El letrado de Verena Prendes, César Collazos, incidió en el hecho de que la querella se hubiese presentado dos meses antes de unas elecciones municipales y en que los pagos fueron en realidad "gratificaciones pactadas", totalmente transparentes, aunque no hubiese ordenanza que las autorizase.
El letrado Javier Núñez mostró su desacuerdo con que "se quiera criminalizar a un alcalde por no haber sacado una tasa". E indicó que "ese dinero lo cobraron los agentes por un servicio, incluso uno de los que acusa", en referencia al sargento de la Policía. "No toda irregularidad es delictiva. No haber aprobado una tasa puede ser una irregularidad, pero no un delito", remató.
Las acusaciones particulares confían por su parte en que el desarrollo del juicio les permita ampliar la acusación hacia los delitos de cohecho y apropiación indebida, que ya se incluían en el escrito de la querella. Gonzalo Botas llegó a pedir cuatro años de cárcel para cada uno de los acusados por cohecho, aunque considera que hay indicios de que parte del dinero no llegó a manos de los agentes y por tanto habría un delito de apropiación. Gabriel Giraudo, que defiende los intereses de tres de los hosteleros de los chiringuitos, pidió cuatro años de cárcel para González y tres para Prendes, por un delito de cohecho. Pide además indemnizaciones para los hosteleros por importe de 40.000 euros, el doble de las cantidades cobradas.
