Todo está en manos del jurado. Francisco González, Kiko, exalcalde socialista de Cudillero y exdiputado de la Junta General, y Verena Prendes, exconcejala del mismo municipio, imputados por un delito continuado de exacciones ilegales, lo saben. Por eso ayer, en la quinta sesión del juicio con jurado que se celebra desde el lunes en la Audiencia Provincial, no pudieron contener la emoción en su turno de última palabra al pedir su libre absolución. "Estoy aquí para implorarles mi inocencia", dijo con los ojos llorosos el exalcalde de Cudillero.

González arrancó su discurso pidiendo perdón. "El lunes me aceleré mucho en mi exposición, pero es por lo convencido que estoy de mi inocencia. No sé qué hago aquí", afirmó. Kiko explicó que llevaba más de 30 años en política y que nunca se había enfrentado a algo así. "He tenido que escuchar de todo sobre mí en estos cinco días. Si me hubieran dejado, me pasaría las noches enteras contestando a los que han pasado por aquí. Dimití el 9 de mayo de 2013, el mismo día que se me imputó por esta causa. Eso demuestra algo que no es muy habitual en este país en los últimos años. Desde que dimití llevo preparando esto". González contó que pese al abandono de su puesto en la Junta sigue pagando su escaño. "Tuve que pagar 15.000 euros por una demanda y pedí un crédito. Tengo dos hijos en paro y uno más pequeño que tiene que leer titulares que hablan de peticiones de varios años de cárcel para su padre", contó. El exalcalde subrayó que pactó con los hosteleros del pueblo pixueto por la seguridad de todos, pero que no había ningún interés particular. "¿Qué interés puedo tener yo en exigir un dinero que no va para mí? Siempre pensé que los municipales cobraban ese dinero en sus nóminas", apuntó.

Dirigiéndose al jurado y señalando al letrado de Prudencio Iván Flórez, el sargento de Cudillero que presentó la querella contra los dos acusados, González insistió en que "ya me han apartado de la vida política. Probablemente, nunca volveré, aunque seguiré al lado de los ciudadanos y de la clase trabajadora. Lo que no voy a perder es mi dignidad. Por eso les pido mi inocencia. Miren mis ojos y entenderán lo que siento. Es un sinsentido este proceso".

Tras él, llegó el turno de última palabra de la exedil Verena Prendes. "Por primera vez reivindico que soy inocente", afirmó mirando al jurado. La exconcejala de Cudillero explicó que mantuvo una reunión con los hosteleros en 2007 y que envió una carta reclamando los pagos porque había un acuerdo y pensaba que el dinero estaba fiscalizado. "Consiguieron su objetivo. Ni Kiko ni yo somos nadie en la política. ¿Qué más quieren? Todo esto es por dinero", dijo. Sin poder contenerse más, Prendes se derrumbó ante la sala al contar que "el día que me dijeron que me habían imputado, estaba en el hospital recibiendo la noticia de que iba a ser mamá. Nacieron mis gemelos y durante el juicio de Pravia, mi hija estaba con mis familiares siendo enterrada. Acabaron con mi vida política, personal, la vida de mi hija y casi la de mi hijo". Rogando al jurado que sean los más "objetivos posibles" en el veredicto que se dará a conocer el próximo lunes, Prendes destacó que no entiende que sea culpable. "Ya pagué bastante", añadió.

Por estas palabras, uno de los hosteleros emprenderá acciones legales. También lo hará el abogado de Flórez, Gonzalo Botas. "Uno de los hosteleros me ha confirmado que la causa de la pérdida del bebé fue un virus. Si es la verdad, y la acusada jugó con la muerta haciéndonos responsables de ella, al margen de la bajeza moral que supone tratar de aprovecharse de eso para evitar la condena de una multa, va a tener acciones judiciales de forma inmediata", aseguró.

En cuanto a las conclusiones definitivas, la Fiscalía mantuvo su petición -4 años de suspensión de empleo y ostentación de cargo público, una multa de 14.400 euros y una responsabilidad civil que asciende a 38.080 euros en concepto de indemnización a los hosteleros- al considerar a ambos acusados autores de un delito continuado de exacciones ilegales; las acusaciones también elevaron a definitivas sus penas, salvo en el caso del abogado de los hosteleros que redujo unos meses la duración de la multa para Prendes; las defensas de los acusados solicitan la libre absolución de sus clientes al considerar que no ha quedado demostrado que se haya cometido exacción. Los letrados señalaron que durante las cinco jornadas no salió a la luz ninguna prueba de delito penal.