El TSJA inhabilita 7 años al portavoz de IU, Ángel González, que recurrirá al Supremo

Los magistrados de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias consideran probado que "existió un fraccionamiento ilegal de contratos públicos" y que esa decisión "obedeció exclusivamente a la voluntad del acusado, que era viceconsejero de Bienestar Social y lo pudo hacer al contar con la aquiescencia y el respaldo del coacusado, Roberto Moro, que ostentaba el cargo de secretario general técnico en la Consejería de Bienestar Social". La sentencia impone idéntica condena, siete años de inhabilitación, a este funcionario, si bien el tribunal precisa que su fallo no implicará la pérdida de su condición de empleado público.

La sentencia asume la mayor parte de las tesis sostenidas por el fiscal Alejandro Cabaleiro, quien había basado su acusación en los testimonios de dos funcionarios, la ex jefa de servicio Mónica Montes y el coordinador Enrique Blanco. Los magistrados concluyen que la decisión de fraccionar la contratación de 81 monolitos mediante tres contratos menores de suministro queda acreditada en tres resoluciones firmadas por Ángel González, a finales de 2010, en contra del criterio mantenido por la citada jefa de servicio. El fallo sostiene que la finalidad de ese fraccionamiento era "tramitar de forma urgente la contratación, obviando los cauces legales establecidos". El portavoz de IU, tras conocer su condena, afirmó que "la dignidad de las personas asesinadas está antes que nada, aparte del cumplimiento de la ley" y sostuvo que "aquí hay una caza de brujas como me dijeron meses atrás".

El ponente de la sentencia, Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, "otorga plena credibilidad a las declaraciones" de los funcionarios que comparecieron como testigos "pese al reiterado intento de las defensas de los acusados de desacreditar su testimonio". El portavoz parlamentario hizo pública su disconformidad seis horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias divulgara su fallo. "Es una sentencia injusta, no tiene un análisis riguroso de lo que se planteó desde las defensas", manifestó en los pasillos de la Junta General Ángel González, quien cuestionó tanto el contenido del fallo como la fecha elegida por los magistrados de la sala civil y penal del TSJA para hacer publica la sentencia, justo en el inicio de la campaña de las elecciones europeas. "La sentencia fotocopia lo que dijo el fiscal hasta en el último minuto del juicio", criticó el diputado de IU, que añadió que la acusación pública se basa "en una mentira" para luego insistir, como ya había hecho su abogada, Ana García Boto durante el juicio, que la principal testigo de la Fiscalía "cambió tres veces su declaración". Los magistrados discrepan en su sentencia de ese argumento de las defensas. "En lo sustancial las declaraciones son firmes y explican con precisión y claridad los hechos acaecidos. No aprecia la Sala contradicciones sustanciales en las declaraciones de los testigos", plantea el ponente, Ignacio Vidau, quien considera probado en los fundamentos de su sentencia un episodio clave: la visita del viceconsejero al despacho de la jefa de servicio para manifestarle que la contratación de los monolitos "no se podía tramitar por el procedimiento negociado porque llevaba mucho tiempo y él lo quería hacer urgentemente". Tras esa conversación, asume el magistrado, la funcionaria acudió al despacho del secretario general técnico, quien le dijo que la contratación "tenía que hacerse en la forma que quería el viceconsejero".

"La sentencia se basa en una acusación falsa. La funcionaria no me ha dicho jamás nada. Mantengo que es una acusación falsa", repitió una y otra vez Ángel González ayer en la rueda de prensa improvisada a las puertas del hemiciclo, donde el portavoz de IU confirmó que no piensa dimitir pues ya ha dado instrucciones su abogada para que recurra la sentencia ante el Tribunal Supremo. El fallo del TSJA no es firme ya que las partes disponen de un plazo de diez días para presentar un recurso de apelación que deberá resolver la sala segunda del Tribunal Supremo. "Voy a seguir trabajando en la idea política (...) Mi organización ya se pronunció en marzo del año pasado y respaldó mi gestión. Esto no es corrupción. Me atengo a lo acordado. Tengo derecho a recurrir en apelación ante el Supremo", esgrimió el portavoz de IU en la Junta General del Principado, quien gracias a ese recurso podrá mantener su escaño en el Parlamento regional, al menos hasta que haya un fallo del Tribunal Supremo.

"Injusta y arbitraria"

La sala civil y penal reconoce que las arcas del Principado no se han visto afectadas en la prevaricación administrativa por la que son condenados Ángel González y el ex secretario general técnico, pero precisa que el comportamiento de ambos pone en entredicho la credibilidad de las instituciones. "Es preciso también decir que para la existencia de este delito no es necesario que, como ocurre en el presente caso, no se produzca un daño efectivo a la cosa pública porque (...) el daño está constituido por la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas deben merecerle porque como custodios de la legalidad, son los primeros obligados, y esta quiebra puede producir efectos devastadores en la ciudadanía". Para los jueces, la actuación del ahora portavoz de IU en esa contratación fue "injusta" y "arbitraria". Los magistrados desestimaron los alegatos de vulneración del derecho de defensa planteados por los letrados de los dos acusados, que se quejaron de que no se habían practicado careos en la instrucción. "El tribunal no ha sido imparcial", lamentó el portavoz de IU.