El inversor canadiense Cary Pinkowski llegó a Asturias en 2010 dispuesto a explotar las más de 60 toneladas de oro que conforman el yacimiento de Salave, en Tapia de Casariego. Sus veinte años de experiencia en el desarrollo y financiación de proyectos mineros no le han servido para convencer al Principado de Asturias, que acaba de rechazar la explotación minera subterránea que Astur Gold quería desarrollar. La Comisión para Asuntos Medioambientales (CAMA) emitió una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable para el proyecto en base a los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC). Pinkowski, consejero delegado de la firma, se muestra muy crítico con la Confederación y también con el Gobierno regional, al que sopesa demandar por daños patrimoniales. La compañía minera estudia ahora todas sus opciones.
-¿Se esperaba la decisión del Gobierno asturiano de paralizar la mina?
-Siempre existe la posibilidad de que se produzca una decisión negativa basada en fundamentos técnicos o que en su lugar sea meramente política. Nosotros cumplimos todos los requisitos en materia social, comunitaria, medioambiental y económica. Pero varios grupos políticos se alinearon con los radicales de izquierda para decir "no" a los empleos. A la élite política no le importan en absoluto los puestos de trabajo. Lo que nos ponía nerviosos es que no solamente era el presidente de la Confederación, Ramón Álvarez Maqueda, el que tenía una residencia veraniega de lujo a 1.500 metros del depósito de residuos, sino también otros miembros de la élite asturiana. Es triste cuando los funcionarios del Gobierno imponen su criterio por encima de la gente que simplemente quiere vivir mejor. Ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo de que no formamos parte de la élite acomodada de Oviedo. Sólo queríamos desarrollar nuestro proyecto, que iba, naturalmente, a beneficiar a aquellos que querían trabajar.
-El Principado se apoya en los informes de la CHC, que según su empresa carecen de rigor. ¿En qué basan dicha afirmación?
-Nunca hubo un solo estudio técnico realizado por una organización gubernamental. Todos los tests que realizaron compañías medioambientales españolas e internacionales probaron que estábamos dentro de los límites de la legislación española y de la Unión Europea. El señor Maqueda rechazó reunirse con los promotores de la mina, nos dijo: "Nunca vamos a aprobar este proyecto, como si sacáis agua bendita". Con declaraciones de intenciones como ésta no importa lo que le hubiésemos presentado. Él estuvo presente en cada encuentro en Madrid, sin que dijera una sola palabra, aunque su firma y su sello estaban presentes en todas partes. En Canadá situaciones como ésta serían perseguidas. Tiene que dimitir. El Ministerio de Medio Ambiente, tras insistentes peticiones, visitó finalmente Salave por espacio de no más de 45 minutos. Es otro ejemplo descarado de una inversión de 100 millones que se viene abajo por culpa de la incompetencia.
-La CHC defiende que los técnicos del Ministerio propusieron varios emplazamientos más adecuados para las instalaciones mineras y que la empresa no hizo caso y mantuvo la ubicación original. ¿Por qué?
-Simplemente, no valían y la CHC era bien consciente de ello, pues al proponerlos no quisieron tener en cuenta factores como los arqueológicos o la cercanía de las viviendas. Uno de los sitios que sugerían los técnicos ministeriales se encontraba dentro del plan de ordenación del litoral de Asturias. Y el Principado siempre ha dicho que en el POLA no iba a autorizar nada, como ya desestimó el anterior proyecto a cielo abierto. Entre ambas administraciones no han sido capaces de ponerse de acuerdo sobre este punto.
-¿En qué falló su plan para explotar el oro de Salave?
