La reciente operación de la Guardia Civil poniendo al descubierto la irregularidad de cobros de los daños causados por los lobos en Asturias supone un punto de inflexión a una campaña desatada en diversos ámbitos, que ha llegado a cuestionar si la fauna asturiana es un verdadero problema para el desarrollo socioeconómico del medio rural asturiano.
Más de mil expedientes cobrados supuestamente de manera fraudulenta ponen el dedo en la llaga de una situación que año tras año ha llegado a ser insostenible para la conservación de la naturaleza, dado que en realidad, tras el pago de indemnizaciones de animales salvajes, además de hacer justicia para compensar la pérdida de un patrimonio económico, se esconden también resortes de intereses variados que nada tienen que ver con la fauna.
Ahora la duda recae sobre cuántos de esos expedientes cobrados de manera duplicada corresponden en realidad a verdaderos daños causados por el lobo, y cuántos a un mayor fraude, al depositar el propietario un animal muerto por causas ajenas al lobo en el campo, lo que termina con esta especie salvaje como autora del daño tras el correspondiente expediente tramitado por la Administración regional.
Esta operación policial pone al descubierto una situación de evaluación y pago de daños anómala de la cual no se escapan otras especies de nuestra fauna. El oso carga también con muchas de esas culpabilidades fraudulentas, y especies como el ciervo, diezmado actualmente por una política de eliminación de la población para no pagar daños, se sitúa ante una acción aún más insólita que podría llegar a colapsar la población de este ungulado, con los desequilibrios correspondientes para los ecosistemas donde habita.
En algunas áreas de Asturias los daños del ciervo no se comprueban sobre el terreno, sino que se tramitan los expedientes en función de los daños peritados en años anteriores. Es decir, aun diezmando la población de ciervos se pagaría la misma cuantía económica que en años anteriores.
Resulta evidente que el sistema de pago de daños por indemnizaciones de fauna salvaje ha sido corrompido por estrategias de trabajos administrativos, llegando hasta nuestros días la aplicación de un modelo obsoleto que, como podemos comprobar, termina en muchos casos y de una manera u otra en fraudes sistemáticos a la Hacienda pública, de la cual hay mucho empeño en decir que esa Hacienda somos todos los españoles. Es decir, nos engañan.
Aun así, esta situación no debería de hacernos olvidar que, efectivamente, la fauna salvaje causa daños a los intereses económicos del medio rural. Y es obvio que si esos daños existen deben ser compensados con justicia. Lamentablemente, no parece estar la Administración asturiana cualificada ni capacitada para satisfacer al mundo rural en el marco de la legalidad las justas indemnizaciones que se deben asumir por mantener, proteger y conservar un bien común y muy preciado en Asturias como es la biodiversidad, lobos incluidos.
Ello podría dar pie a un posicionamiento al contrario, es decir, dejar de pagar con justicia los verdaderos daños causados por la fauna salvaje, un objetivo irrenunciable para quienes desde el ámbito del trabajo de la conservación de la naturaleza venimos reclamándolo desde hace más de treinta años, cuando se implantó en Asturias un modelo de comprobación y pago de daños ejemplar, pero que con el tiempo se ha prostituido hasta el límite de lo que estamos comprobando actualmente.
Tampoco el ecologismo astur, responsable de poner al descubierto esta situación ilícita, debe perder referencia de la necesidad de compensar justamente los daños de la fauna salvaje, siendo este un compromiso imprescindible en las estrategias de protección de nuestra naturaleza, y deberá, asimismo, hilar muy fino para no caer también en una exigencia intransigente, con medidas de evitar el control serio y riguroso mediante estudios técnicos y científicos de poblaciones de fauna salvaje, para garantizar la conservación de modelos exclusivos de procesos ecológicos en los que el mundo rural tiene un papel clave.
Pero, eso sí. Volviendo al tema del proceso iniciado tras las investigaciones de la Guardia Civil, que confío en que sigan adelante, se destapa con el asunto de los daños de los lobos y las indemnizaciones ganaderas uno de los modelos de gestión peor aplicados por la Administración asturiana desde hace años, y del que en la actualidad, aunque no haya sido causante en origen, sí es responsable el Gobierno regional socialista y, por extensión, aquellos grupos políticos que, aun estando en la oposición, han hecho de los daños del lobo ejercicio de campaña política, avalando con su actitud la existencia de una corrupción ahora puesta al descubierto.
