Los diputados regionales negocian subirse su salario bruto para compensar el aumento que supondrá en sus retenciones del impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) el nuevo sistema retributivo. Los cinco partidos con representación en la Junta General del Principado han mantenido varias reuniones a lo largo de este mes para buscar una fórmula salarial que permita superar las polémicas sobre el pago del kilometraje y las críticas por las exenciones fiscales, legales, de las que disfrutan en la actualidad. Tras analizar los modelos de otras autonomías y el de los altos cargos del Principado, los parlamentarios asturianos estudian cambiar la dieta de manutención y estancia, de 933 euros mensuales, que no tributaba a Hacienda, por una revisión al alza de sus salarios brutos sin variar la partida anual, que asciende a 2,3 millones.
El grupo de trabajo sobre la reforma del sistema retributivo alcanzó la pasada semana un acuerdo sobre un nuevo modelo que situaría el sueldo de los diputados con dedicación exclusiva entre los 3.902 y los 4.878 euros brutos al mes, horquilla en la que también se mueven los directores generales del Principado y los consejeros. Según fuentes parlamentarias, todos los grupos, PSOE, Foro, PP, IU y UPyD, dieron su conformidad para que los servicios de la Cámara redactaran un documento que se facilitó en la Junta de Portavoces, que tuvo lugar el pasado lunes. En ese momento, la portavoz de Foro, Cristina Coto, advirtió de que su grupo tenía que estudiar el contenido de un borrador que plasma, entre otros, los siguientes cambios:
Sustitución del plus de manutención y estancia por una subida en el salario bruto.
En la actualidad la nómina de los parlamentarios asturianos está integrada por una asignación base y dos complementos fijos mensuales: uno de 933 euros para gastos de manutención y estancia, y otro de kilometraje. Estos dos pluses no tributaban el IRPF. Es decir, los diputados estaban exentos de declarar más de un tercio de su sueldo gracias a una ley nacional en vigor desde 2006. Esos beneficios fiscales habían sido cuestionados tanto por diferentes colectivos de funcionarios como por expertos en derecho tributario. También UPyD había planteado la necesidad de que los diputados tributasen igual que el resto de los trabajadores, sin ningún tipo de privilegio.
La solución negociada por los grupos políticos consiste en suprimir el citado complemento de manutención y estancia y, a cambio, elevar el salario bruto en una media de casi 200 euros mensuales para contrarrestar el incremento de las retenciones fiscales. Un diputado con dedicación absoluta que ahora tiene una remuneración de 3.705 euros brutos pasaría a recibir 3.902 euros, con la salvedad de que deberá tributar por toda esa cuantía y no por sólo 2.772 euros como en la actualidad.
Los miembros de la Mesa de la Junta y los portavoces con dedicación absoluta tendrían una subida similar en sus emolumentos brutos, que pasarían de 4.340 euros a 4.550 euros. El salario bruto del presidente del parlamento autonómico apenas experimentaría cambios, aunque tendría que asumir una retención mayor, ya que también le afectaría la eliminación del plus de manutención y estancia y, en consecuencia, la pérdida de dicha exención fiscal.
Estos incrementos en el salario bruto de los diputados tienen como límite no sobrepasar la partida presupuestaria destinada para sus asignaciones, que asciende a 2.351.000 euros en los presupuestos regionales de 2013.
«Tijera» al kilometraje.
Los diputados de la Junta General del Principado facturan actualmente un millón de kilómetros por el desplazamiento de ida y vuelta a su casa durante los 360 días del año. En total, más de 170.000 euros, ya que cada kilómetro se abona a 0,1864011 euros. El control de ese kilometraje también fue motivo de conflicto político después de que el PSOE censurase los sucesivos cambios notificados por el diputado popular Alfonso Román López. El nuevo modelo plantea dejar atrás el cobro de una cantidad fija por los 30 días del mes, independientemente de que los desplazamientos no se realizaran, para pasar a retribuir los viajes que tienen relación con la actividad parlamentaria. En principio, los diputados sólo podrían cobrar kilometraje cuando se desplazaran desde su domicilio para acudir a una comisión o a una sesión plenaria.
El control de la asistencia, y por lo tanto del kilometraje, correría con esta nueva fórmula a cargo de los servicios de la Cámara, que levantarían acta de cada comisión parlamentaria. Además, habría un tope de veinte asistencias al mes. Es decir, los diputados perderán, al menos, 120 días al año de kilometraje, y tampoco podrían percibir ese complemento en los meses en los que no está habilitado el período de sesiones, según confirmaron fuentes parlamentarias.
El pago de un complemento fijo por kilómetro a los diputados ha sido cuestionado por los colectivos de funcionarios y por expertos en derecho tributario. USIPA llegó a presentar una denuncia ante la delegación de la Agencia Tributaria en Oviedo, organismo al que reclamó una investigación por considerar que el cálculo de las dietas por desplazamiento estaba «manifiestamente inflado». El sindicato aún no ha recibido respuesta. Especialistas en derecho fiscal y economistas urgieron meses atrás cambios en el sistema de dietas. Begoña Sesma, profesora de Derecho Tributario de la Universidad, advirtió: «Si no hay desplazamiento real, no puede haber dieta exenta de tributación» mientras que Miguel de la Fuente, decano del Colegio de Economistas de Asturias, cuestionó esa práctica, que «supone un agravio comparativo al resto de los contribuyentes».
