Marta Renedo obtuvo un beneficio de casi 1,5 millones de euros de sus prácticas supuestamente delictivas en el entramado que se investiga dentro del caso Marea, acrónimo de la funcionaria. Así lo detalla el auto del Juez Sorando emitido hoy en el que el magistrado apunta que «abusando de su cargo de jefa de servicio de Procesos administrat ivos en la Dirección General de Modernización», recibió «al menos» 504.500,24 euros, IVA aparte, a cambio de sus gestiones para que se adjudicaran contratos a Igrafo y otros 75.800 por el mismo procedimiento con Almacenes Pumarín. Adicionalmente, falsificando expedientes de contratación de servicios no prestados, la funcionaria procesada habría obtenido 663.000 euros y la investigación ha registrado otro pago de 248.00 euros que el Principado hizo a la empresa Asac Comunicaciones por un trabajo de digitalización que no se hizo «y que terminaron en la cuenta de Renedo».

El magistrado Ángel Sorando acaba de emitir el auto de procesamiento de la operación "Marea", conocida también como caso Renedo por la implicación de la ex funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas en una trama de corrupción en la administración asturiana.

En total, Sorando procesa a 29 personas y ha fijado las comparecencias para los días 19 y 20 de septiembre cuando tendrán que declarar: Victor Manuel Muñiz Menéndez, Antonio Jose Azorín Iglesias, Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, Marta Renedo Avilés, Maréa Jesus Otero Rebollada, José Luis Iglesias Riopedre, Roberto Calvo Blanco, Antonio Bernardo Sánchez, Francisco Javier Juarez González,

Isaac Ovies García, José Villa Cantero, María Paz Rodríguez Pendás, Maximino Fernández Álvarez, Braulio Iglesias Menéndez, María Pilar Taberna Palicio, José Manuel Blanco Fernández, José Manuel González Menéndez, Juan Ortiz Fuente, María Teresa Elizari Moso, Jose Manuel Fernandez Gonzalez, Juan Carlos González González, Jose Manuel Pascual Vaquerizo, Susana Vior Del Valle, José Arturo Verano García, Luciano González Suárez, Nemesio Alonso Rodríguez, Ignacio Poncela García, José Carlos Madera González y Eusebio González García,

En la larga lista de Sorando aparecen responsables de diversos ámbitos de los ayuntamientos de Oviedo, Llanes y Avilés, así como de la Universidad de Oviedo, del Servicio Estatal de Empleo y de la Junta de Castilla y León.

Estos casos corresponden a personas que supuestamente habrían recibido regalos de diverso tipo por parte de los responsables de dos de las empresas implicadas, Igrafo y Almacenes Pumarín, y a los que en algunos casos se considera que existen indicios de que a cambio facilitaban contratos a ambas compañías.

Estos procesados aparecen en la denominada 'agenda rosa' propiedad de María del Mar Zapico, empleada de Almacenes Pumarín y esposa del exsecretario general del PSOE de Gijón, José Manuel Sariego, y que tras su imputación inicial no ha sido procesada.

En dicha lista figuraban nombres y datos de altos cargos políticos del Principado, de ayuntamientos, del Servicio de Salud, de la Universidad de Oviedo y del HUCA a los que la empresa habría enviado cestas de navidad por importe de 92.284 en el año 2010.

Además, el auto del juez instructor señala que la empresa repartió además entre cargos y funcionarios de la administración cheques-regalo de El Corte Ingés por 64.600 euros en el mismo año.

Entre los procesados figuran el encargado de las comparas menores en el Ayuntamiento de Llanes, Francisco Javier Juárez, al que el juez considera que existen indicios de que recibía sobornos en forma de viajes y gastos de hotel, restaurantes, un alquiler de toldos o el pago de mobiliario para un salón un baño y un recibidor.

En el caso del exgerente de la Universidad de Oviedo, Eusebio González, el autor señala que Igrafo pagó los 6.339 euros que costaron las obras realizadas en un chalet de Celorio, en Llanes, mientras que el director de la Escuela Politécnica de Mieres, Antonio Bernardo, habría recibido por una vía similar 37.000 euros.

En el ámbito de la Universidad de Oviedo, el juez procesa también a José Manuel Blanco, de la Escuela de Ingeniería de Gijón, que habría obtenido por esta vía 7.671 euros y que se negó a declarar.

Tampoco lo hizo el arquitecto interino del Ayuntamiento de Avilés, Braulio Iglesias, que recibió un armario y un viaje a Barcelona de las empresas implicadas mientras que la gerente de un centro de artesanía del Ayuntamiento de Llanes, Nemesio Alonso, la trama la pagó, según el auto, un coche valorado en 22.100 euros.

El tercer ayuntamiento que se ve implicado en el auto es el Oviedo con tres responsables de su servicio de deportes -José Villa, Isaac Oviedo y Paz Rodríguez Pendás- procesados por la recepción de cheques-regalo.

El juez advierte de que, entre la documentación incautada, hay un documento en el que se puede leer: "Entregado al señor Villa. Son 6 tarjetas de 500. Se meten como siempre Ayuntamiento Oviedo sección deportes. Se meten con el margen de siempre. Romper albarán".

También figuran entre los procesados un responsable del Servicio de Empleo Estatal, José Manuel Fernández, que supuestamente recibió de Igrafo 4.715 euros en facturas por estancia en un hotel y pintura de un piso y José Manuel Pascual, que gestiona compras centralizadas en la Junta de Castilla y León, que recibió dos viajes por 3.913 euros que atribuyó a razones de amistad en su declaración en la que dijo haber pagado su parte, pero sin poder justificarlo.

En el texto emitido por el magistrado se recoge expresamente que constan claros indicios de que Víctor Manuel Muñiz (gerente de Igrafo) pagaba sobornos y a cambio estafaba a las administraciones no sirviendo todo lo que facturaba; similares palabras a las que dedica al otro empresario implicado, Alfonso Carlos Sánchez (gerente de Almacenes Pumarín). Sobre Marta Renedo el auto recoge la "clara existencia" de indicios que apuntan a que la ex funcionaria mantenía "chanchullos" y "sobornos" en colaboración con los empresarios implicados. A María Jesús Otero, la que fuera directora general de planificación, centros e infraestructuras de la Consejería de Eduación la vincula también con la existencia de chanchullos y pago de sobornos y llega a asegurar que "le dice cuál tiene que ser la oferta ya de antemano ganadora". De José Luis Iglesias Riopedre asegura que era conocedor de las irregularidades y del reparto de contratos entre Igrafo y APSA. Se reafirma diciendo que todos estos hechos sucedían "con su expreso consentimiento". Menos rotundo es en su texto Sorando con Ana Rosa Migoya de cuya participación considera "demostrado" que su firma fue falsificada, "el que no supiera escoger a los mejores colaboradores no es un delito" llega a decir el magistrado. Por este razonamiento acuerda el sobreseimiento provisional para la que fuera consejera de administraciones públicas.

Estos son tan sólo algunos de los hasta 42 nombres que aparecen en el auto completo de más de 20 páginas en el que se detalla la situación de todos ellos.

Con la emisión de este escrito concluye la fase de instrucción de la causa y se acerca la más que presumible apertura de juicio oral a los imputados en el caso.

Marta Renedo es quien da nombre a esta investigación en la que también están imputados el ex consejero de educación José Luis Iglesias Riopedre, la ex directora general de centros educativos María Jesús Otero y los empresarios propietarios de Almacenes Pumarín e Igrafo entre otros.