Un «ejemplo» a las puertas del desahucio

Marcos Álvarez, de 38 años, regenta un pequeño negocio de alojamiento rural en Piloñeta, una localidad próxima a Nava. Es autónomo. Dispone de una casona que le da para alquilar habitaciones a los turistas. En el edificio tiene su trabajo y su residencia. La suya, la de su mujer y la de su hijo de 19 meses. Hasta hace unos años, su negocio funcionaba más o menos bien, al punto de que llegó a ser reconocido con el sello de calidad turística del Principado de Asturias y, año tras año, era puesto como «ejemplo» por el máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de Oviedo. Hoy, su proyecto de vida corre el riesgo de saltar por los aires. Está a las puertas de un desahucio que lo dejaría de un plumazo sin casi nada. Por eso, ha recurrido a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Álvarez no abona la hipoteca desde finales del año pasado, pero lleva intentando negociar con su banco desde 2011. Tiene voluntad de pagar, pero su entidad bancaria «la de siempre, la de toda la vida», no escucha su propuesta. Ha probado de todas las maneras: directamente, a través de la Oficina de Intermediación del Principado y por medio de contactos de amigos. Lo único que consiguió fue reunirse en una ocasión con un directivo que le espetó una sentencia fulminante: «Me dijo textualmente: "Hemos dejado que os pudráis"». No consigue quitarse esa frase de su cabeza.

El naveto y su familia están al límite. Por eso han trasladado su caso a la PAH, una organización que lucha contra «esos abusos» y ofrece asesoramiento y amparo. En Asturias, cuenta con 100 activistas entre Oviedo, Gijón y Avilés. Su historia llamó tanto la atención que, desde ayer, más de 160 miembros del colectivo de toda España analizan su caso en unas jornadas que se desarrollan en Nava y se alargarán hasta mañana. Entre los asistentes figura Ada Colau, la portavoz nacional. «Es otra muestra de abuso de poder que no se puede permitir», explica. Los talleres, que sirven para compartir experiencias, se celebran en la Casa de Cultura de la capital naveta.

«Las familias no les importamos absolutamente nada», afirma Álvarez. Su tono es sereno: «Queremos pagar cuotas más reducidas porque tenemos menos ingresos, pero como nuestra deuda es pequeña el banco no acepta porque se lo quiere adjudicar a un precio muy pequeño para poder después especular con él. Eso es lo que denunciamos. ¿Por qué no aceptan una cuota inferior? Prefieren echar a una familia a la calle para tener más beneficios», explica. Los activistas, que lo arropan detrás, aplauden su intervención con un «sí se puede». Pero pide calma y continúa: «El banco tiene un fin especulativo en el que nosotros no pintamos nada. Para ellos somos números. Yo ya fui engañado y lo tengo muy mal. Muy negro. Sólo pido que no engañen a más gente. Que, por favor, la gente denuncie, que no pase vergüenza».

Álvarez no tiene esperanza, pero alrededor se amontonan historias que le dan permiso para ser, al menos, un poco optimista. Como la de Gemma Palomo, de Valencia, que consiguió que su banco le quitara la deuda tras cinco años de lucha. Esta mujer todavía se pregunta por qué el banco le concedió una hipoteca de 117.000 euros con su nómina de 525 euros mensuales sin pedirle ningún aval ni un estudio previo. Ella la firmó porque quería un techo para su hijo de 9 años, con quien ahora vive en el comedor de casa de sus padres. «Yo, en aquel momento, la podía pagar y tenía trabajo. No pensaba que la situación se fuera a torcer», justifica. «Pregunté en su momento qué pasaba si perdía el empleo y me contestaron que me quedaba sin casa y ya está», dice. Ahora es activista como Susana Ordóñez, de 39 años y de Barcelona, que después de muchos intentos está en negociaciones con su banco para que no la desaloje. A ella, a su marido y a sus dos hijas, Ona y Ada, de 3 y 5 años respectivamente. Susana compró su vivienda en 2006 «porque estaba igual que alquilar», pero perdió su trabajo dos veces durante sus dos embarazos. Su cuota era alta y, tras exprimir sus ahorros, le llegó el momento de elegir: pagar la hipoteca o comer. Eligieron comer. Empezó entonces una carrera para negociar con su entidad bancaria, que finalmente consiguieron. Ahora confía en que la liberen de la deuda y le faciliten el alquiler social.

Una suerte que no tuvo Sara Vázquez. Esta abogada y empresaria se vio obligada a vivir en la calle, primero, y a ocupar casas, después, tras ser desahuciada en 2011, tras dos años sin pagar. De hecho, tuvo que dejar su Madrid natal para trasladarse a Málaga, donde estaban sus padres. «Te destrozan toda una vida. Eres una persona devastada», recuerda. Sara se fue a Barcelona a pedir ayuda a la PAH y encontró el impulso para salir adelante: «Es un espacio de autoayuda. Te das cuenta de que realmente no tiene nada que ver contigo, que es una situación social, económica y global vergonzosa, que te han estafado», dice. Marcos, a su lado, asiente. Ha pedido ayuda para mantener su casa y su negocio. Para volver a presumir de ser un «ejemplo» en su trabajo.