Asturias se convirtió ayer en la primera comunidad autónoma que reclama formalmente al Congreso una reforma de la Constitución. La propuesta, aprobada en la Junta a petición de IU y con el respaldo de PSOE y UPyD, pretende que la Carta Magna amplíe la participación popular, facilitando la celebración de referéndum, con el objetivo de lograr "más democracia". Para el PP, se trata de una "senda peligrosa" que da alas "a la minoría indignada", y para Foro ampara "el asamblearismo en lugar de la representatividad".

La iniciativa -que pese a coincidir con la consulta soberanista de Cataluña se desvincula de las tensiones territoriales, ya que se trata de consultas de ámbito nacional-, recoge una propuesta del 15-M y pretende que la Constitución amplíe las Iniciativas Legislativas Populares, y la celebración de plebiscitos y referéndum vinculantes.

El cambio que propone la Junta permitiría que 500.000 electores impulsaran iniciativas legislativas, en todas las materias salvo la ley de Presupuestos, la política fiscal, los tratados internacionales o las medidas de gracia. En la actualidad, todas las materias reguladas por leyes orgánicas (es decir, las que desarrollan derechos y libertades fundamentales) están excluidas de este tipo de iniciativas. El cambio también pretende impulsar la celebración de referéndum, que podrían ser convocados a iniciativa popular, para consultar a los ciudadanos sobre asuntos de especial relevancia (plebiscitos), para derogar leyes y para impulsar cambios en la propia Carta Magna. Actualmente, sólo el Rey, a petición del presidente del Gobierno y previa autorización del Congreso, puede convocar un referéndum, y no está contemplado que una consulta de estas características pueda derogar una ley.

El portavoz de IU, Aurelio Martín, fundó su propuesta en la necesidad de profundizar en la democracia, "en un contexto presidido por una crisis económica, social e institucional atroz y una creciente desafección y desconfianza de la ciudadanía hacia la política". Martín destacó que su grupo defiende una reforma constitucional en profundidad, "pero hay que ir paso a paso". Y destacó que la actual Constitución es "muy restrictiva" con las consultas populares. "En 36 años solo se celebraron dos, sobre la OTAN y la Constitución Europea". En Italia, destacó Martín, "solo en 2011 se celebraron cuatro". En cuanto a las iniciativas legislativas populares, se presentaron 96 y solo prosperó una, para declarar Bien de Interés Cultural la fiesta de los toros, añadió el portavoz de la coalición.

Ignacio Prendes, portavoz de UPyD, mostró su apoyo a la iniciativa, que considera "un paso fundamental" para profundizar en la democracia. "Nadie debe rasgarse las vestiduras", advirtió.

Su sucesor en la tribuna de los oradores, Matías Rodríguez Feito (PP), se las rasgó, en sentido figurado: a su juicio, la reforma "podría tener consecuencias trágicas", y su éxito en la Junta General del Principado se debe "a la demagogia del PSOE, que solo pretende mantenerse en el gobierno, haciendo guiños al que fue su exsocio". Criticó -al igual que había hecho poco antes la portavoz de Foro, Cristina Coto- que IU impulse esta iniciativa tras rechazar una propuesta, avalada por 25.000 firmas, para facilitar medios a las mujeres embarazadas. "Apoya la democracia participativa cuando dice las cosas que quieren oír", acusó Rodríguez Feito, para el que "la izquierda pretende imponer el derecho de una minoría indignada ante el de la mayoría pacífica, pretende incendiar las calles", cuando la prioridad debe ser "el empleo".

Foro planteó una enmienda apoyando la iniciativa legislativa popular, pero rechazando los referéndum, que a su juicio desvirtúan la democracia representativa en favor de "la asamblea".

El portavoz del PSOE, Fernando Lastra, reconoció que a su grupo le costó trabajo adoptar una decisión. "No es nuestra propuesta", reconoció, pero aseguró que finalmente se inclinaron a dar sus votos porque consideran urgente impulsar una profunda reforma constitucional. "Es una llamada de atención frente al inmovilismo", afirmó Lastra, que enumeró algunas de las reformas que considera necesarias, como la territorial. Respecto a si las consultas deben ser vinculantes, se mostró rotundo: "Cuando el pueblo habla, no sugiere, decide", afirmó. Lastra desvinculó la iniciativa de la consulta soberanista, "porque toda legitimidad pasa por cumplir las reglas del juego", y destacó que la única forma de que la Constitución siga viva es que pueda amoldarse a las necesidades de cada generación.