El diputado socialista en la Junta General del Principado y ex alcalde de Cudillero, Francisco González, ha anunciado hoy que deja su escaño después de conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había decidido abrirle juicio oral por un presunto delito continuado de exacciones ilegales.
González, que ha hecho este anuncio en una rueda de prensa celebrada en el Parlamento asturiano, ha señalado que "acepta la decisión judicial", pero asegura que defenderá su inocencia hasta las últimas consecuencias y advierte, "no se admiten condolencias".
El ex alcalde de cudillero ha indicado que deja el escaño porque es un hombre "de principios y de partido". González ha anuciado que se retira para cumplir con su palabra, "palabra de paisano, que es lo que soy". "Esta es mi vida, sobre la que unos opinan y opinarán, pero esta es la versión en primera persona de quien hoy como habrán imaginado, cierra una etapa fundamental, como es la de la política, en primera línea de fuego".
El que fuera 21 años alcalde de Cudillero está acusado de haber cobrado entre 2003 y 2008 la seguridad que prestaban agentes de la Policía Local a cuatro chiringuitos que se colocaban en el puerto viejo de Cudillero durante los fines de semana de la temporada estival.
Con su renuncia, su puesto será ocupado por Elsa Pérez, natural de Navia, que en los comicios del pasado año concurrió en el puesto número cuatro de los socialistas por la circunscripción occidental.
El TSJA abre juicio oral contra el diputado Francisco González
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha acordado la apertura de juicio oral contra el exalcalde de Cudillero y diputado socialista en la Junta General, Francisco González, acusado de un delito continuado de exacciones ilegales.
La Fiscalía del Principado ha solicitado una condena de multa de 14.400 euros y cuatro años de suspensión para empleo o cargo público para González, al que acusa de haber cobrado entre 2003 y 2008 la seguridad que prestaban agentes de la Policía Local a cuatro chiringuitos que se colocaban en el puerto viejo de Cudillero durante los fines de semana de la temporada estival.
Esta decisión del TSJA va a condicionar de forma inmediata el futuro político de González ya que el presidente del Principado, Javier Fernández, y la Federación Socialista Asturiana se comprometieron a pedir su dimisión como diputado en el momento en el que se le abriese juicio oral al exalcalde de Cudillero.
Tras conocer el contenido del auto, González ha señalado a Efe que informará de la decisión que ha adoptado sobre su futuro político en una rueda de prensa que ofrecerá este mediodía en la sede de la Junta General del Principado.
El auto decreta además la apertura de juicio oral contra la exconcejala de Comercio Verena Prendes también por exacciones ilegales, un delito que, recuerda, guarda cierta similitud con el de cohecho pasivo en el que el funcionario solicita una dádiva o regalo.
Asimismo, plantea la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil para ambos acusados a los que da 24 horas de plazo para aportar sendas fianzas de 25.000 euros en el caso del exalcalde pixueto y de 10.000 en el caso de la exconcejala.
En este caso, el particular cree que la entrega que realiza sí es debida, dado que es el funcionario o la autoridad quien se lo hace creer "fingiendo una apariencia de legalidad", por lo que el magistrado José Ignacio Pérez Villamil considera que las exacciones ilegales "son un fraude para el administrado".
"En el presente caso la apariencia de legalidad del a exigencia de contribución o 'tasa' viene manifestada porque quien la exige es el alcalde, máximo representante del Ayuntamiento", añade.
El auto incide en que los pagos realizados no eran debidos "parece fuera de discusión" al carecer de la necesaria cobertura normativa dado que no existe una ordenanza fiscal que establezca y regule la correspondiente tasa por el servicio prestado por la Policía Local "sin que la retribución del servicio pueda ser producto del acuerdo entre el alcalde y los particulares afectados".
El magistrado incide además en que "llama poderosamente la atención" que, desde la más alta representación de un ayuntamiento, se fomente la ilegalidad al pagar en efectivo y fuera de la nómina unas 'horas extraordinarias' sin realizar las obligadas retenciones tributarias y de cotización a la Seguridad Social.
El auto desestima también la petición de las acusaciones particulares de que los hechos fueran constitutivos de sendos delitos de cohecho y apropiación indebida al no existir ningún indicio de que los acusados hubiesen solicitado el dinero para sí mismos sino para retribuir los servicios de la Policía Local.
El tribunal, que considera descartado que el exalcalde y la exconcejala se quedaran con parte de los fondos recaudados por la tesorería municipal, incide en que esta fase del proceso no busca decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los acusados sino pronunciarse sobre si hay indicios racionales para abrir juicio.
Además, la sala reitera la decisión adoptada el pasado martes de no suspender la audiencia preliminar por la incomparecencia de un testigo propuesto por la defensa de los acusados dado que su testimonio, aunque fuera contradictorio con el de los querellantes, no resulta imprescindible para tomar una decisión sobre la procedencia de la apertura de juicio oral.
La denuncia contra González fue interpuesta, entre otros, por el sargento de la Policía Local Prudencio Iván Flores y fue admitida después de que los tribunales le absolviesen de las acusaciones de cohecho debido a las incongruencias de los testigos respecto al cobro de sobornos por el que era acusado por el Ayuntamiento.
El tribunal pidió además remitir a un juzgado la sentencia para que se investigase si Francisco González urdió una trama contra el jefe de la Policía Local cuando era alcalde de Cudillero
