"Nadie, nadie, nadie me dijo que fuese ilegal que los hosteleros de los chiringuitos del puerto pagasen la vigilancia a los policías", aseguró ayer el alcalde de Cudillero, Francisco González, en la primera sesión del juicio con jurado que se le sigue a él y a la exedil Verena Prendes en la sección tercera de la Audiencia por un delito de exacciones ilegales. González aseguró que no propuso los pagos, sino que fueron los hosteleros quienes pactaron con los agentes, ya que las empresas de seguridad les salían por un mucho dinero, y que sólo planteó que los pagos no se realizasen en mano. Para el anterior regidor, no hacía falta que hubiese una tasa que justificase los cobros, porque se trataba de un servicio que prestaba el ayuntamiento a un privado. El fiscal, que considera que la Policía cobró de forma ilegal por un servicio que formaba parte de sus obligaciones, pide cuatro años de inhabilitación para el exalcalde y exdiputado.

La magistrada Virginia Fernández tuvo que llamar al orden al exregidor, empeñado en ilustrar al jurado con una prolija historia de los chiringuitos. "Se acelera usted cada vez más", le advirtió la juez después de que González reconociese que había estado "buscando papeles en el Ayuntamiento" para defenderse. La vista adquirió tintes surrealistas cuando uno de los abogados de la acusación particular, Gabriel Giraudo, pidió a la juez que reconviniese al abogado del Ayuntamiento, Javier Núñez. "Se está riendo a cada momento", se quejó. "No me río de nada", respondió el otro. "Se están caldeando los ánimos", zanjó la juez.

"Todo el dinero que se cobró fue para pagar a la Policía", aseguró González. "No llevé nada para casa", indicó Prendes. González afirmó que sólo se reunió una vez con los hosteleros, en 2003, para explicarles que la ley de Espectáculos les obligaba a contratar seguridad. "Les dije que hablasen con la Policía para ver si estaban dispuestos a hacer el servicio", dijo. Añadió que los pagos los regulaba el interventor y que ese año se incluyeron en los presupuestos. Luego ya no, y el tesorero le daba el dinero al jefe de Policía y éste a los agentes. "Mientras no fuese más de 3.000 euros, se podía pagar en Tesorería. Sólo dije que quería transparencia", dijo. E indicó que no tenía por qué saber si se pagaba a los agentes en nómina o en mano. "No tengo formación jurídica, pero cae de cajón que no era necesario hacer una ordenanza para algo que no iba a durar. No sabía lo que se pagaba ni cómo", afirmó. Verena Prendes se justificó por su bisoñez y en que el asunto de los cobros era sobrevenido. "Simplemente intermediamos entre los hosteleros y los agentes", dijo. "No entiendo por qué tenemos que devolver el dinero, si el servicio se realizó".

Para el fiscal, Alejandro Cabaleiro, la cuestión clave es saber "de quién fue la iniciativa y el grado de conocimiento que tenían los acusados de que lo que hacían era ilegal". Uno de los abogados de la acusación particular, Gonzalo Botas, que defiende los intereses del sargento jefe de la Policía Local cudillerense, Prudencio Iván Flórez, indicó que "los hechos son más graves de lo que dice el fiscal". "El nivel de desprecio al derecho es tal que llegaron a entregarse documentos que demuestran la ilegalidad. Es verdad que se realizaron los cobros, y hay un fraude a Hacienda, ya que se pagaba a los agentes en los famosos sobres".

González y Prendes se han buscado dos penalistas del despacho Rodríguez-Mourullo. El letrado de González, Alberto Rodríguez-Mourullo (que estuvo diez años en Uría Menéndez), indicó al jurado que "lo que tienen que valorar es si los pagos fueron exigidos, impuestos por el Ayuntamiento, o convenidos, pactados entre los hosteleros y la Policía". Denunció además que el blog "Señor Alcalde" ha publicado la lista de testigos con la intención de coaccionarlos.