Campo, fueron sustituidos por Teresa Alonso y la propia Coto, que después cedió su puesto a García Poo-, Foro rechazó realizar preguntas a muchos de los comparecientes para, según Alonso, «evitar injerencias en el proceso judicial». Los procedimientos administrativos fueron, con el resto, el objetivo predilecto de sus preguntas.
Sin descartar nuevas comparecencias, la comisión empieza ahora una nueva fase. El objetivo, «explicar a los asturianos por qué pasó lo que pasó, y qué medidas pueden tomarse para tratar de que no vuelva a ocurrir», apostilla su presidente.
