El Gobierno regional tendrá un plazo máximo de 18 meses para vender sus acciones de Sedes, según una disposición final incorporada ayer por UPyD a la primera ley regional para la reordenación del sector público autonómico. «Si en diciembre de 2014 el Principado no ha vendido sus acciones, la autorización incluida en esta ley caducará y el Gobierno tendrá que venir al Parlamento regional para explicar los motivos de esa demora y volver a pedir nuevamente permiso para proceder a esa operación», afirmó el diputado magenta, Ignacio Prendes.
La disposición final fue aprobada ayer en la ponencia de la ley, donde se votaron las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons sostuvo que las votaciones de las enmiendas han dejado patente el entendimiento del PSOE con IU y UPyD. «La sincronización en la votación de las enmiendas de los tres grupos corrobora la existencia de un perfecto tripartito en este asunto», valoró el vicepresidente segundo del Parlamento regional, que acusó a los tres partidos de «dilatar al máximo posible» la reestructuración del sector público autonómico, con medidas como la sustitución de la venta de acciones de Hoasa, sociedad que gestiona el hotel de la Reconquista, por una nueva concesión, y el citado plazo de año y medio para vender las participaciones del Principado en Sedes.
El diputado magenta, Ignacio Prendes, discrepó de esa interpretación del Grupo parlamentario Popular. «El objetivo es justamente el contrario. Entendíamos que la ley adolecía de compromisos concretos y de falta de transparencia sobre la forma en que el Principado iba a vender sus participaciones o adjudicar las sociedades afectadas por esta nueva ley. Hasta ahora el Gobierno regional no tenía plazo alguno para vender las acciones de Sedes, hasta el punto de que nos podíamos plantar en la próxima legislatura esa situación todavía pendiente. Con el plazo de los 18 meses, tratamos de incentivar que la venta de esas participaciones se haga con premura», esgrimió Prendes.
El portavoz de IU, Ángel González, destacó la incorporación de la enmienda que garantiza la subrogación de todo el personal que trabaja en las sociedades o empresas afectadas por esta ley. «En estos momentos, es nuestra obligación asegurar que no se pierda ningún puesto de trabajo», declaró el concejal de la coalición.
