La reclamación universitaria para reducir el número de alumnos en los grados de Magisterio de de Infantil, Magisterio de Primaria y Pedagogía no ha caído en saco roto. La consejera de Educación, Ana González, admitió ayer la necesidad de tomar medidas cuanto antes para ajustar la oferta de plazas en estos títulos a la demanda de profesionales por parte del sistema. "No podemos seguir formando a 600 estudiantes cada año porque no podremos absorberlos. ¿Acaso no estamos generando de esta forma una frustración vital para muchos de ellos, no estamos creando un colapso?", señaló la representante del Gobierno autonómico durante la inauguración de la XII Asamblea Nacional de la Conferencia de Decanos de Facultades de esta especialidad, que se celebra estos días en Oviedo.

González recogía con estas palabras el guante lanzado hace meses por el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Juan Carlos San Pedro, que solicitó en varias reuniones con cargos del Principado algún tipo de decisión encaminada a elevar la calidad docente en su centro, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA. Entre ellas, citó la necesidad de "adaptar la matrícula a las actuales necesidades del sistema" e introducir cambios en los contenidos formativos, incrementando en paralelo la colaboración entre la Universidad y los colegios e institutos de la región. "Deberíamos tener como objetivo que todos los titulados sean grandes profesionales y, para ello, debe existir la posibilidad de ofrecerles un trabajo", dijo ayer la consejera.

La responsable de Educación se quedó, no obstante, en una declaración de intenciones al eludir pronunciarse sobre medidas concretas que posibiliten este endurecimiento de los criterios de selección del alumnado de Magisterio y Pedagogía en un futuro. Una política que podría pasar por la instauración de un reducido límite de plazas (númerus clausus) o por la imposición de una prueba específica para los candidatos a matricularse, con el fin de que demuestren sus conocimientos en cuestiones fundamentales. Posibles normas que, en ningún caso, afectarían a los estudiantes que ya se encuentran en la Facultad.

Además de este anuncio, esperado con ansias por los dirigentes académicos, González también abogó durante su intervención por una "educación que implique necesariamente la inclusión". "Nuestro objetivo debe ser que cada persona sea capaz de desarrollar un proyecto de vida autónomo y pueda acceder al aprendizaje del ejercicio de los derechos de ciudadanía", destacó, en presencia de decenas de decanos de casi todas las universidades españolas. Y pidió una "gran revolución para romper con el actual currículum, excesivamente disciplinar". "Tenemos que hacer frente al problema de convertir las asignaturas en cuestiones prácticas para la vida", remató.