18 de julio de 2013
18.07.2013
La Nueva España

Asturias marca el camino de la reforma

El final de los trabajos en la comisión electoral de la Junta General del Principado

18.07.2013 | 00:00
Asturias marca el camino de la reforma

Los sistemas electorales son una de las instituciones más resistentes al cambio. Al fin y al cabo, las mayorías políticas con poder de cambiarlos son, parcialmente, producto de las reglas electorales vigentes. Sin embargo, diferentes escenarios hacen posible que se reformen. Por ejemplo, cuando el socio de una coalición minoritaria, claramente perjudicado por el sistema, puja para que se haga una reforma. Así pasó en Reino Unido con los liberal-demócratas. También lo es, al menos desde los años setenta, ante el mayor rol que juegan los candidatos y la pérdida de peso de los partidos políticos en Europa Occidental. Los partidos pueden reaccionar, como pasó en Países Bajos o Dinamarca, haciendo cambios que permitan escoger a los electores su propia configuración de las listas a fin de recuperar su ligamen con los votantes. Y, por último, en los casos más extremos, la reforma también es más probable cuando se combina una baja confianza en la política, escándalos de corrupción sistémica y cierta movilización de la opinión pública. Así pasó en Japón o en Italia.


Si uno extrapola estas posibilidades al caso español no tardará en darse cuenta de que jamás había habido un escenario tan proclive a la reforma. Al fin y al cabo, hay un consenso creciente en la sociedad que pide reformar nuestras instituciones para reparar sus descosidos tras treinta años de funcionamiento. En este sentido, el sistema electoral no es una excepción. Y aunque nadie deba llamarse a engaño y pensar que esta reforma es una varita mágica, sí que permite introducir pequeños cambios que pueden ser decisivos en el medio-largo plazo. Por eso el preacuerdo alcanzado en el Principado de Asturias para la reforma electoral es tan importante. Primero, porque introduce mejoras razonables sin cambiar sus principios esenciales, lo que sin duda dota al Principado de un sistema más justo y eficiente. Pero, segundo, porque al mismo tiempo supone, con diferencia, la reforma electoral más ambiciosa que jamás se ha abordado en democracia.


A la espera de que se concreten los detalles, merece la pena subrayar algunos de sus avances. Respecto a la participación electoral, la introducción del voto electrónico en el exterior podrá solucionar el problema del voto rogado y permitirá una mayor sencillez en el recuento. Por otra parte, el voto anticipado permitirá que los asturianos voten días antes de los comicios en sus ayuntamientos, abaratando sensiblemente los costes de participar. Esta medida se aplica en países como Australia, Finlandia, Canadá o Noruega y es particularmente exitosa para facilitar el voto de un colectivo clásicamente abstencionista, el de los jóvenes. En paralelo, medidas como la obligatoriedad de los debates electorales, el envío conjunto de papeletas o que haya ejemplares en braille pueden enmarcarse en las propuestas de sentido común para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.


Un segundo elemento fundamental es la circunscripción. Este tema es, con diferencia, el más polémico, no olvidemos que tan sólo Asturias y Murcia tienen distritos diferentes a la provincia. En general, las propuestas se podían clasificar entre aquellas que se orientaban a una mayor proporcionalidad o a un mayor mayoritarismo. La evidencia señala que cuantos más distritos hubiera por debajo de 10 escaños, más mayoritario es el resultado final. Sin embargo, la proporcionalidad pura de un distrito único implica un peaje en representación de los territorios, algo que también ha sido criticado. Para resolver este dilema se ha propuesto un nivel electoral suplementario. La decisión de superponer un distrito provincial con 10 escaños para los restos sin representación de los tres distritos supone una mejora en la proporcionalidad, pero mantiene cierta representación territorial. Esta práctica se aplica sin el menor trastorno, por poner un ejemplo, en Austria (que es más complejo aun, allí tienen tres niveles), y es una inteligente solución de compromiso que ha evitado el bloqueo de la reforma.


Por último, el tercer elemento clave es el desbloqueo de las listas. Esta decisión, inédita en nuestro país, permitirá marcar votos preferenciales dentro de las papeletas, gracias a lo cual serán elegidos como diputados aquellos que reciban más apoyo en las mismas. ¿Será una transformación radical del sistema político asturiano? Con el modelo planteado, similar al que se aplica en Suecia, el cambio en la composición de la Cámara es sobre un 8-10 por ciento de diputados elegidos al margen de su posición en las listas. Por lo tanto, los cambios son parciales, sin erosionarse la estabilidad del sistema. Sin embargo, lo que este sistema sí permite es que los votantes puedan discriminar entre los políticos de un partido y que los candidatos tengan incentivos para visibilizar su labor. Una reforma en la línea de países de la OCDE y que permite potenciar un vínculo más directo entre electores y diputados.


El Principado de Asturias, de aprobar esta ley en los términos que se prevé, estaría marcando el camino a toda España. Es muy probable que Asturias se convierta en la iniciadora de una oleada de reformas electorales a nivel autonómico tras romperse el tabú de que, como todas nuestras instituciones, la ley Electoral también es mejorable. No es la primera vez que las autonomías mimetizan reformas. Por eso los grupos políticos asturianos están ante una responsabilidad histórica, en especial los que dan apoyo al Gobierno. Al fin y al cabo, los que impulsan la reforma están haciendo una contribución que trasciende sus intereses de partido. No es sólo la respuesta a una demanda ciudadana expresada desde plazas a atriles de universidad. Lo que están haciendo es asentando un buen riel sobre el que urge que España y Asturias sean capaces de discurrir; el de unas instituciones que vuelvan a prestigiar la política.

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