El ataque rentable del lobo

Ganaderos que atribuyen la muerte de sus vacas a ataques de lobo para cobrar las indemnizaciones. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) ha denunciado ante la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) y la Jefatura de Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) la proliferación de este tipo de «prácticas fraudulentas» entre ganaderos asturianos. Según la entidad ecologista, representada en esta denuncia por el biólogo Alberto Fernández Gil, los gastos por esos daños, que tramita la Consejería de Agroganadería, se abonan de forma directa al perceptor sin que nadie compruebe si efectivamente existe relación entre el percance y el animal salvaje.

«Ni siquiera se verifica la presencia del animal en la zona», añade el escrito al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. La asociación advierte de que los encargados de efectuar esa supervisión para determinar si los percances corresponden o no a ataques de lobos, son guardas que, a su vez, son ganaderos (o familiares de ellos), que no dejan opción a que la muerte de una vaca pudiera ser causada por otros factores como enfermedades o ataques de perros. «Es un examen visual, no se realiza contraste alguno de los datos observados por los guardas con pruebas de laboratorio», señala la denuncia.

Cuando una vaca muere atacada por un lobo en zona declarada de espacio protegido, Agroganadería compensa al ganadero. Al valor de la propia vaca se añade una plusvalía de un 10% (un 20% si el daño se le atribuye al oso). ASCEL denuncia, además, que cada damnificado percibe una doble indemnización por el mismo daño: primero recibe la partida procedente de la compañía aseguradora y después, «a sabiendas de que ya ha cobrado», solicita su compensación a la Administración pública, algo que, según consta en el documento de los ecologistas, «puede constituir un delito de fraude a la Administración Pública o de estafa a la misma».El ataque «interesado» del lobo, indican los ecologistas, otorga cada vez peor imagen al lobo en Asturias, al punto de que ya se han aprobado controles que incluyen batidas para la protección del resto de especies. «La consecuencia de esta práctica delictiva ocasiona que se atribuya al lobo un número ingente de daños que lleva a la decisión política de reducir drásticamente la población de la especie», indica ASCEL, que también denuncia supuestas irregularidades por parte del Principado (la dirección general de Recursos naturales) a la hora de hacer una estimación de población de la especie, datos incluidos en el Programa anual de Actuaciones de Control de Lobo 2012-2013. Según Agroganadería, que aprobó el plan el pasado octubre, en Asturias había en 2011 un total de 32 grupos de lobo, base sobre la que se autorizó la muerte de sesenta y seis ejemplares, la eliminación de cuatro camadas y la erradicación local de la especie en distintas zonas. En ese punto, ASCEL denuncia que el informe técnico en el que se apoyó la consejería para tomar estas decisiones constataba que número total de grupos de lobos en Asturias en 2011 eran de 23 y no de 32. «El dato es falso», sostiene el organismo ecologista, que conjetura si se trata de «un error de cálculo o bien de una presunta falsedad documental».

La asociación denuncia también la resolución que autoriza a erradicar la especie en la Sierra del Cuera (Peñamellera Alta). Aducen que la «eliminación de cualquier especie autóctona está prohibida».