26 de agosto de 2013
26.08.2013
40 Años
40 Años
 

Los abogados alegan contra la división entre letrados de tribunales y asesores

El Consejo de la Abogacía considera que la ley de Servicios Públicos recorta la autonomía de los colegios y se inmiscuye en su administración

26.08.2013 | 00:00

Los abogados preparan ya las alegaciones que presentarán al anteproyecto de la ley de Servicios Públicos aprobado por el Gobierno a principios de mes, según el Consejo de la Abogacía. El anteproyecto está actualmente en su fase de información pública y pueden presentarse alegaciones hasta el próximo 16 de septiembre. El principal punto de rechazo de los abogados reside en la división de la profesión entre los letrados que acuden a los tribunales y los asesores jurídicos, que no tendrán que inscribirse en los colegios profesionales. Para los abogados, esta sola medida planteará graves problemas, puesto que los ciudadanos perderán su confianza en los asesores al carecer de la garantía que ofrece su pertenencia a un colegio, que vela por el cumplimiento de las normas deontológicas y profesionales. Por contra, sostienen los abogados, los asesores jurídicos, sometidos únicamente a un vínculo laboral, perderán el respaldo de pertenecer al colegio.


Pero no es la única medida que enfrenta a los abogados con el Gobierno. La normativa introduce novedades en la organización interna y el funcionamiento de los colegios. No sólo retira la potestad disciplinaria de estas entidades, que estará depositada ahora en un órgano externo al colegio, sino que establece incompatibilidades para los decanos, que no podrán ser dirigentes de partidos políticos o aseguradoras. El Consejo de la Abogacía considera que el proyecto supone una injerencia de la administración en los colegios, que ven recortada su autonomía, sin olvidar que invade competencias de autonómicas.


Para el decano del colegio ovetense, Enrique Valdés Joglar, el asunto más grave es sin duda la «división» que establece en la profesión, y la falta de garantías que sufrirán los ciudadanos respecto a abusos deontológicos.


Después del trámite de información pública, que podría variar el contenido del texto, el Gobierno entregará el anteproyecto a las instituciones y organismos que deben informarlo, y será entonces cuando el Consejo de la Abogacía presente su informe oficial. Los letrados reclaman al Gobierno diálogo para modificar los puntos más polémicos.


La mayor parte de los colegios profesionales han mostrado su rechazo al texto y presentarán también alegaciones. Los procuradores, por ejemplo, se quejan de que la función de representación pueda ser ejercida también por los abogados. Y los arquitectos consideran que se desregula el sector y establece dos categorías de profesionales, lo que dará pie a una mayor litigiosidad e inseguridad jurídica. Y es que para ejercer la arquitectura no será necesario tener esta titulación en exclusiva.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído