El Partido Progresista de Belmonte, una de las acusaciones populares personadas en el conocido como "Caso Marea", el primero de corrupción que afecta a la administración asturiana; solicita abrir juicio oral contra 13 procesados en la causa. En cuanto a las penas, pide más de 18 años de cárcel para los principales imputados y hasta seis años de prisión o inhabilitación para el resto.
Coincidiendo con las imputaciones y las penas solicitadas por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), otra de las acusaciones personadas en esta causa, que ya hizo público su escrito de acusación; el Partido Progresista de Belmonte, aumenta la lista de acusados propuesta por la Fiscalía de Asturias, compuesta por siete nombres, y reduce la de la Audiencia Provincial de Asturias, en la que figuran 15 acusados. Esta acusación popular, representada por el abogado Fernando de Barutell, elimina de la lista de la Sección Tercera de la Audiencia a Antonio Bernardo Sánchez, exdirector de la Escuela Politécnica de Mieres, y a José Manuel Fernández González, funcionario del departamento de Economía de la Facultad de Economía y Empresa de Oviedo. El letrado ha decidido pedir el sobreseimiento de estas dos personas al no encontrar pruebas que dejen muy acreditada su implicación en los hechos. La cantidad de viajes que realizaba Bernard o al año hicieron sospechar, pero parece ser que no tienen nada que ver con este caso.
El martes, el Partido Progresista de Belmonte presentará su escrito ante la Audiencia, el día que vence el plazo para hacerlo, y también lo hará la otra acusación popular, el partido político Bloque por Asturias, que todavía está estudiando a quién sentará definitivamente en el banquillo.
Tanto Fiscalía como la Acusación Particular, ejercida por el Principado de Asturias, confirmaron la imputación de José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación; María Jesús Otero Rebollada, exdirectora general de Planificación, Centros e Infraestructuras en la Consejería de Educación; Marta Renedo Avilés, exjefa de servicio de Promoción Cultural, Archivos, Bibliotecas y Museos de la Consejería de Cultura; los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez, socio fundador de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín; Maximino Fernández Álvarez, gerente de ASAC comunicaciones; y el empresario relacionado con la construcción y la ingeniería, socio del hijo de Riopedre, Antonio José Azorín Iglesias. Para estas siete personas el Ministerio Público solicita penas de hasta 12 años de prisión, multas por más de 4,3 millones de euros e indemnizaciones de 2,2 millones de euros. El Partido Progresista de Belmonte y AVALL piden para estos principales imputados penas de 18 años de cárcel, eliminando de esta lista de principales imputados a Maximino Fernández y a Antonio José Azorín.
Esta semana las acusaciones populares han contestado al recurso de súplica al auto interpuesto por Marta Renedo, Francisco Javier Juárez, exjefe de compras del Ayuntamiento de Mieres; Antonio Bernardo Sánchez; los funcionarios del Ayuntamiento de Oviedo, José Villa e Isaac Ovies; y Braulio Iglesias, arquitecto del Ayuntamiento de Avilés. Estos imputados pedían, bajo el amparo de la "doctrina Botín", que las acusaciones populares no pudieran solicitar la apertura de juicio oral contra ellos si Fiscalía y Principado no lo hacían. Pero estas acusaciones han acudido a la jurisprudencia del Supremo para demostrar que sí.