-Empecé a temer por el proyecto cuando en las elecciones de 2012 el diputado de UPyD, Ignacio Prendes, que tenía la llave del Gobierno, se posicionó abiertamente en contra desde un punto de vista político. El presidente, Javier Fernández, también rechazó reunirse con el equipo directivo, pero además le hizo un desaire al embajador canadiense en España, Mr. John Allen, que fue previamente embajador en Israel y un diplomático importante y con quien no quiso reunirse. Javier Fernández estaba más preocupado ayudando a su amigo Villa (José Ángel Fernández Villa, exdirigente del SOMA-FITAG-UGT) con las minas de carbón deficitarias o haciéndose fotos con compradores del Real Oviedo. Esto no es serio. Planteamos la inversión y la creación de empleos más grande de Asturias y no quiso reunirse con nadie. Los retrasos que hemos sufrido en la tramitación de este proyecto no solamente perjudicaron a la compañía, sino a miles de familias que podrían haber tenido una vida mejor en esta crisis. A Belén Fernández (consejera de Ordenación del Territorio) el simple hecho de reunirse conmigo le llevó un año. Tardó dos en aprobar un simple proyecto de sondeos geotécnicos. Durante ese tiempo tuvimos que ver cómo un político de IU hacía sondeos ilegales en la calle de enfrente.
-¿En algún momento les dieron esperanzas desde el Principado de que la mina saldría adelante?
-Por supuesto. En 2010 nos dijeron que hiciésemos sondeos y que podríamos obtener los permisos en un plazo de dos años. Pero la Consejería de Medio Ambiente y la CHC siguieron pidiendo más informes. En realidad, pensamos que nunca tuvieron ninguna intención de otorgar autorización alguna.
-Según sus datos, han invertido veinte millones de dólares en el desarrollo del proyecto. ¿Supera lo previsto inicialmente?
-Desde luego. Teníamos presupuesto para tres años y tuvimos que concertar un crédito de 10 millones de dólares con uno de los bancos mineros más importantes del mundo.
-Algunos colectivos les acusan de dividir a la población tapiega y reprochan su actitud agresiva en los primeros años, cuando llegaron a plantear la recusación del entonces alcalde de Tapia, Manuel Jesús González "Cuco".
-No es cierto. Ya nos dimos cuenta al comienzo de 2010 de que había un grupo ruidoso y agresivo en contra de la mina. No lo formaban más de una docena de personas. Y había miles que deseaban trabajar. Nadie era más decisivo que Cuco. Más de 3.500 personas firmaron, identificándose, en apoyo de la mina. Cualquier político soñaría con tener más del 80 por ciento de apoyos durante un tiempo tan largo.
-¿Qué va a hacer ahora la compañía a corto plazo sobre el proyecto de Tapia?
-Evaluaremos todas las opciones.
-Se habla de la posibilidad de que demanden al Principado por daños patrimoniales. ¿Lo están valorando?
-Por supuesto que estamos valorando todas las posibilidades después de la decisión que nos han anticipado. Todavía no la conocemos en detalle y, por tanto, debemos esperar a conocer su contenido en su integridad. Lo importante es que ocurra lo que ocurra, dentro de cinco años nadie debería olvidar el legado de estos políticos, que han dicho que no a un proyecto que permitía explotar la riqueza de un país y que ahora puede quedar sin aprovechamiento alguno, mientras ellos ocuparán sus cargos de privilegio.
-¿Volverá a presentar un nuevo proyecto para Salave?
-Estudiaremos todas las opciones.
-¿Se plantea vender los derechos concesionales de Salave?
-Siempre quisimos desarrollar el proyecto, como prueba el hecho de que estuviésemos en Tapia cinco años y gastáramos 20 millones de dólares. Sería triste venderlo, pero consideraremos ofertas. Si alguien tiene un desempleado en su familia o un hijo o hija obligado a emigrar sólo pueden señalar a los políticos de Asturias. No todos, algunos realmente querían poner a trabajar a la gente. También tengo palabras de elogio para algunos de los empleados del Gobierno, no políticos. Con todo, ha sido una experiencia horrible tratar de hacer negocio en Asturias. Tengo muchos correos de gente de la industria de todo el mundo contándonos cómo se sienten. Ya nos habían advertido de que Asturias era coto vedado para los negocios. Tenían razón. Es un sitio exclusivo para los políticos y para la élite acomodada.
