14 de mayo de 2013
14.05.2013

La empresa asturiana del «caso Pokémon» pagó 2.000 euros al mes al alcalde de Lugo

La compañía, que gestionaba la grúa municipal lucense, también contrataba a personas «recomendadas» por el regidor y emitía facturas falsas

14.05.2013 | 00:00
La juez Pilar de Lara.

Oviedo, F. VALLINA


La compañía de los empresarios asturianos implicados en el caso de corrupción «Pokémon» pagaba supuestamente 2.000 euros al mes al actual alcalde de Lugo, José Clemente López Orozco (PSOE) y al ex teniente de alcalde, el también socialista Francisco Fernández Liñares. Además, también contrataba a familiares y a enchufados de políticos y funcionarios municipales. Así se indica en el último auto de la asturiana Pilar de Lara, la juez instructor de esta investigación centrada en Galicia pero con ramificaciones en Asturias y que ha arrastrado ya a una treintena de imputados, entre los que están cinco alcaldes gallegos. Lo que De Lara está investigando es la concesión de servicios públicos a cambio de sobornos a dirigentes políticos.


El último auto de Pilar de Lara tiene por objeto adoptar la intervención judicial de la empresa Cechalva como medida cautelar. En esta compañía participan los empresarios asturianos Jorge Pío Cecchini y José Luis Álvarez, las denuncias de este último destaparon el caso, y él asegura haber sido engañado. Cechalva (que se encargó de la gestión de la grúa municipal de Oviedo entre 1996 y 2005) fue la adjudicataria en noviembre de 2005 del servicio de grúa de Lugo, pero, según el auto, la adjudicación no fue precisamente limpia. La juez indica que Javier Manuel Reguera, funcionario en excedencia del Ayuntamiento lucense, y el constructor Manuel Santiso habrían elaborado «un concienzudo plan para obtener de forma ilícita» este servicio público. Para ello contactaron con los socios de entonces de la empresa Cechalva, Álvarez y Cecchini, «ofreciéndoles la adjudicación a cambio de cederles una participación en la sociedad». La juez explica que, según las investigaciones, el funcionario y el constructor lucenses contaban «con la inestimable ayuda» de Francisco Fernández Luñares, por entonces concejal en el Ayuntamiento de Lugo, «así como de varios técnicos del "concello" encargados tanto de la elaboración de los pliegos correspondientes como de la realización de los informes de valoración».


La juez del «Pokémon» asegura que los socios de Cechalva mantuvieron «varios encuentros» con el constructor Santiso y el funcionario en excedencia Reguera. El acuerdo se plasmó en un documento privado, indica el auto. La instructora detalla que los socios de Cechalva finalmente lograron el borrador de pliegos del concurso «para que los estudiaran e introdujeran las modificaciones que estimaran convenientes, adaptando el concurso a sus necesidades y otorgándoles apariencia de legalidad». Finalmente, Cechalva se hizo con la grúa de Lugo el 16 de noviembre de 2005. A partir de entonces, según sostiene la juez apoyándose no sólo en las declaraciones de los imputados, sino también en documentación incautada, comenzaron los pagos al alcalde y al teniente de alcalde de Lugo.


No sólo eso. El auto indica que «a cambio de la adjudicación, la empresa Cechalva asume el compromiso de contratar a trabajadores supuestamente enchufados por ciertas autoridades y funcionarios públicos relacionados directamente con el servicio de grúa». En este sentido, la juez constata la contratación de un sobrino de Javier Manuel Reguera, también de la mujer de un oficial de la Policía Local y de otras personas, entre ellas, «algún recomendado» del alcalde de Lugo.


Finalmente, además de esas contrataciones y de pagos a políticos, las investigaciones han constatado que Cechalva «estaría cometiendo diversos delitos de falsedad documental al solicitar facturas falsas a diversas empresas» a cambio de la «prestación de servicios inexistentes o inflando los gastos, tal como queda acreditado en la causa a través de las intervenciones telefónicas y la documental incautada». Como prueba del favor del que Cechalva gozaba en Lugo está, según indica la juez instructora, que esta empresa «concesionaria de un servicio público ha estado trabajando la friolera de cuatro años sin ningún tipo de licencia».

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