El salón de reuniones de la Casa de Cultura de Llanes se quedó ayer pequeño para acoger una charla coloquio titulada "Eutanasia, muerte digna, cuidados paliativos, testamento vital" en la que expertos en varias materias coincidieron en destacar el gran interés que concita este debate. Aunque la mayoría abogó por cambiar el ordenamiento jurídico actual para otorgar más derecho a decidir al paciente, también hubo quien defendió la postura del profesional ante los dilemas que suscita esta práctica.

La primera en intervenir fue la profesora titular del área de Filosofía Moral de la Universidad de Oviedo Asunción Herrera, que centró su ponencia en analizar las respuestas de la bioética al debate de la eutanasia. A este respecto, Herrera aseguró que el Estado no puede imponer una legislación a este respecto argumentada desde una postura religiosa. "Hay que dar una respuesta que tenga en cuenta todas las formas de vida, posturas y creencias", dijo, para luego defender la primacía del principio de autonomía del paciente frente a otros principios. "El objetivo del médico no tiene que ser siempre el de la perpetuidad de la vida, pues podría ir en contra de la decisión del paciente", aseguró para luego añadir que el profesional tiene que "evitar la enfermedad y también el sufrimiento".

Por su parte, Luis Montes Mieza, que fue director médico del hospital de la Paz de Madrid, lanzó una pregunta al aire: "¿De quién es la propiedad de la vida?", para luego responder: "Existen dos posibilidades: de la sacralidad, o mi vida es mía". Luego recordó que el debate de la eutanasia se remonta en España al año 1979 pero que se sigue sin dar pasos hacia un cambio del ordenamiento jurídico a pesar del respaldo popular. "La última encuesta decía que el 83% de los españoles estaba a favor de la eutanasia, pero la ministra Pajín obvió esta amplia mayoría", recordó, añadiendo que el 57% de los encuestados había vivido en su entorno casos de distanasia o muertes con dolor.

La doctora por la Universidad de Oviedo Noemí Sanz apuntó que la reticencia para poner en marcha cambios jurídicos habría que establecerla dentro de un contexto socioeconómico muy influyente. "Falta compromiso social y político para implantar servicios vinculados a la dependencia y otros aspectos del bienestar", declaró la experta en dependencia, que deja entrever que la falta de un marco jurídico para la muerte digna se ve afectada de lleno por la falta de recursos. "A veces está en el aire el futuro de las pensiones, pero según los datos que se manejan lo que está cuestionado es el futuro de todos los servicios del Estado del bienestar", indicó, apoyándose en datos que avalan la insostenibilidad del sistema en el futuro. "En 2050 el 10% de los europeos serán dependientes", dijo.

Por su parte, el exjefe del servicio de oncología del HUCA Ángel Jiménez Lacave trató de exponer a los presentes el papel que desempeña el médico en la atención a casos de enfermos graves y para ello utilizó un caso reciente vivido en persona. Jiménez Lacave señaló que en estas situaciones se plantean varios dilemas para los que tiene que buscar la solución que considere más apropiada. Entre dichos dilemas se centró en el de la sedación, al que se refirió como último recurso, y matizó que ésta debe hacerse "suministrando la cantidad mínima necesaria para calmar el dolor y poniéndose en lugar del paciente", un aspecto que consideró coherente con las demandas de los enfermos. "Los pacientes nunca piden la eutanasia, sino que se les evite el dolor", sostuvo, durante su intervención.

Por último, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo Miguel Ángel Presno defendió la necesidad de que el ordenamiento jurídico defienda el derecho del individuo a decidir en cuestiones personales. "Las leyes nos deben proteger del daño que puedan hacernos otros, no del que nos podamos hacer nosotros mismos", defendió en una postura que apoyó con argumentos como el hecho de que el suicidio no esté penado o que los ciudadanos ya tengan derechos como elegir su identidad o condición sexual con libertad; derecho que está penado por el artículo 143 del Código Penal, que instó a eliminar por "inconstitucional" y que señaló como causante de discriminaciones que empujan a los pacientes a buscar la eutanasia en otros países.