Todo, un año y medio entero de lucha, de manifestaciones, concentraciones y reuniones, se resolvió felizmente en una llamada. Una llamada de teléfono que llegó a las siete de la tarde del lunes y que confirmó que sí, que los Grupos Parlamentarios que debatían la Ley de Reforma local en el Senado aceptaba in extremis una enmienda que reconocía definitivamente el carácter de entidades locales a las parroquias rurales. Es decir, que, en el nuevo reglamento, continuarán figurando como entes públicos, requisito indispensable para mantener el control de su patrimonio, que en el caso de las 39 existentes en Asturias Asturias asciende a más de 100.000 hectáreas de montes comunales además de asuntos relacionados con la gestión del agua, la venta de madera...
Andrés Delfín Rojo, presidente de la Federación de Concejos, Pedanías y Parroquias Rurales (FAPAR) y José Manuel García, secretario de la Federación Asturiana de entidades locales menores (EML) se enteraron de la noticia en un autobús. Al otro lado del teléfono, su interlocutor, un senador del PSOE, les leía textualmente la enmienda. Así quedaba lo referente a las parroquias rurales en la nueva Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, que se aprobará mañana en el Congreso: "Las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio existentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley mantendrán su personalidad jurídica y la condición de entidad local". La condición de entidad local, ahí está su último triunfo, el último de tres: primero consiguieron que no se les eliminase de un plumazo, como pretendía inicialmente la ley; luego lograron que las deficitarias tuvieran 12 meses para presentar sus cuentas, en lugar de tres y ahora consiguen mantener su personalidad jurídica. De esta forma, las 39 parroquias rurales asturianas, saneadas todas ellas, continuarán igual que estaban: "Es un triunfo del pueblo frente al Gobierno gracias a las presiones", se felicitaba ayer José Manuel García.
