Los procesos y las investigaciones judiciales se han convertido en los últimos años en un lastre del que no se libra casi ningún partido de los que tienen mayor implantación en Asturias. Consejeros, diputados regionales, alcaldes, ex alcaldes y concejales del PSOE, Foro, PP e IU se han visto salpicados en diferentes casos relacionados con actividades irregulares cuando no delictivas.

El mayor caso de corrupción detectado en el Principado provocó incluso el encarcelamiento preventivo del ex consejero de Educación y Cultura, José Luis Iglesias Riopedre, en el invierno de 2011, prácticamente en plena precampaña electoral. La operación Marea, en la que también fue detenida la ex directora general María Jesús Otero, supuso un contratiempo inesperado para los socialistas en las elecciones autonómicas de aquel año. Las investigaciones judiciales también alcanzaron a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, a la que el juez instructor ha descargado de toda responsabilidad si bien todavía está a la espera de la resolución final de los recursos. El también socialista Francisco González renunció a su acta de diputado el pasado año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias decidiese la apertura de juicio oral por un supuesto delito de exacciones ilegales, consistente en la realización de cobros ilegales a los chiringuitos para pagar la seguridad a cargo de agentes municipales, unos hechos que tuvieron lugar cuando era alcalde de Cudillero. Además, el juzgado de Pravia ha archivado una denuncia por un supuesto delito de malversación de fondos públicos contra el alcalde del municipio, Antonio Luis del Solar, ya que los hechos que se le imputaban no están tipificados en ningún delito.

Dos alcaldes de Foro también han tenido que dimitir meses atrás al ser condenados por delitos de prevaricación. El ex regidor de Cabrales, José Antonio Pérez Prieto, fue castigado a 7 años de inhabilitación por simular el contrato de uno de sus concejales durante tres años mientras que el ex alcalde de Ponga, Cándido Vega, fue inhabilitado y condenado a año y medio de cárcel por delitos de prevaricación, desobediencia y contra los recursos naturales por autorizar el arreglo de varias pistas y caminos del parque natural de Ponga sin el preceptivo permiso del Principado. El líder de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, fue llamado a declarar el pasado verano, como testigo, en relación con el caso Gürtel. El ex presidente del PP de San Martín del Rey Aurelio, Joaquín Fernández, es uno de los imputados de la operación Pokémon, en la que también se investiga el ex alcalde de Pravia Carlos Guerrero. Y el ex alcalde de Cangas del Narcea José Manuel Martínez, de IU, está imputado por sobrecostes en obras municipales.