Una voz disonante en medio del lamento generalizado de los rectores por la prohibición de renovar plaza pública y de contratar nuevo personal impuesta por el Gobierno. El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Toledo, nadó ayer a contracorriente durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar cuenta del informe de fiscalización del sector público autonómico de los años 2008 y 2009 al señalar que «el sistema de Educación Superior está sobredimensionado». Según explicó, «la media de alumnos equivalente por profesor es muy baja, encontrándose en disminución en los últimos tiempos».
Álvarez de Miranda subrayó que la «media de créditos impartidos por profesor equivalente en las universidades públicas estudiadas era en ese período inferior a los 24 créditos al año exigidos por ley». Además, denunció que algunas instituciones académicas aprobaron sus presupuestos antes del arranque del ejercicio y que, después, incluyeron modificaciones con incrementos medios de entre un 31 y un 35 por ciento. «Esto pone de manifiesto la ausencia de rigor en la elaboración de estos documentos», dijo.
El Tribunal de Cuentas emitió hace meses un informe en el que ponía también en cuestión los planes de prejubilaciones llevados a cabo por 33 instituciones académicas españolas, entre ellas la Universidad de Oviedo, al entender que se habían aprobado remuneraciones «de oro» para los profesores que se acogieron a esta posibilidad. Además, indicó que estas iniciativas «carecían de soporte legal».
