30 de abril de 2013
30.04.2013
La Nueva España

El Principado plantea un nuevo recurso para exigir los fondos mineros de 2012

Se trata del segundo procedimiento judicial puesto en marcha por el Principado por el incumplimiento por parte del Ejecutivo central de los convenios

30.04.2013 | 13:57
El Principado plantea un nuevo recurso para exigir los fondos mineros de 2012

El Gobierno del Principado presentará un recurso por la vía contencioso-administrativa contra la administración central para exigir el cumplimiento de los convenios caducados en 2012 y pendientes de ejecutar con cargo a los fondos mineros, que suman una inversión de 56,6 millones de euros.

Según ha anunciado hoy el consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, entre los proyectos objetos de estos convenios figura el soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, que contaba con un presupuesto de 50 millones de euros y cuya financiación corría íntegramente a cargo del Estado.

La relación de proyectos por los que ahora se presentará recurso incluyen también la construcción de una piscina en San Julián de Bimenes (1,6 millones); el centro de empresa y servicios a polígono fábrica de Mieres (1,2 millones), el aparcamiento subterráneo de Oñón (1,6 millones) y el polideportivo en Caborana, en Aller, (2 millones).

Se trata del segundo procedimiento judicial puesto en marcha por el Principado por el incumplimiento por parte del Ejecutivo central de los convenios que financiaban iniciativas de desarrollos económicos y equipamientos en las comarcas mineras y que tenían un presupuesto global de 213 millones de euros.

En el primer procedimiento, que se encuentra pendiente de sentencia, se impugnaban los convenios caducados en 2011 y, en esta ocasión, serán los propios servicios jurídicos del Principado los que interpongan el recurso contencioso-administrativo.

El portavoz del Ejecutivo ha recordado que el anterior Gobierno regional se tramitó ante un tribunal incompetente, la Audiencia Nacional, lo que originó, según el gabinete que preside Javier Fernández, un retraso y perjuicios en su tramitación.

La presentación del recurso fue encargada entonces a un estudio jurídico de la Universidad Carlos III de Madrid por importe de 15.253 euros y el actual Ejecutivo, ante el riesgo de que los recursos no pudiesen interponerse en el plazo legal, tuvo que encomendarle además la preparación e interposición de los nuevos por una cantidad similar.

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