Entre las reprimendas que ha recolectado el proyecto de modificación de la ley de Costas hay varias formuladas por las organizaciones ecologistas, muy críticas con la flexibilización de algunos criterios de protección. No es la asturiana la franja del litoral más afectada ni está en el Principado ninguno de los doce pueblos «amnistiados», sacados de la protección pública, pero plantea, en opinión de algunos de sus más firmes opositores, «un coladero importante». «La reducción de la servidumbre a veinte metros ya son palabras mayores», afirma Fructuoso Pontigo, portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, para quien los planes del Gobierno «abren una espita peligrosa» y pueden plantear «una confrontación con el POLA», si bien esta normativa autonómica también deja abiertas, apunta, «algunas salvedades para proyectos de interés social que sean autorizados por el Consejo de Gobierno».

El borrador de la ley, mientras tanto, sigue el camino del trámite parlamentario con el respaldo en solitario de los votos del Partido Popular. Aprobado el 5 de octubre por el Consejo de Ministros, el texto fue debatido y aprobado ayer en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado y la votación en el Pleno de la Cámara alta está prevista para el próximo martes, antes de ser sometido a la aprobación definitiva en el Congreso. Ayer, el dictamen de reforma recibió el respaldo de los senadores del PP y la oposición o abstención de los demás. También fue rechazada la propuesta presentada en la que el Grupo Socialista, IU, Entesa y ERC pedían la devolución del proyecto por considerar que la norma «desprotege y privatiza el litoral».

Miguel Fidalgo, portavoz socialista en la Comisión de Medio Ambiente, se declaró en contra de la ley de modo «muy beligerante» porque aprobarla es, a su juicio, como «plantar un "Prestige" en las playas de toda España y para mucho tiempo». Frente a este argumento, el portavoz popular, Vicente Aparici, opone que la nueva ley «no va a legalizar situaciones ilegales» y que su propósito es poner fin a la inseguridad jurídica que provocó la aplicación de la ley de Costas de 1988.