08 de junio de 2013
08.06.2013
La Nueva España

Un ex alto cargo de Areces pagó casi 5.000 euros a su hijo por trabajar cinco semanas

Torre dio orden de investigar los contratos del ex director general del Gitpa con tres empresas un día antes de su comparecencia en la Junta

08.06.2013 | 00:00

El ex director general de la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado (Gitpa), Juan Manuel Rodríguez Bañuelos, pagó 4.800 euros a la empresa de su hijo por un trabajo de cinco semanas para renovar y actualizar la página web de esa empresa pública. Ese contrato forma parte de la lista de trece adjudicaciones directas que la empresa Twisterwill recibió entre los años 2007 y 2011 que han sido investigadas por la Consejería de Economía. El consejero, Graciano Torre, pidió un informe detallado de las relaciones comerciales mantenidas durante la gestión de Rodríguez Bañuelos al frente del Gitpa con tres empresas privadas, una de ellas Twisterwill, en la que su hijo figuraba como administrador único.


El informe elaborado por la actual dirección de esa sociedad pública precisa que Twisterwill recibió contratos por un importe total de 65.039 euros sin contabilizar el IVA. Todos esos trabajos estaban relacionados bien con la página web de la sociedad pública o con el diseño de folletos, logotipos y felicitaciones navideñas aunque el objeto social de Twisterwill era la comercialización de «productos alimenticios y bebidas refrescantes y espirituosas», según consta en la investigación interna encargada por el consejero de Economía, que detalla que ese dato «no se contrastó en su momento al no haber participado la citada empresa en ningún procedimiento de contratación de los que requieren la aportación de las escrituras de la sociedad participante».


La actual gerencia de la sociedad pública precisa que todas las ofertas comerciales, contratos y proyectos de Twisterwill fueron presentados por el apoderado de la firma y no por su hijo, que fue el administrador único entre junio de 2006 y septiembre de 2011. Posteriormente, esa firma amplió el objeto social de la empresa para incluir el diseño, desarrollo y ejecución de proyectos de telecomunicaciones, informática y energía, pero a partir de esa fecha ya no hubo relación contractual entre el Gitpa y Twisterwill. El informe también concluye que todos los servicios y suministros contratados por el Gitpa con la empresa del hijo del ex alto cargo «han sido prestados en los términos acordados». Es decir, los contratos se materializaron y no fueron ficticios como sí ha ocurrido en la «operación Marea», el mayor caso de corrupción registrado en la Administración del Principado.


El consejero de Economía ha dado orden de investigar todos los contratos suscritos en la etapa de Rodríguez Bañuelos al frente del Gitpa con Twisterwill y con otras dos empresas, Ingeniería del Cauro y la catalana Agaros Serveis Avançats de Telecomunicacions. Torre pidió un informe detallado sobre esas contrataciones el pasado 24 de abril, un día antes de su comparecencia ante el Pleno de la Junta General del Principado para responder a la primera pregunta planteada por el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, acerca de una denuncia anónima presentada ante la Comisaría de Policía de Gijón.


Las dos primeras empresas objeto de investigación, Twisterwill e Ingeniería del Cauro, estaban vinculadas al hijo del ex director general de la empresa pública, aunque la segunda, con sede en Pozuelo de Alarcón, no ha recibido ninguna adjudicación por parte de Rodríguez Bañuelos.


La catalana Agaros Serveis Avançats de Telecomunicacions empezó a prestar servicios al Principado antes de la creación de la sociedad pública Gitpa, ya que fue la encargada de realizar el proyecto para el despliegue de la extensión de la banda ancha en las comarcas mineras, la llamada red «Asturcón». Posteriormente la relación de la ingeniería catalana con la sociedad Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado ha sido intensa: entre 2006 y 2013 obtuvo una treintena de contratos por un monto de casi 1,7 millones de euros, de los que solamente tres fueron mediante concurso abierto. El resto consistió en procedimientos negociados sin publicidad y en contratos menores, donde la discrecionalidad para su adjudicación es mayor ya que no están sujetos a concurrencia.

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