31 de diciembre de 2014
31.12.2014

La fiscal reclama penas que suman 57 años para los principales implicados en "Marea"

El ministerio público considera al hijo del exconsejero Riopedre como responsable a título lucrativo, y hará declarar a cinco excargos de Areces

31.12.2014 | 02:14

La Audiencia Provincial comunicó ayer a las partes la calificación del "caso Marea" elaborada por la Fiscalía, en la que solicita penas que suman 57 años de prisión para siete implicados, así como multas por importe de 4,3 millones de euros y unas indemnizaciones de 2,2 millones, a falta de que se establezca exactamente el daño económico causado al Principado por las supuestas prácticas corruptas de los encausados, algo que "hasta el momento ha sido imposible", según resalta la fiscal Carmen Rodríguez.

El exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre sale mal parado, ya que se le solicitan penas que suman diez años y medio de cárcel, así como 400.000 euros de multa, por un delito continuado de prevaricación, otro de fraude y exacciones ilegales, un tercero de malversación y finalmente cohecho. La pena supone un tercio de la solicitada por la acusación popular ejercida por AVALL, que pide 30 años. La Fiscalía no establece las cantidades que deberá pagar Riopedre como indemnización, pero sí solicita que se considere a su hijo Ernesto Iglesias como responsable a título lucrativo (igual que la infanta Cristina en el "caso Nóos"), por los contratos para elaborar estudios de geotermia que su empresa obtuvo por las maniobras de su padre, y que se cuantifican en 366.000 euros.

La solicitud respecto a la exdirectora general de Planificación, María Jesús Otero, es superior, pese a que se le atribuyen los mismos delitos que a Riopedre, con cuya "aquiescencia" actuó. En concreto, se le piden once años y medio de prisión. La Fiscalía ha logrado establecer en 2,5 millones de euros la cantidad que obtuvo como soborno por parte de dos de las empresas implicadas, Igrafo u Almacenes Pumarín. Se le exige esa cifra en concepto de multa. Como en el caso de Riopedre, el total de las indemnizaciones debe ser aún cuantificado. Tanto en el caso de Riopedre como Otero, la Fiscalía considera que se confabularon para amañar contratos que favoreciesen a Igrafo y Almacenes Pumarín, causando un perjuicio a otras empresas homologadas para prestar servicios al Principado. La Fiscalía pide que se anule la venta de un piso de Otero en Llanes a Almacenes Pumarín, por un importe de 360.000 euros, cinco días antes de su dimisión, en agosto de 2010. La Fiscalía cree que fue una venta falsa para dar apariencia de legalidad al dinero ilícitamente recibido de APSA.

Marta Renedo, a la que se le atribuían en principio los delitos más groseros, en tanto que la mayor parte de los trabajos y contratos con los que se lucró no se realizaron, se enfrenta a una petición fiscal de diez años, por los delitos continuados de falsificación de documento oficial y mercantil, malversación de caudales públicos y cohecho. La Fiscalía pide para ella además el pago de una multa de 480.000 euros. En el capítulo de indemnizaciones, la fiscal reclama que devuelva a la administración del Principado poco más de 1,6 millones de euros.
Además, se le exige que pague 258.000 euros, junto con el empresario Maximino Fernández, de Asac Comunicaciones, para quien por otro lado se piden cuatro años de cárcel por falsedad y malversación. La cantidad se corresponde con el monto de dos contratos que se pagaron al empresario, pero que nunca se realizaron. Ambos deberán pagar además las cantidades que percibió el empresario por contratar a cinco empleados que iban a trabajar para el Principado en el Museo Barjola y el Archivo Histórico, y que Fernández explica como un caso de prestamismo laboral.

A Renedo también se le exigen 2.000 euros (el coste de un tratamiento psicológico) para A. V. F., cuya identidad utilizó para mover las cantidades malversadas y a la que llegó a acosar cuando Hacienda descubrió el fraude. La acusación particular ejercida por los deudos de María Severina B. B., otra mujer cuya identidad utilizó Renedo, piden 37 años de cárcel para la ex funcionaria, y AVALL, 33 años y medio.

Los más beneficiados

Además, la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y para Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín, APSA), los empresarios supuestamente más beneficiados por el amaño de contratos llevado a cabo por Riopedre, Otero y Renedo. Tanto a Muñiz como a Sánchez se les considera responsables de los delitos de cohecho, falsificación, fraude y exacciones ilegales, y malversación, los dos últimos como cooperadores necesarios. Las multas solicitadas son abultadas, 1,5 millones de euros para Muñiz y 1,9 millones para Sánchez. Como en el caso de Riopedre y Otero, la Fiscalía pide que paguen solidariamente los perjuicios económicos causados al Principado.
Finalmente, a Antonio Azorín, de la empresa Nora Ingeniería, que está vinculada a Víctor Manuel Muñiz, contrató a la empresa del hijo de Riopedre y era una de las sociedades utilizadas para amañar la concesión de contratos, el ministerio público solita tres años de cárcel, por falsificación y por fraude y exacciones ilegales, éste último como cooperador.

La Fiscalía solicita que en el juicio comparezcan medio centenar de testigos y peritos, entre ellos cinco exaltos cargos de los gobiernos del presidente socialista Vicente Álvarez Areces: las exconsejeras Ana Rosa Migoya y Encarnación Rodríguez Cañas, y los exdirectores generales Alberto Pérez Cueto, José Carlos Madera y Joaquín Arce.

La Fiscalía dedica parte de su escrito a explicar los motivos por los que no acusa a otros procesados, como Paz Pendás o Antonio Bernardo. En unos casos, se inhibe al no haberse demostrado que recibieran favores de las empresas y en otros casos, porque los obsequios no se entregaron en atención al cargo que ejercían.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído