02 de febrero de 2015
02.02.2015

Una nueva demanda de los ecologistas pone en peligro la incineradora

El texto, de la abogada que ya paralizó la obra en 2011, denuncia subida de precios y ausencia de estudio ambiental

02.02.2015 | 01:34
Maquinaria trabajando en el vertedero de Serín.

Una demanda firmada por dos grupos ecologistas (Grupu d'Ornitoloxía Mavea y la Asociación de Amigos de la Naturaleza) e interpuesta contra el plan de residuos aprobado el año pasado por el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) vuelve a poner en peligro la construcción de la incineradora, la obra estrella de ese plan (220 millones de euros) y cuya entrada en funcionamiento está prevista en un principio para 2020. Ese año, el consorcio prevé sellar el actual vertedero de Serín, cuya capacidad se agota a finales de este año y que está pendiente de unas obras que lo harán recrecer en vertical.

La demanda, interpuesta hace un mes y a la que ya ha contestado recientemente el Principado sin "aportar nada nuevo", consta de 45 páginas y está redactada por la abogada Olga Álvarez, exedil de Los Verdes en Mieres, que ya consiguió paralizar la construcción de la planta en 2011 al imponer un recurso en contra que un Juzgado dio por válido. Entonces, al ser un recurso contra Cogersa, fue el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Oviedo quien lo estimó. En este caso, al ser una demanda contra el Principado, debe ser el Tribunal Superior de Justicia de Asturias quien se pronuncie al respecto.

Los dos grupos ecologistas alegan una amplia serie de consideraciones técnicas y jurídicas contra el plan de residuos. Dicen que conlleva una "subida de tarifas inusitada" y que "está sin atar porque no hay ningún acuerdo que prevea que los ayuntamientos lo hagan". Los ayuntamientos, que actualmente pagan 17,90 euros por tonelada tratada, pasarán a pagar unos 60 euros por tonelada, con su correspondiente repercusión en la tarifa de la basura del ciudadano. Además sostienen que en el nuevo plan no se cumple la jerarquía de residuos, ya que "la mayor parte de la basura se dirige de forma primordial hacia la incineración saltándose los escalones previos de reciclaje". "Se saltan una jerarquía establecida por ley y no se acredita en el expediente", sostiene Olga Álvarez.

Otra de las alegaciones es la relativa a la planta de clasificación de basura, una obra prevista en el plan que finalmente se descartó. Los ecologistas denuncian que esa planta, que era una de las que trataban la basura antes de la incineración, salió a información pública y luego se descartó en el plan final. "Se quitó sin que nadie pudiera conocerlo ni alegar", admite Álvarez, que apunta también en la demanda la ausencia de un "estudio ambiental suficiente" sobre los daños que causará la incineración de residuos.

El plan de residuos prevé inversiones por 318 millones y si el TSJ estima la demanda se anularía y, por extensión, se paralizaría la incineradora. "No se puede aprobar algo sin atar bien las cosas porque causan un perjuicio a todo el mundo", resume Álvarez.

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